En el departamento de Sucre, la política y la corrupción han sido dos caras de la misma moneda durante décadas. No es casualidad que, tras la salida de la Gobernación del señor Héctor Olimpo Espinosa, hoy precandidato presidencial por el Partido Liberal, las cuentas de su administración y las de su círculo cercano hayan sido puestas en la lupa de múltiples investigaciones, todas ellas con un factor común: el desvío de recursos públicos para beneficiar a una élite que se perpetúa en el poder. Cual dioses del Olimpo, pero un tanto más Espinosos. Esta es la historia.
En agosto de 2023, la Procuraduría General de la Nación inició varias investigaciones que involucran al exgobernador y a su antecesor, Édgar Martínez Romero, por presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura como el mejoramiento de vías en San Onofre, por irregularidades en su desarrollo y ejecución. Las investigaciones tenían como objetivo determinar si hubo incumplimientos y mal uso de los recursos en proyectos de importancia para el desarrollo regional. Cofre sin fondo en San Onofre.
No para ahí. La Procuraduría también indaga contratos que involucran a la actual gobernadora, Lucy Inés García Montes, exalcaldesa y funcionaria apoyada por Héctor Olimpo, por posibles anomalías en un contrato de 41.000 millones de pesos para la pavimentación de la vía entre Sincé, Granada y Buenavista. Estas pesquisas buscan determinar si hubo incumplimientos y malversación de recursos en proyectos clave para el desarrollo regional. Llevando leña al Montes.
Entre los escándalos menos evidentes de ese bloque político que ha gobernado el departamento en la última década, pero también preocupantes, se encuentra un pequeño contrato de arrendamiento del Hotel Boston; un caso que expone de manera cristalina la intersección entre la política, la contratación pública y el presunto beneficio privado de una red que, lejos de disimular su actuar, ha logrado operar con total impunidad.
La situación se complica aún más cuando se revisa el entramado de favores que han sostenido a esta estructura en el poder. Uno de los nombres clave en ese contrato es el de Héctor Pérez Pernett, exdiputado, exfuncionario de la gobernación de Héctor Olimpo, quien ha sido pieza fundamental en esa organización. Es más, el 13 de febrero de 2024, la gobernadora Lucy García Montes oficializó su designación como gerente de Ciudad Capital.
Abramos paréntesis acá. Héctor Olimpo consolidó su poder político para llegar a la gobernación con el apoyo del exrepresentante Eduardo Pérez Santos, quien inesperadamente retiró su candidatura departamental pocos días antes de las elecciones de 2019 en las que competía con su nuevo aliado.
Según fuentes locales, el acuerdo entre Espinosa y Pérez Santos incluyó el control de cargos clave y contratos estatales. Como parte de la negociación, Pérez Santos recibió el 9 de enero de 2020 la gerencia de la Empresa de Agua de Sucre, mientras que su sobrino, el señor Héctor Pérez Pernett, fue beneficiado con un nombramiento en la administración departamental. Mi profesor de penal diría: desde el desayuno se sabía cómo iba a ser la comida. Y la repartición del postre.
El 3 de agosto de 2021, mediante el decreto departamental 0401, el señor Pérez Pernett fue designado subsecretario de despacho, con la firma de un gobernador encargado, un método recurrente utilizado por Espinosa para evitar compromisos directos en decisiones administrativas controversiales. Esta práctica ha sido identificada como un patrón en su gobierno. Póngale la firma.
Cerremos paréntesis y volvamos a la denuncia penal que acompaña este caso. Según la información, el gobernador Espinosa Oliver, valiéndose de una gobernadora encargada, la doctora Jenny Elizabeth Lindo Díaz, firmó el 3 de enero de 2022 el contrato de arrendamiento No. CD-SGD-ARR-001-2022 con el objeto de poner la secretaría de salud departamental en el antiguo Hotel Boston, con la empresa Hotel Boston S.A.S., una sociedad en reestructuración cuya propiedad estaba directamente vinculada al señor Héctor Alejandro Pérez Santos, hermano de Eduardo Pérez Santos y padre de Héctor Pérez Pernett. Y SAS, todo arreglado.
Todos dirían que es un conflicto de intereses flagrante que un gobierno departamental termine favoreciendo a uno de sus funcionarios departamentales. Peor a dos. Pero esto pasó desapercibido ya que el monto de ese contrato ascendió a 762 millones de pesos, una cifra pequeña, pero que, lejos de responder a necesidades institucionales legítimas, sirvió para apuntalar financieramente a la empresa familiar, que arrastraba problemas económicos significativos. Van apareciendo las llaves.
Los documentos aportados evidencian que la sociedad Hotel Boston venía operando en condiciones financieras críticas, con embargos de la Dian y deudas que amenazaban su estabilidad inmediata. Sin embargo, la firma de este contrato público, gestionado de manera expedita y sin los requisitos legales correspondientes, permitió que la empresa sorteara sus dificultades económicas. En tan solo ocho días hábiles, la gobernación logró firmar el contratico con una celeridad que no es común en la administración pública y que evidencia el interés en concretar la operación antes de que surgieran cuestionamientos. Hotelería y cinismo.
El Hotel Boston, ubicado en Sincelejo, no solo fue objeto de este dudoso contrato, sino que también se convirtió en epicentro de un cruce de negocios que involucraban directamente a la familia de Espinosa Oliver. No parece coincidencia que, paralelamente a este contrato, la senadora Karina Espinosa Oliver, hermana del gobernador, haya adquirido una vivienda que era de la familia Pérez Pernett. Es decir, mientras una parte del clan se beneficiaba con recursos públicos, la otra realizaba transacciones privadas que desde afuera parecen de favores y compensaciones. Hoy por mí, mañana también.
Las pruebas del caso también incluyen testimonios de funcionarios de la Gobernación de Sucre que, bajo reserva de identidad, han confirmado a esta columna la existencia de presiones para adjudicar el contrato a Hotel Boston así de rápido, así como la existencia de correos electrónicos donde se detalla cómo se fraguó la operación.
Pero el caso del Hotel Boston, o la actual secretaria de Salud, que por cierto se encuentra con grandes problemas de humedades en su estructura que dificultan la operación de la entidad, es solo una pieza del rompecabezas que involucra a Espinosa Oliver y su círculo más cercano.
Las investigaciones oficiales también apuntan a que Espinosa Oliver ha diversificado sus inversiones con la compra de propiedades de alto valor. Recientemente construyó una propiedad en las afueras de Sincelejo, la cual, según vecinos y expertos en bienes raíces, no costó menos de 4.000 millones de pesos. A esto se suman sus excentricidades en la compra de caballos finos, una afición que lo ha llevado a participar en ferias de exposición en Estados Unidos.
Puede que todo eso sea de manera legal, pero por eso causa sorpresa cuando El Meridiano de Sucre reveló, el 22 de febrero del año pasado, que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo resolvió librar orden de pago por la vía ejecutiva contra el exgobernador de Sucre, a favor de uno de sus acreedores que le interpuso una demanda ejecutiva por una deuda de más de 3.200 millones de pesos. El resultado: embargaron al ahora precandidato presidencial.
En el trasfondo de estas operaciones también se encuentran las influencias que han permitido que Espinosa Oliver y su red operen sin mayores problemas. Una de las posibles coincidencias que explica por qué no se han abierto investigaciones formales contra él es la relación que tenían con la anterior administración de la Fiscalía General de la Nación. Es conocido que, en su momento, la esposa del exfiscal Francisco Barbosa recibió contratos de la Federación Nacional de Departamentos, entidad que en su momento presidió Espinosa Oliver. El ganado sabe en qué corral no capan.
El escándalo del Hotel Boston es un reflejo de cómo la presunta corrupción se ha convertido en un modelo de gobierno en Sucre. La manipulación de contratos públicos, las acusaciones sobre financiación irregular de campañas políticas, el uso de contratos para la adquisición de otras propiedades y el respaldo de sectores judiciales y administrativos han permitido que esta estructura se mantenga intacta.
Surgen interrogantes de cómo fue posible que el gobernador Espinosa Oliver haya firmado un contrato millonario con una empresa relacionada a dos de los funcionarios de su administración. Y por qué, al mismo tiempo, la senadora Karina Espinosa Oliver realizó una transacción de compraventa de una propiedad de la familia de ese funcionario mientras su hermano autorizaba el pago de recursos públicos a la misma familia. Como decía mi abuelita, preguntando es que se aprende.
El caso del Hotel Boston no parece un hecho aislado, es el síntoma de una enfermedad profunda que carcome los recursos y que permite que los funcionarios públicos los manejen como si fueran privados.
@yohirakerman; [email protected]
