No fue un fallo más. No fue únicamente la victoria jurídica de una empresa en una controversia contra el Estado. Fue, sobre todo, una advertencia contundente; una postura jurídica, política y democrática, necesaria y oportuna. La Corte Constitucional le marca la cancha al Gobierno y le recuerda que hay límites. Este fallo le dice a Colombia que el poder no se administra como se maneja una cuenta de Twitter o un discurso de tarima. La Corte dejó claro que, incluso tratándose de un sistema de salud que han venido descuartizando con frialdad y destreza de carnicero, la legalidad en Colombia todavía importa.
Cuando el alto tribunal ordenó devolver a sus dueños el control de EPS Sanitas, lo que realmente hizo fue levantar una muralla frente a la intención del Ejecutivo de intervenir empresas sin el debido proceso, sin argumentos de fondo. La Corte Constitucional señaló con claridad que, al intervenir a Sanitas, “la actuación de la Superintendencia de Salud devino en arbitraria”, recordándole al Gobierno que nunca atendió el señalamiento de la misma Corte para destinar el dinero necesario para atender debidamente los costos de la salud de los colombianos. La Corte habla de “un defecto sustantivo” por parte de la Superintendencia de Salud, lo que traduce algo así como que no atendió las recomendaciones e hizo lo que se le dio la gana, violando el derecho al debido proceso de Sanitas. Lo que se cae con ese fallo no es solo una intervención administrativa hecha a las patadas: se cae una narrativa alimentada –entre otras tácticas– por agresiones del alto Gobierno, que pasaron desde retuits del presidente a comentarios que señalaban a los directivos de Sanitas de “canallas y mentirosos” hasta el ministro de Salud, Jaramillo, calificando a la empresa de “mezquina”. Ante esta actitud, dicen al interior de la organización, la instrucción del principal accionista de Sanitas fue “no vamos nunca a personalizar, hay que aguantar y acudir a los jueces”. De ahí viene, por ejemplo, la tutela que termina con este fallo de la Corte Constitucional y una demanda por 5 billones de pesos que está andando en un Tribunal de Arbitramento Internacional en el contexto del tratado de protección recíproca de la inversión entre Colombia y España. Y si la Corte Constitucional encontró que hubo arbitrariedad contra Sanitas, la posibilidad de ganarle al Estado colombiano esa plata es cada vez mayor, y la perspectiva de que los funcionarios involucrados respondan con su patrimonio, cada vez más grande.
El fallo llama aún más la atención por un detalle: el magistrado ponente es Juan Carlos Cortés González, un importante académico y actor del derecho público, representante del sector ‘liberal’ de la Corte: defensor del Acuerdo de Paz, de la JEP y que está alineado en su pensamiento político y jurídico con temas como la inclusión, la justicia social y la paz: puntos de contacto con la visión del actual Gobierno. Nadie podría decir que es un enemigo ideológico o político de Petro o del Progresismo. Es un jurista.
Y mientras tanto, los propietarios de Sanitas entran hoy a la compañía como si hubiera ocurrido un incendio, removiendo escombros y buscando bajo las cenizas qué se pudo salvar. Después de la intervención del Gobierno, los derechos de los pacientes no mejoraron: se deterioraron. El volumen de quejas y tutelas alcanzó niveles históricos. La atención se volvió más lenta, más desordenada, más ineficaz. Las redes médicas, fragmentadas. Los prestadores, asfixiados. Y los usuarios, obligados a deambular por un sistema colapsado, sin nadie que respondiera. Esa es la otra cara del fallo: la de una decisión que también debería desembocar en la restitución del derecho fundamental a una atención oportuna y digna, desde un modelo operativo que —con todos sus defectos— al menos respondía.
El presidente Petro, en su cuenta de X, reaccionó al fallo de la Corte diciendo que el tribunal simplemente “observó un asunto de forma” frente a la intervención, justificándola porque, según él, en 2024 Colsanitas “ya no podía garantizar el aseguramiento en salud de su afiliados”, y que a la compañía “le faltaba un billón doscientos mil millones de pesos de reservas técnicas, y más de 800.000 millones de patrimonio”, y agregó: “espero que el propietario de Colsanitas allegue esos recursos a la EPS en su poder, para asegurar de verdad a sus afiliados”, en una especie de llamado a la capitalización por parte de los accionistas. Sin embargo, para los ejecutivos de Sanitas está claro que para que el sistema vuelva a funcionar, el Gobierno debe aportar lo que le corresponde, algo que según la Corte no ha ocurrido.
Hablar con los abogados de Sanitas fue revelador. En privado, uno de ellos me dijo: “algunas personas dentro de la organización preferirían que no nos devolvieran la EPS, porque es la peor idea para la consolidación de estados financieros. Los números del resto del grupo, sin la EPS, son muy buenos”. La razón para enfrentar la situación con firmeza está en la cabeza de la organización a nivel internacional. “El dueño del grupo es un hombre de ética empresarial que no le permite abandonar la causa por mentiras ajenas. Pero la principal razón para recuperar la EPS es, genuinamente, pensar en los pacientes y en los usuarios que han confiado en nosotros”. Así se ve desde Sanitas la dimensión del fallo.
El escenario del futuro de la salud en Colombia cambió. A partir de este fallo de la Corte, el Ejecutivo está más solo en su lucha contra el sistema de salud. Perdió en el Congreso, perdió en los estrados judiciales, y perdió algo más profundo: la confianza de quienes veían en sus reformas una esperanza de mejorar, y no un estéril campo de batalla. Lo digo además como un usuario, con conocimiento de causa.
