Desde hace más de un año se viene solicitando con apremio una ley contra cíclica, es decir, un robusto programa de gasto público que ayude a revigorizar la postrada economía nacional.
Esa ley nunca llegó. Quizás la razón de fondo es que el gobierno no está en condiciones fiscales de diseñar un ambicioso programa de gasto al estilo Keynesiano para estimular la demanda agregada: no porque le falte voluntad sino simplemente porque carece de recursos para ello.
El tardío programa contra cíclico llega ahora envuelto en el arrugado papel celofán de una nueva reforma tributaria que (además de los arbitrios rentísticos que se están preparando para enjugar el desequilibrio del presupuesto presentado para la vigencia del 2025 que es de 12 billones de pesos) tendrá algún componente reactivador de la economía, según anuncios del ministro de Hacienda.
Quiero entonces hacer algunos breves comentarios sobre este proyecto de ley bifronte cuyo contenido tributario y reactivador económico pronto llegará al Congreso. Los hago en base a los sucintos anticipos que se han conocido hasta la fecha.
En primer lugar, es un proyecto de ley que llega con extraña tardanza. Se ha enmarcado dentro del procedimiento de una ley de “financiamiento”, es decir, de la norma que contempla la constitución nacional en su articulo 347 cuando el presupuesto para la vigencia siguiente se presenta desequilibrado. En esta ocasión lo está en 12 billones de pesos según el propio gobierno, aunque de acuerdo con la opinión de muchos observadores serios el desfinanciamiento presupuestal es de una cuantía mucho mayor.
Ahora bien: este proyecto de ley llegará casi con dos meses de atraso con relación a la fecha en que se radicó el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2025 que se supone va a financiar. Normalmente estas leyes de financiamiento se presentan simultáneamente con la ley de rentas y apropiaciones. Ahora no ha sido así. Todo parece indicar que el gobierno no tenía ni pensados ni cuantificados sus contenidos. Lo cogió la noche en el diseño del nuevo proyecto de ley de financiamiento.
Con esta tardanza es muy posible que la ley de financiamiento no sea aprobada antes de terminar 2024, en cuyo caso lo sería solo el año entrante. O sea, en 2025. Y como todo parece indicar que muchos de sus contenidos tendrán que ver con modificaciones a impuestos de periodo (en especial del impuesto a la renta), solo podrá entrar a regir en 2026 cuando ya es muy tarde para que sirva al propósito de la reactivación económica.
Los contenidos de su posible articulado que se han venido conociendo a cuentagotas también suscitan reservas y ameritan algún comentario.
Todo parece indicar que el gobierno (para recoger una buena parte de los recursos que le están faltando al presupuesto del año entrante por 12 billones de pesos) le propondrá al Congreso unas severas ampliaciones de las sobretasas vigentes para la actividad petrolera y carbonífera. Alegando que con esto subsanan el impacto del fallo de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías.
Este es un tema vidrioso pues, aunque se extiende así la lucha contra los hidrocarburos que ha sido declarada por este gobierno, ahora con la mano dura de la fiscalidad, el tema seguramente dará pie a duros debates en el Congreso.
La principal objeción a mi modo de ver será la siguiente: las normas que se lleguen a aprobar sobre más impuestos a las petroleras tendrán que hacerse extensivas naturalmente a Ecopetrol. Que ya viene mostrando una drástica caída de sus utilidades. De manera que caerle ahora a Ecopetrol con un nuevo impuesto como se está pensando sería como dispararle a un enfermo.
No lo dejaron hacer el negocio con OXI en el Permian texano que iba a mejorarle sensiblemente sus decadentes utilidades que, entre otras cosas, vienen cayendo sistemáticamente en los últimos dos años. Y ahora la paliza se continuaría con un nuevo impuesto (probablemente un incremento en la sobre tasa que hoy soporta Ecopetrol, así como las otras petroleras por supuesto), que la llevaría sin duda a una situación calamitosa: mucho más grave que la que hoy enfrenta.
También se ha conocido que la ancheta fiscal que viene envuelta en papel celofán contendrá también incrementos importantes en el impuesto a los dividendos y al del patrimonio para grandes contribuyentes. Uno y otro se elevaron con la reforma de 2022, y el impuesto al patrimonio se transformó en tributo permanente a diferencia de lo que había sido siempre: un impuesto transitorio, lo que le confiere un viso confiscatorio en el evento de que el ciclo económico negativo de prolongue.
Que no se espanten entonces si en los próximos meses -de ser aprobada esta reforma- llegan noticias de que la inversión extranjera empieza a dejar el país; que la inversión que viene de capa caída siga bajando estrepitosamente; y que el desánimo empresarial que ya existe se acentúa.
¿Y todo esto para qué? Para conseguir 12 billones de pesos que le faltan a la financiación del presupuesto del 2025.
¿No sería más lógico recortar gastos, en especial los de funcionamiento que vienen creciendo a un ritmo altísimo en lo que va corrido de la administración Petro?
Todas las informaciones desmentidas y la bulla sobre el contenido de la reforma tributaria (ley de financiamiento) nacen de que el gobierno, cuando presentó el presupuesto desfinanciado para la vigencia 2025 por 12 billones de pesos, no tenía ni estudiada ni cuantificado el contenido de la ley de financiamiento. Que debió haber presentado simultáneamente con el proyecto de ley de presupuesto desde el mes de julio si fuera un gobierno serio ( artículo 347 de la Constitución)
Todo se deja para última hora dentro de la más cruda improvisación.
De otro lado: en vez de caerle ahora a la economía desfalleciente con una nueva reforma tributaria (cosa que va a acentuar aún más la lenta recuperación de la economía) lo que debería hacer el gobierno y el Congreso es corregir la desfinanciación del presupuesto de 2025 por el lado del gasto, recortando los gastos de funcionamiento por 12 billones de pesos desde ahora, cosa que puede hacerse perfectamente.
¿Cómo argumentar que no podrá reducirse en 12 billones un presupuesto de cerca de 530 billones?
Si no lo hacen ahora, terminarán teniéndolo que hacer de todas maneras durante la ejecución del presupuesto del año entrante (2025), por la fuerza de la verdad tozuda de la mala situación fiscal del país y el desplome de los recaudos, cuando se evidencie que los ingresos están sobreestimados en el presupuesto para el año entrante. Así lo señala por ejemplo el último pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que indica cómo luce fantasioso que se vayan a recaudar 14.6 billones de pesos por meras expectativas de recaudos adicionales por gestión de la Dian. Definitivamente están gravemente sobreestimados los ingresos previstos en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2025.
Habría perfectamente de dónde cortar gastos de funcionamiento, equilibrando aún el presupuesto, a tiempo, sin meter al país en los sobresaltos de una nueva reforma tributaria.
