Iván Serrano
Fraude inmobiliario en Bogotá: así le quitaron al Distrito dos valiosos predios en el barrio Rosales
Los inmuebles ubicados en pleno corazón financiero de la Avenida Chile, uno de los sectores de mayor valorización del país, fueron sustraídos del globo de bienes del Distrito con documentación fraudulenta. La Fiscalía está llamada a investigar la actuación de particulares, notarios y funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro.
El metro cuadrado en el barrio Rosales es uno de los más costosos en el mercado inmobiliario colombiano; su valor oscila entre los 9 y los 12 millones de pesos. En el entorno hay viviendas y restaurantes de lujo, hoteles, banco y embajadas.
Justo allí, en la calle 71 con carrera 5, el Distrito era propietario de dos lotes colindantes cuya área suma 443 metros cuadrados. Así las cosas, su valor comercial podría estar por encima de los 5.000 millones de pesos.
Los lotes estaban debidamente identificados, uno con el Rupi 1011 y otro con el Rupi 1012. El Rupi es el código de identificación de los predios en el sistema de información de la Defensoría del Espacio Público.
Sin embargo, al consultar los certificados de tradición y libertad de los inmuebles, aparece como propietario la firma Build Ingeniería.
Así fue la maniobra
Los dos predios que conforman un mismo lote fueron adquiridos por el IDU entre agosto y julio de 1974. En abril de 2005, la nomenclatura de uno de los lotes pasó a manos del Dadep (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público), y lo mismo sucedió con el segundo predio en agosto de 2021.
El 13 de marzo de 2023, uno de los lotes pasó a manos del señor Rafael Beltrán Esguerra, a través de una escritura firmada en la notaría 54 de Bogotá. Según el documento, el señor Beltrán pagó 650 millones de pesos por el valioso predio. Lo mismo sucedió hace apenas siete meses con el segundo. La compra quedó oficializada en una escritura firmada en la misma notaría; esta vez, Beltrán Esguerra pagó 700 millones de pesos por el inmueble.
Beltrán Esguerra no retuvo mucho tiempo los predios en su poder. En cuestión de meses los vendió a la firma Build Ingeniería y Consultoría S.A.S., que según los documentos, le pagó a Beltrán 2.806 millones de pesos por los dos inmuebles. Esta vez, las dos operaciones quedaron en escrituras firmadas en la notaría 66.
En sus redes sociales, Beltrán Esguerra se presenta como gerente general de Parmalat; sin embargo, en dicha empresa no existe extensión alguna asociada a su nombre. Por otros documentos disponibles en internet, se sabe que Beltrán Esguerra fungió como representante legal de dicha firma hacia el año 2016. Aparentemente, Beltrán tiene su residencia en un conjunto de clase media en el barrio Toberín, al nororiente de Bogotá.
Build Ingeniería, la empresa que le compró los lotes a Beltrán, fue constituida en 2018 y tiene su sede en otro conjunto residencial de clase media de Bogotá, ubicado en la localidad de Engativá. Todas las transacciones de compra y venta de los lotes se realizaron en efectivo; por eso, resulta inusual que una compañía que supuestamente realiza grandes transacciones inmobiliarias funcione desde un apartamento.
La documentación sospechosa
Hace unos meses, Jairo Andrés Gómez Arce, uno de los socios de Build Ingeniería y Consultoría S.A.S., se presentó en el punto de atención al ciudadano del Dadep, ubicado en uno de los SuperCADE. Curiosamente, Gómez Arce llegó allí luego de que la propia directora del Dadep, Lucía Bastidas, le pidiera a un equipo de confianza indagar por el estado de los valiosos predios. Gómez Arce, quien afirmó, a través de su empresa, ser el dueño de los lotes, sostuvo que se los había comprado a Rafael Beltrán y entregó un dosier con una serie de documentos para acreditar su condición de propietario.
Sin embargo, varios de estos documentos no serían legítimos. Entre ellos se encuentran un recibo de impuesto predial, un estado de cuenta del mismo impuesto, una certificación del IDU firmada por una funcionaria que al momento de la firma no trabajaba en la entidad, y una certificación de la Alcaldía de Chapinero, también firmada por un alcalde que ya no estaba en funciones.
Según lo dicho por Jairo Andrés Gómez Arce, la operación con Beltrán fue facilitada por un intermediario identificado como Luis Alejandro Cendales, propietario de un billar en el barrio San Cristóbal Norte. También dijo que apenas conocía a Beltrán, pues solo lo había visto en un par de ocasiones para concretar los detalles del negocio.
En una respuesta entregada por la Notaría 54 al Dadep, el despacho defendió la legalidad de la supuesta venta de los predios por parte del IDU a Beltrán Esguerra. Supuestamente el negocio fue avalado por la funcionaria María del Pilar Grajales en 2024; sin embargo, para ese entonces ella ya no era directora de predios de la entidad. Lo fue hasta el año 2020.
Las acciones del Dadep
El pasado 5 de julio, la entidad instauró denuncias por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público de las escrituras de los predios. Asimismo, inició un proceso civil declarativo que pretende que el juez declare la inexistencia y, en consecuencia, la nulidad de dichas escrituras. De manera preventiva, también se envió un oficio a todas las notarías de la ciudad advirtiendo de la situación e invitándolas a revisar con mayor rigurosidad los documentos en caso de venta de predios del Distrito. Se les indicó que, por directriz de la directora Bastidas, las escrituras públicas serían firmadas en las notarías de manera presencial.
Esta situación merece la mayor atención por parte de la Fiscalía. Este no es el único caso en que un predio del Distrito ha pretendido ser sustraído mediante argucias jurídicas y falsedades. Es importante esclarecer el entramado que puede involucrar a particulares, funcionarios de notarías y de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Como su nombre lo indica, el espacio público es un bien de todos, un bien que es aprovechado e incluso sustraído por particulares de diferentes maneras, desde organizaciones que se valen de abogados, conexiones y documentos falsos, hasta franquicias que venden sus productos en la calle explotando a necesitados vendedores.