La dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior no suele ocupar grandes titulares en la prensa. Su labor, sin embargo, es fundamental. Se encarga de la organización de cerca de 11.000 iglesias registradas en el país, así como de entregar o quitar personerías jurídicas. El gobierno del presidente Petro, que lo prometió en campaña, duplicó su presupuesto anual, de 2.000 a 4.000 millones, y le entregó la dirección a una ficha del dudoso pastor Alfredo Saade. Luego, en agosto, el ministro Juan Fernando Cristo declaró insubsistente a esa ficha, Amelia Rocío Cotes Cortés, quien ocupaba la dirección desde octubre de 2022. La señora Cotes Cortés, en su defensa, dijo que la habían sacado por “incómoda”, y que sus denuncias de actos de corrupción dentro del ministerio terminaron por pasarle factura.
El ministro Cristo, en cambio, decía otra cosa: los motivos fueron las malas gestiones, entra ellas tratar de convertir la dirección de Asuntos Religiosos en una suerte de fortín burocrático para ubicar allí a personas cercanas a Saade. Ahora vamos por partes. Cotes Cortés, después de que la declaran insubsistente, interpone una tutela ante el Juzgado doce de familia de Bogotá, y pierde. Luego, impugna ese fallo de primera instancia ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que revoca la decisión del juzgado y ordena al Ministerio del Interior reintegrar a Cotes Cortés en menos de 48 horas. El argumento fundamental es que ella, al momento de ser declarada insubsistente, era lactante y madre cabeza de familia.
Un certificación expedida el 24 de julio por la caja de compensación Cafam, sin embargo, muestra que Cotes Cortés vive en Unión Libre con José Fernando Fuentes Morales, que es el papá de su hija, quien nació el 27 de febrero de 2024. La declaratoria de insubsistencia llegó seis meses después, el 22 de agosto. Dos meses después de terminada la licencia de maternidad, que es de 18 semanas según el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su cargo, además, es de libre nombramiento y remoción, lo que quiere decir que una vez cumplido su tiempo de maternidad, el ministro Cristo estaba en su derecho de removerla y nombrar, como se hizo, a un nuevo funcionario. Sobre la situación de vulnerabilidad de Cotes Cortés, el ministerio aclara que una semana después de su salida, se le pagaron 98 millones de pesos de liquidación, más 18 millones que tenía como cesantías.
Este monto, respaldado por la ley, era suficiente para que ella lograra solventar su declaratoria de insubsistencia. Extrañamente el Tribunal, en la decisión que ordena regresarla a su cargo, no menciona el monto que se le entregó al momento de su salida de la Dirección de Asuntos Religiosos. Días antes de la decisión del ministro Cristo, Alfredo Saade hizo saber al ministerio que, si decidían sacarla, habría consecuencias políticas. ¿Cuál es la insistencia de Saade -que las Asociaciones cristinas y Evangélicas no reconocen- para tratar de mantener en ese cargo a la señora Cotes Cortés? Esto no es todo.
Cotes Cortés, cuando estaba en su cargo, quiso contratar con la Universidad Popular del Cesar el banco de proyectos de asuntos religiosos. Su papá, Armando Luis Cotes de Armas, hace parte del Consejo Directivo de esa universidad, y es el decano de la facultad de ingenierías tecnológicas. El 27 de junio, dos meses antes de su salida del ministerio, Cotes Cortés radicó ante la Secretaría general del ministerio un impedimento para participar en el comité de contratación del 28 de junio, pero extrañamente firmó los documentos en los que se modificaban los términos de referencia que se presentarían en esa sesión, que definiría la suerte del contrato. Si ella estaba impedida por la relación de su papá con la universidad, ¿por qué firmó esos documentos? El contrato, por 2100 millones de pesos, finalmente no se entregó.
Mientras Cotes Cortés insiste en que la regresen a la Dirección de Asuntos Religiosos, ya hay un nombramiento nuevo, el del abogado Alexander Jaimes Medina. En el Ministerio del Interior no ven posible, mientras se efectúa la apelación a la decisión del Tribunal de Bogotá, regresarla a su cargo, porque se afectaría el derecho adquirido que ya tiene Jaimes, y le han ofrecido el empleo de director técnico en grado 23, en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
