Una cosa es la firmeza en la defensa de las ideas gubernamentales, otra es el capricho. Una cosa es apurar para hacer avanzar el desarrollo del programa gubernamental, otra cosa bien diferente la improvisación.
El capricho implica persistir en los empeños, así los costos sean inmensos o simplemente no existan recursos para desarrollar lo que se quiere. La reacción del presidente Gustavo Petro en relación con el metro de Bogotá es un buen ejemplo de un capricho.
Contra la evidencia de una primera línea ya adjudicada, con predios adquiridos, y, sobre todo, con cierre financiero ya alcanzado, el presidente insiste en echar la mayor parte del trazado por vía subterránea. Este capricho puede tener un sobrecosto que fluctuaría entre 8 y 12 billones de pesos, según la opción que se escoja, y acarrearía un retraso de cerca de seis años frente al horizonte de tiempo inicialmente calculado.
Resulta sorprendente la argumentación del equipo presidencial frente a este capricho: como la ley de metros dice claramente que la nación aporta hasta el 70 por ciento del costo de los programas de transporte masivo y los municipios el 30 por ciento; y como la alcaldesa ha dicho –con toda razón– que el Distrito no aportará ni un centavo más para atender el capricho presidencial, entonces el Gobierno central dice: no hay problema, llevamos el asunto a la ley del próximo plan de desarrollo y la nación aportará hasta el ciento por ciento de los costos que acarreará atender el capricho presidencial.
¡Qué infantilismo fiscal! Como las vigencias futuras pueden con todo, entonces se les cargará ahora la totalidad del costo de sumergir el metro de la capital en los terrenos subterráneos del capricho presidencial.
Un capricho que entre otras cosas se intenta justificar con el argumento de que enterrando el metro por la Caracas se preserva el patrimonio cultural y arquitectónico de esta avenida. ¿Cuál patrimonio? la Caracas es una de las más feas y desvencijadas de la capital.
La diferencia entre apurar e improvisar la observamos también en el anuncio presidencial de Duitama, donde Gustavo Petro informó que procede a revocar la delegación a las comisiones de regulación de servicios públicos para asumir él, directamente, el control de toda esa masa gigantesca de decisiones que conforma el diario quehacer de las empresas de servicios públicos en Colombia.
No solo puede ser este el prólogo hacia un inconveniente control de precios sino de una gigantesca desinstitucionalización que hace recordar el manejo inconsulto que se le dio al tema de las basuras cuando el actual presidente era burgomaestre de Bogotá. Y que ahora, como un capricho tardío, el presidente lo reaviva bajo el nombre de “basuras cero”
¿Se imagina el lector al presidente Petro –por mejor voluntad que tenga– manejando él mismo desde una oficina del Palacio de Nariño la masa de asuntos altamente técnicos que constituye el día a día de todos los servicios públicos domiciliarios del país?
Hay molestias justificadas con la elevación de las tarifas de la energía. Y es entendible: se han dado alzas inmoderadas sobre todo en la costa Caribe. La ministra de Minas y Energía no logró controlarlas como se le había encomendado. No pudo hacerlo porque el grueso de las alzas en la costa Atlántica (40 por ciento) proviene de gabelas plasmadas en contratos que se otorgaron a las firmas que tomaron el relevo de Electricaribe. Si tal es el origen de la incomodidad presidencial, el camino correcto es forzar una modificación de dichos contratos (con la correspondiente indemnización) desde la Creg en cuya junta se sientan los altos funcionarios del Gobierno central. En vez de propiciar un camino de insospechada gravedad como es el de que el presidente directamente –así tenga facultades legales para ello– se convierta en árbitro directo y único de los servicios públicos en Colombia. Este tema se había discutido y archivado en la última asamblea de Andesco. Pero ahora revive con fuerza amenazante.
En uno de los trinos que se han conocido para justificar la medida, el presidente arguye que las generadoras elevaron abusivamente el costo del kilovatio a 900 pesos, cuando usualmente era de 200 pesos. Pero acá la aritmética presidencial parece estar equivocada como lo ha demostrado el analista Sergio Cabrales.
En efecto, el presidente le pregunta a doña María del Pilar Uribe en trino del 27 de enero lo siguiente: “Explícame el soporte técnico para que las generadoras hidroeléctricas pongan a 900 pesos el kilovatio hora cuando normalmente era de 200 pesos. ¿O por qué crecieron hasta en un 40 por ciento las tarifas de la costa Atlántica?”
Pues bien: Sergio Cabrales ha demostrado que no hay tal que sean las generadoras las que hayan puesto este precio al kilovatio, y menos que sean las que se están echando al bolsillo ese dinero. Resulta que los famosos 900 pesos del kilovatio-hora se descomponen de la siguiente manera: generación (36 por ciento), transmisión (6 por ciento), distribución (32 por ciento), comercialización (13 por ciento), restricciones (3 por ciento) y pérdidas (8 por ciento). De manera que poner el foco de la responsabilidad sobre las generadoras resulta –por decir lo menos– una equivocación mayúscula.
De otra parte: la fuerte alza de las facturas de energía que se está cobrando en la costa (40 por ciento), que es cierta, se pueden aliviar. Pero reformando los contratos que se firmaron con las sucesoras de Electricaribe para suceder al muerto y para adelantar el plan de inversiones indispensables para que la costa no se quedara a oscuras.
La principal de las gabelas que se juzgó necesario entregar a Afinia y a Air-e fue autorizarlas a llevar a la tarifa las pérdidas de energía, que no son poca cosa en la costa Atlántica (tres veces más altas que en el resto del país).
A lo anterior hubo que agregar por el gobierno anterior que los pasivos pensionales de la antigua Electricaribe los asumía el Estado. Tal fue el alto precio que hubo que pagar para que el suministro de energía eléctrica en la costa Atlántica no entrara en un colapso total.
Como todo cambio contractual no se puede hacer unilateralmente. Si hay acuerdo entre las partes, habría probablemente que compensar a las empresas a las que se les dieron dichos estímulos, y el Estado asumir el costo para que las pérdidas no sigan yendo a la tarifa. Y en cuanto se refiere a los famosos 900 pesos, solo el 36 por ciento de este valor es atribuible a las generadoras.
Son asuntos técnicos cuya solución no requiere cambiar la titularidad de las comisiones de regulación que vienen funcionando aceptablemente desde la Constitución del 91. Y en las cuales, no sobra repetirlo una vez más, el Gobierno goza de mayoría en sus consejos directivos. Por ejemplo, de la Creg hacen parte el ministro de Hacienda, la de Minas y Energía, el jefe de Planeación y el súper de Servicios Públicos.
Lo anunciado en Duitama equivaldría –para poner un símil– a que un buen día al presidente amaneciera contrariado con las tarifas que los bancos están cobrando en los cajeros automáticos, y resolviera entonces meter al congelador la Superfinanciera y pasar él, directamente, a regular todos los servicios financieros del país.
Estamos empezando a movernos por el pedregoso camino de las improvisaciones y de los caprichos. Con un alto ingrediente de personalismo, y con un presidente que cree que todo se arregla a punta de anuncios, así después no se concreten en nada. Pero que levantan aplausos de la galería como aconteció en la asamblea de juntas de acción comunal en Duitama.
Los problemas del país son muchos. Pero no se solucionan con anuncios improvisados o caprichosos como debieron ser los ucases que utilizaban los autoritarios zares de la antigua Rusia.
