Hacienda Guacharacas: el despojo que amenaza con convertirse en símbolo de la injusticia agraria en Colombia

Colombia arrastra una deuda histórica con sus campesinos. En un país que ha visto cómo la violencia y el despojo han arrebatado sus tierras a miles de familias, el acceso a la tierra sigue siendo una promesa pendiente y, en ocasiones, se ha convertido en un espejismo.
Durante los años 90, como respuesta a esta necesidad, el gobierno del presidente Ernesto Samper impulsó un programa de reforma agraria que, en 1997, entregó la hacienda Guacharacas a 151 familias campesinas. Con esa adjudicación, el Gobierno buscaba brindarles una oportunidad de progreso y estabilidad económica; sin embargo, años después, el sueño tiene visos de pesadilla.

La hacienda Guacharacas no es cualquier finca: está ubicada en Beltrán, Cundinamarca, tiene 2.072 hectáreas en uno de los mejores terrenos agrícolas del país, colinda con el río Magdalena y con una moderna autopista; por eso es considerada una de las “joyas de la corona” del campo colombiano.

Para poner a producir la finca, los campesinos se endeudaron; hacia el año 2006, dichos créditos empezaron a volverse impagables, y tres años después, dos funcionarios del Incora les dijeron a los labriegos que las tierras les iban a ser rematadas. Por eso los convencieron de que lo mejor era vender. 

Los funcionarios no solo sabían del milagro, también sabían del santo. Por eso, según lo denunció uno de los campesinos, los acuciosos funcionarios del Incora los pusieron en contacto con el comprador.

La finca fue vendida a la Sociedad Agrícola Guacharacas S. A. S., una empresa constituida tan solo once días antes de la transacción y con un pequeño capital de 12 millones de pesos. Dicha sociedad adquirió la finca en una transacción de 11.000 millones de pesos. El compromiso era pagar las deudas de los labriegos y cubrir el precio de los terrenos.

Pero lo que se presentó como una tabla de salvación para los atribulados campesinos terminó convirtiéndose en un entramado de irregularidades que les impide ser reconocidos como legítimos propietarios de sus tierras. La Sociedad Agrícola Guacharacas incumplió con el pago completo a los campesinos y, en lo que pareciera una maniobra, se acogió a un proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades.

En la Supersociedades, el proceso está a cargo del liquidador Joan Sebastián Márquez, quien fue designado mediante un mecanismo excepcional para encargarse del millonario caso. Márquez forma parte de un listado de liquidadores denunciados por exceder el número de liquidaciones simultáneas permitidas, denuncia que fue revelada por el periodista Daniel Coronell.

La Sociedad Agrícola Guacharacas incumplió los acuerdos de reorganización; por eso entró en proceso de liquidación. ¿Y adivinen qué? Muy seguramente la valiosa hacienda será vendida a un particular, posiblemente a buen precio.

El papel de la Superintendencia de Notariado y Registro no ha sido menos cuestionable. En 2018, los abogados de los campesinos presentaron una actuación administrativa solicitando la cancelación de las anotaciones de venta en el folio de matrícula de la finca. Pese a las evidencias, la Superintendencia no ha tomado decisión alguna, mientras los campesinos siguen en el limbo.

La solicitud está fundada en la que sería una evidente violación de la Ley 160 de 1994, que establece restricciones para la venta de tierras adjudicadas a través de programas de reforma agraria. Según dicha ley, cualquier transacción sobre este tipo de predios requiere una autorización expresa de la Agencia Nacional de Tierras, antes Incora. En el caso de Guacharacas, esta autorización nunca fue solicitada, y la finca fue transferida sin que se cumpliera ese requisito.

Los abogados de los labriegos han reactivado dos procesos: una demanda de resolución de contrato y una actuación administrativa ante la Superintendencia de Notariado y Registro. En el primer caso, se busca anular la venta a la Sociedad Agrícola Guacharacas por el incumplimiento del pago; en el segundo, intentan invalidar las inscripciones de la compraventa en el registro público, subrayando la falta de autorización del Incora en el momento de la transacción. Ambos procesos, aunque fundamentados en argumentos legales demostrables, siguen durmiendo en los anaqueles de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el riesgo de una inminente venta por parte del liquidador del proceso.

El gobierno de Gustavo Petro, que ya va por más de la mitad de su período, tiene una oportunidad de oro para demostrar coherencia entre el decir y el hacer. Uno de los ejes de su discurso ha sido la importancia de la redistribución de tierras y la defensa de los derechos de los campesinos. En ese contexto, la supervisión directa del Ministerio de Agricultura, y la intervención de la  Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras pueden hacer la diferencia; también lo es que la Superintendencia de Notariado y Registro tome una decisión.

El caso de la hacienda Guacharacas va más allá de un pleito en despachos públicos. Es un caso en el que está en entredicho el futuro de un grupo de familias campesinas que fueron víctimas de la violencia y que recibieron esta tierra como garantía para empezar una nueva vida.