El Gobierno ha anunciado lo que serán las piezas claves de su programa de reactivación económica. Ya era hora. Ante el magro crecimiento que estamos presenciando, desde hace más de un semestre se venía solicitando ahincadamente dicho programa. Ahora, al fin, se anuncia que llegará como proyecto de ley a la legislatura que se inicia el 20 de julio.
Un primer comentario que suscitan los rasgos generales conocidos tiene que ver con los dos ejes centrales que tendrá dicho programa: una reforma tributaria, que el ministro de Hacienda se empeña en denominar “estímulos fiscales en primer término"; y, en segundo lugar, la ampliación de la figura de las inversiones forzosas de los bancos hacia áreas diferentes a la agropecuaria, que es donde se aplica hace treinta años a través de Finagro.
La reforma tributaria ha venido matizándose con el correr de los días. Primero se dijo rotundamente que sería una operación neutra desde el punto de vista fiscal, con la cual se propondría una rebaja de la tasa de tributación del 35 al 30 por ciento para las empresas acompañada de un incremento compensatorio a la tributación de las personas naturales que ganaran de 10 SMM en adelante.
La nueva versión de lo que será la propuesta de reforma tributaria la dio el ministro de Hacienda en entrevista concedida al periódico El Tiempo del pasado 30 de junio. Ahora la rebaja ofrecida para las corporaciones sigue siendo la misma, pero la operación compensatoria del aumento a la tarifa de las personas naturales quedaría sometida a una evaluación que se haría en el mes de noviembre sobre el comportamiento de los recaudos provenientes de estas últimas.
De manera que el espíritu inicial que se había anunciado (menor tributación para las personas jurídicas compensada con mayores impuestos a las personas naturales) queda supeditada a una evaluación de los recaudos que de estas últimas se haga en el mes de noviembre.
Como es incierto lo que suceda con la tributación de las personas naturales en noviembre, teniendo en cuenta el mal comportamiento que trae la economía, un escenario que puede suceder es que se termine desgravando a las personas jurídicas, pero se dejen inalteradas las tasas de tributación de las naturales. En tal caso, el efecto de la reforma no sería neutro (como originalmente se había dicho) sino claramente desfavorable para el fisco que -de otro lado- está gravemente resentido con un brusco descenso de los recaudos en general.
Otro interrogante que plantea el anuncio oficial es el del tiempo: si solamente se sabrá con certeza en noviembre cuál será la fisonomía de la reforma, es muy improbable que la ley alcance a ser aprobada en la próxima legislatura. Y teniendo en cuenta que el tema central de la reforma son asuntos atinentes al impuesto a la renta, si no se aprueba antes del 31 de diciembre su aplicación apenas se podría hacer efectiva a partir del año gravable de 2026, por tratarse del impuesto a la renta que es un tributo de periodo.
El otro eje que se ha anunciado tiene que ver con la ampliación de las inversiones forzosas. Si se trata simplemente de una leve extensión de las que ya existen para llevar una porción de estas inversiones hacia el turismo, es improbable que esta medida vaya a acarrear un efecto reactivador de envergadura de la inversión general, que es de lo que se trata.
Pero si lo que se busca es un traslado masivo del ahorro nacional y de la cartera bancaria para que pase a ser manejada por el Estado mediante la figura de las inversiones forzosas, entonces las razones de escepticismo serían otras.
En primer lugar, la figura de las inversiones forzosas es una reliquia de la legislación bancaria que hace más de medio siglo se abandonó no solo en Colombia sino en todo el mundo. En nuestro país solo queda el vestigio de las inversiones forzosas agropecuarias que se canalizan a través de Finagro.
Si lo que en esta ocasión está pensando el Gobierno es en un traslado masivo de la cartera bancaria para que pase a ser adjudicada por el Estado, estaríamos frente a un paso más hacia la estatización de la que tanto gusta el Gobierno Petro. Solo que ahora se trataría de algo tan delicado como el manejo del ahorro y de la cartera bancaria.
Y, en segundo lugar: las inversiones forzosas tienen la característica malsana de que liberan al sistema bancario de su misión natural que es evaluar la calidad de los créditos que concedan. En un ambiente de inversiones forzosas ampliado las entidades financieras se limitan a suscribir obligatoriamente papeles de deuda pública, y es el Gobierno, con todos los riesgos de amiguismos y mala asignación del crédito que esto acarrea, el que entra a conceder los préstamos con o sin subsidios, y estos últimos concedidos a ojímetro.
No son pocas, pues, las preguntas que deja flotando el plan de reactivación de la economía que ha esbozado el Gobierno. Veremos qué queda en blanco y negro cuando el respectivo proyecto de ley llegue al Congreso a partir del 20 de julio.
