Iván Márquez, un protagonista incómodo de la paz total

Dentro de los escasos diálogos vigentes de la política de paz total, el más desafiante hoy para el Gobierno es el que tiene con Iván Márquez y el grupo de disidentes del acuerdo de paz con las Farc que él encabeza, y el cual se bautizó a sí mismo como Segunda Marquetalia.

Por ser abierta y claramente disidentes de ese proceso de paz, Márquez y sus hoy compañeros en armas perdieron el derecho a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre los cuales el más significativo es quedar eximidos de la cárcel a cambio de cumplir sanciones que restauren a las víctimas, como hacer obras que las beneficien.

Pero, además, Márquez está pedido en extradición por Estados Unidos por conspirar para introducir cocaína a ese país, conspirar para cometer actos terroristas y usar y portar armas de alto poder y dispositivos destructivos. Estos delitos tienen penalidades que van de los 30 años de cárcel a la cadena perpetua. 

Y como bien lo dice el jefe de la delegación del Gobierno con la Segunda Marquetalia,  Armando Novoa, “el acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Colombia ha funcionado como un relojito, a pesar de no haber tratado formal desde antes de 1991, cuando lo tumbó la Corte Suprema”.

Es por eso que levantar la orden de captura con fines de extradición que hay contra Márquez implica una cuidadosa gestión del Estado colombiano, que incluye no solo al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía, sino también al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El hecho es que, en términos jurídicos, Márquez y su disidencia tienen un complejo escenario en contra -a diferencia del ELN, que podría aspirar a un trato judicial equiparable al que reciben los firmantes de la paz con las Farc-. Y, a pesar de ello, parecen mantener su voluntad de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. 

Al menos es lo que muestra la decisión de sus representantes de reunirse con la delegación del Gobierno en Tumaco el fin de semana que viene para, entre otras cosas, definir la fecha en la que tendrán la segunda ronda de conversaciones en La Habana, en la que no se sabe si estará Iván Márquez, justamente por su particular situación jurídica.

El mismo Novoa explica que si bien la ley que dio vía a los diálogos de la paz total -la 2272 del 2022- autoriza al presidente a gestionar el levantamiento de una orden de captura con fines de extradición, esa facultad está prevista para cuando los procesos de paz están ya en una etapa avanzada, lo que en la práctica equivaldría a la concentración de la Segunda Marquetalia en un sitio geográfico específico para la dejación de las armas. Y ese no es el caso hoy con ese grupo.

Lo cierto es que para hacer la paz con Márquez y con su disidencia, el Gobierno necesita encontrar un mecanismo jurídico audaz, pero viable. Que no pasa por la JEP y que implica una conversación con las autoridades de Estados Unidos.

El planteamiento de Márquez y la Segunda Marquetalia en los diálogos llevados a cabo hasta ahora ha sido la concesión de una amnistía para todos ellos, pero eso no es posible a la luz de la Corte Penal Internacional (CPI), que prohíbe el perdón y el olvido para delitos graves, que también les atribuyen.
Pero en momentos en que la ambiciosa paz total está reducida a los diálogos con los dos grupos que han mostrado intenciones de avanzar, la Segunda Marquetalia y Comuneros del Sur -la disidencia del ELN-, es casi un imperativo para el Gobierno hacer lo posible para encontrar salidas jurídicas a situaciones complejas como la de Márquez y su disidencia.

Precisamente, fuentes del alto gobierno consultadas por CAMBIO afirman que, justo ahora, hay un equipo jurídico que está en la tarea de diseñar la fórmula para darle una salida legal a Márquez y a otros disidentes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz.

En el caso de Comuneros del Sur está claro que cuenta con el reconocimiento político que se le dio al ELN. 

Al reto jurídico en el caso de Márquez se suma un desafío político: su permanencia en Venezuela, país con el que las relaciones diplomáticas permanecen en un frágil equilibrio desde que Petro decidió no reconocer el supuesto triunfo que le atribuyen las autoridades electorales y judiciales de ese país a Nicolás Maduro, a quien la oposición acusa de cometer un “burdo fraude electoral”.  

“Es ingenuo no pensar que la inestabilidad política en Venezuela puede afectar los diálogos. Se sabe que Márquez se identifica con los postulados bolivarianos”, admite Novoa, jefe de la delegación del Gobierno para los diálogos con la Segunda Marquetalia.