A medianoche del 31 de diciembre, en todo el mundo se abrazan las familias, los amigos, los parientes y aún los extraños que se entrelazan fraternalmente con la esperanza de un futuro mejor. Todos ellos se desean fervientemente que el año que se inicia llegue cargado de bendiciones y bondades. Que el 2025 traiga bienaventuranza y alegrías para todos
En Colombia el ambiente fue distinto. Ocurrió algo paradójico. Más que desearnos eufóricamente grandes cosas para el año que se inicia, nos abrazamos pidiendo que ojalá el entrante no sea tan grave. En vez de hacer grandes planes, soñar con viajes y asumir desafíos para los doce meses siguientes, el reiterado deseo de la mayoría de los ciudadanos es que ojalá el 2025 transcurra ligero y llegue pronto lo más pronto, el 2026.
En muchos sentidos, el 2025 se está descontando como un año perdido, un puente inexorable que toca cruzar para llegar a una transición democrática que deje atrás este periodo presidencial a cargo del Pacto Histórico. La esperanza de un cambio de rumbo con Petro se ha desvanecido. Los cambios del gobierno del cambio no han cambiado nada. Las políticas del petrismo no han resuelto los problemas, sino más bien han agravado los desafíos heredados. Además, el Gobierno ha creado adversidades estructurales que exigirán esfuerzos monumentales para poderlas superar.
Desafortunadamente, los líderes políticos, sociales, colectivos, empresariales… creen que basta con cruzar los dedos, esperar y contar los días para que llegue el anhelado 2026. Creen que mágicamente -como pasa con los propósitos de año nuevo- basta con desear hacer dieta y prometer ir más al gimnasio para lograr estar en forma. Esos buenos deseos de fin de año para que llegue un amanecer en 2026 no serán nada distintos que los proverbiales propósitos de año nuevo sino se cambia de actitud.
¿Cuáles son los asuntos que requieren la atención prioritaria para garantizar que la llegada de ese ‘feliz año 2026’ no se quede en las buenas intenciones? Hay que partir del principio de que así como la inmensa mayoría del país sueña con un sacudón político en el 2026, la camarilla en el poder también. La diferencia está en que ellos para lograrlo sí están día y noche maquinando cómo perpetuarse en el poder.
No habrá 2026 si no se protege la Constitución Política. La carta fundamental ya ha sufrido la embestida del petrismo en varias ocasiones. Esos ataques desde el Gobierno continuarán in-crescendo. La teoría de que la Constitución es un obstáculo para el cambio alcanzará su clímax en 2025 y no nos extrañemos de que revivan las ideas de plebiscitos, decretos de conmoción para convocar ‘séptimas papeletas’ y otras locuras de esa naturaleza.
Los feroces ataques desde la Casa de Nariño a la división de poderes y a la autonomía de las instituciones se acentuarán. Para que el 2026 nos devuelva la esperanza debemos proteger a toda costa las instituciones que se han atrevido a enfrentar las pretensiones autoritarias del presidente Petro y el hegemonismo del Pacto Histórico.
Las entidades de control y de investigación judicial son al mismo tiempo un freno central a los desmanes del Ejecutivo y de cualquier otro actor público. Los ciudadanos deben movilizarse para que se garantice su eficacia y ante todo su autonomía. Con procuradurías, contralorías, defensorías o fiscalías ciegas no será posible tener un entorno de transparencia y garantías que le permitan a la ciudadanía expresarse libremente en 2026.
Igualmente es crítico defender la capacidad y autonomía de las herramientas indispensables para que se den las elecciones. Es decir, hay que proteger la Registraduría Nacional del Estado Civil, el régimen electoral e incluso al Consejo Nacional Electoral. La ‘reforma política’ que promueve el Gobierno es inconveniente e inoportuna en esta coyuntura. Las reglas del juego no se cambian cuando está a punto de empezar el partido. Especial cuidado hay que tener de que se asfixie presupuestalmente al aparato electoral que con la excusa de que no pasó la ley de financiamiento.
Este gobierno ha mostrado que tiene un talante persecutorio en el que es capaz de utilizar las herramientas de la autoridad presidencial y las agencias que responden directamente a la Casa de Nariño para tratar de intimidar a sus adversarios. La persecución a los medios de comunicación, incluso denunciada por las ONG que defienden la libertad de prensa, se acentuará. La ciudadanía le corresponde dar la batalla para proteger la libertad de expresión.
Finalmente, al Gobierno hay que hacerlo responsable de sus propias decisiones y de las consecuencias de sus políticas. Que ahora los desastres que se van a heredar en 2026 no sean culpa de que las instituciones, la democracia o las élites no dejaron gobernar. El fracaso del cambio sólo se le debe atribuir a quien corresponde, al gobierno del Pacto Histórico.
@gabrielsilvaluj
