Sebastián Nohra
14 Marzo 2023

Sebastián Nohra

Informales: les volvieron a dar la espalda

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Mañana aterriza en el Congreso una reforma laboral que irá hermanada con una pensional para “superar el neoliberalismo” y “devolverles los derechos a los trabajadores”, argumenta el Gobierno. Por lógica, uno recupera lo que algún día tuvo. Una mirada desapasionada del país de finales de los 80 y principios de los 90 resulta desoladora: inflación de dos dígitos, salarios bajísimos, quiebra del Seguro Social y alto desempleo e informalidad.  

Esto no es una defensa del estado de cosas pero sí que tengamos en la frente un elemental sentido de las magnitudes.  Ese relato falso de la Colombia anterior a las reformas de los 90 que estaba “industrializada” y con trabajadores con “plenitud de derechos que les fueron arrebatados” no resiste una sesión de cinco minutos de datos. 

Ahora, el Gobierno tiene razón en alzar la voz con fuerza y plantear cambios drásticos para el sistema laboral. Acá no tiene lugar la bandera gradualista de “construir sobre lo construido”. El problema es que su reforma le da una vuelta de tuerca a los problemas. Nuestro sistema es un absoluto desastre por todos sus frentes y necesita una cirugía integral, como lo sugiere la consultoría de primer nivel llamada Misión de Empleo que entregó sus resultados al final del gobierno de Iván Duque. 

De 1990 a 2020 el desempleo promedio es del 10 por ciento y la informalidad del 50,2 por ciento. La PTF lleva tres décadas estancada y el salario real cuando crece lo hace a cuentagotas. La incapacidad política y técnica de los últimos siete gobiernos con el tema de la informalidad es indisimulable. Todos son corresponsables de diseñar y reforzar un sistema excluyente en lo formal y simbólico. 

Han creado una barrera inaccesible para millones de colombianos al mercado laboral. Legislan desde la plaza de Bolívar pensando que Nuquí es Bogotá y que todas las pymes del país son Coca-Cola. Tienen un arquetipo del empresario y empresa promedio muy ajeno a la realidad. Cuando los políticos hablan de “trabajadores”, no se dan cuenta de que solo se dirigen a aquellos que tienen un contrato formal y tienen excluido de todo tipo de conversación y espacio a los millones de informales. Su jerga y maneras son excluyentes. Han construido una suerte de apartheid laboral. 

La reforma laboral de Gloria Inés Ramirez está pensada en su totalidad para dotar de “mejores condiciones” y “estabilidad” a quienes hoy tienen un contrato formal. Eleva los estándares y costos laborales a unos niveles que la mayoría del país no puede acompañar, así llenen los noticieros y emisoras de voluntarismo y copos de nieve de dulzura y bondad. Los buenos salarios se construyen, no se decretan. Pero cada ministro de trabajo se atribuye un papel y poder que no tiene, por más diligente y empático que se crea. 

La reforma laboral le da la espalda, de nuevo, a los millones de informales. Otra vez serán excluidos de las leyes y la conversación. Todo está inspirado en viejas demandas sindicales de un mundo que se fue con el siglo XX y que acá no se percataron. 
La ministra y los sindicatos quieren para la Colombia de 2030 esa economía fabril de horarios fijos y estrictos, donde el promedio de estancia en una empresa era largo y el sector servicios era incipiente. Parece que se quedaron cuatro décadas disecados. La inteligencia artificial llegó con toda su furia, los robotaxis están a la vuelta de la esquina y acá la ministra nos propone que los despidos los autoricen jueces laborales. 

Mientras, los informales, que son la mitad de la población activa y no tienen partido ni voceros, seguirán siendo ignorados. Esta reforma les da la espalda, como lo hicieron los últimos gobiernos. 

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