Poco a poco, el país tiene cada vez más definidos una serie de territorios donde diferentes facciones armadas ilegales ejercen control o incidencia determinante en la vida de la población local. La pérdida del ejercicio de gobierno legítimo en muchas partes del territorio también está afectando seriamente la capacidad de resiliencia de muchos ecosistemas, de manera concomitante a la perdida de democracia regional.
Cada grupo, reemplazando al débil Estado, sigue avanzando en su modelo de desarrollo y ordenamiento territorial. La gente, en condiciones de pobreza y miseria en muchos casos, es mano de obra barata para los diferentes ‘entables’, ya sean estos mineros, cocaleros, ganaderos o de trochas, varaderos, socavones, balsas y cuanta oportunidad hay en las profundidades del mundo rural. También son mano de obra barata y fácil de reclutar, ante cuanto movimiento armado hay en el territorio y más allá de las fronteras.
Cada territorio ha ido consolidando sus formas de autoridad, donde a los que mejor les va es porque tienen un solo grupo hegemónico. Donde es invivible es cuando hay disputas entre grupos y no se sabe a quién hacerle caso, y peor aún, a quien pagarle las cuotas de ‘la tributación’, las multas o la extorsión.
En el escenario internacional, es cada vez más fuerte la sensación de que la represión contra algunas economías ilegales se viene con todo. Es el caso de lo que pareciera darse alrededor del narcotráfico, donde la política de los Estados Unidos promete usar todos los mecanismos a su alcance para impactar esta cadena productiva en sus componentes locales y de transformación en los países de producción, principalmente Colombia, Perú y Bolivia, y dando garrote en los incipientes enclaves de Ecuador, Guyana y –según rumores– en Centroamérica. Soplan vientos de uso masivo de glifosato, con aspersión aérea, ante el fracaso en la contención de las áreas cultivadas, a pesar de los enormes esfuerzos en la interdicción marítima y aérea. En este escenario, el oro tomara aún más preponderancia, pues el contexto le es muy favorable: un precio internacional extraordinario y sin perspectiva de bajar en los próximos años, así como facilidad para su comercialización y lavado a través de títulos mineros disponibles en cualquier país de la región, lo mismo que demanda del metal sin tregua en los grandes países e inversionistas de la especulación financiera y, para rematar, oferta creciente de un mercado ilegal dominado por grupos irregulares y grupos de corrupción dentro de todas las esferas del Estado, empezando por las fuerzas de seguridad en los territorios donde abunda el metal y los ‘enfierrados’.
Por todo el territorio colombiano, se ven pulular ‘maquinas amarillas’ que van rompiendo ‘montaña’ haciendo trochas, y las comunidades obligadas a socolar y limpiar a lado y lado. Por allí van pasando camiones, motores, tractores, combustible y gente en medio de la bullaranga del reguetón y de la joda norteña. El entable minero-cocalero es el nuevo boom y, ahora más, con mucha platica pública que llega por juntas comunales, lo cual no solo lo hace lucrativo sino socialmente ‘legitimo’.
Si mis presagios de tiempos borrascosos se hacen realidad, tendremos grandes disputas en la búsqueda de la legalización de las solicitudes mineras que se han multiplicado en los territorios en disputa, así como en aquellas zonas periféricas que tienen depósitos auríferos superficiales o en depósitos aluviales, pero que claramente no tienen una institucionalidad pública ni organización social que lo pueda contener o regular. De manera paralela, cooptar la institucionalidad regional y la base social será una carrera contra el tiempo, antes de que la lucha por la formalización de los yacimientos llegue a su tope.
Considero esencial que en el debate político que se avecina haya un espacio de discusión sobre la necesidad de cambiar profundamente el modelo de gobernanza en lo territorios rurales periféricos. Las condiciones económicas, políticas y sociales en estas zonas son determinadas en su gran mayoría por economías ilícitas asociadas a la guerra. Desde la participación social, el ejercicio de autoridad, la necesidad de autonomías locales, la corrupción institucional, la relación con los contextos fronterizos, son, entre muchos temas, una tarea pendiente y obligada para una Colombia que tambalea en sus regiones más olvidadas. Ojalá encontremos socios para animar esta conversación entre aquellos que quieren liderar el proceso político de la Nación.
