Esta es la historia de quien conecta a Papá Pitufo con un ministro de Justicia, un toro y dos expresidentes. La doctora Gloria María Arias Arboleda, ternada en 2020 por el Gobierno de Iván Duque para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el organismo encargado de juzgar disciplinariamente a jueces y fiscales en Colombia es, desde 2018, la apoderada de Diego Marín Buitrago, considerado uno de los mayores contrabandistas del país.
La licenciada también es exjefa de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía en la administración de Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. No solo eso, está casada con el coronel retirado Juan María Rueda, persona cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez desde que este integró su esquema de seguridad. Una línea de conexiones que vincula el contrabando con el poder político y judicial. A la Rueda, Rueda de pan y prebenda.
Red que ella ha sabido utilizar en el pasado. Por eso no sorprende que la abogada Arias, pese a su cercana relación con Uribe, cuando fue jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía en 2012, nunca se declaró impedida para realizar la investigación del exjefe de seguridad del expresidente, el polémico general Mauricio Santoyo, posteriormente extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Tan conveniente.
Pero sus actuaciones que dejan más preguntas que respuestas no paran ahí. La abogada de Papá Pitufo enfrenta una denuncia penal por fraude procesal y tráfico de influencias, tras ser señalada, aunque no ha habido condena, de orquestar un montaje judicial para apropiarse del negocio ganadero de un empresario. La historia involucra lo propio: fiscales, jueces, peritos, documentos manipulados y el presunto uso personal y político del aparato judicial. La película se podría llamar prevaric-hato ganadero.
La acusación es que la doctora Arias, presuntamente, armó un montaje judicial con el fin de despojar a un empresario agropecuario de sus bienes y posicionarse en el negocio del ganado Wagyu, utilizando el aparato judicial como una herramienta de venganza y usurpación. Todos sabemos que, en Colombia, hay expedientes que no se abren, se fabrican. Por eso, vamos a ver.
El empresario se llama Alejandro Velezmoro Hurtado, fundador de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Wagyu. En 2017 accedió a prestar 42 semovientes de esta exclusiva raza japonesa a la abogada Arias Arboleda y a su esposo, quienes aseguraron necesitarlos para mostrar solvencia financiera, obtener créditos y fortalecer su criadero. Polémico.
El trato se basaba en la confianza, al punto que el esposo de la abogada Arias tenía acceso irrestricto a la finca de Velezmoro. Sin embargo, semanas después, Arias y el coronel en retiro Rueda, denunciaron penalmente a Velezmoro por estafa y hurto, ocultando, presuntamente, que los animales eran un préstamo. En tiempo récord, el caso fue asumido por la Fiscalía de Cajicá, una jurisdicción que no les correspondía; se emitió una orden de allanamiento, se ejecutó una captura y un juez impuso detención domiciliaria contra el ganadero.
Todo, según la denuncia penal presentada posteriormente por el empresario, como parte de una operación meticulosamente diseñada para despojarlo no solo de los animales, sino del corazón de su negocio: la genética del toro Shori, un ejemplar Wagyu de altísimo valor reproductivo.
Según la acusación, mientras Velezmoro se encontraba de viaje fuera del país, la doctora Arias, en quien había confiado para el manejo temporal de algunos animales, inscribió a su nombre la responsabilidad sobre varios de ellos ante la Clínica de Grandes Animales de la Universidad Nacional. Luego, aprovechándose de esa posición, retiró sin autorización el toro Shori el 18 de noviembre de 2017 y lo trasladó a una central genética.
Desde entonces, según la denuncia, tanto Arias como su esposo usufructúan el material genético del animal como si fuera propio. El toro, que debía ser el reproductor insignia del criadero de Velezmoro, terminó siendo eje de un plan que presuntamente combinó traición, manipulación institucional y desviación del poder judicial. Temerarias, autoritarias y atrabiliarias las jugadas agrarias.
Todo esto fue advertido al gobierno del presidente Duque antes de que la doctora Arias fuera ternada para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El 23 de noviembre de 2020, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia recibió la denuncia formal por fraude procesal y tráfico de influencias contra Arias. El caso se engavetó. No se investigó. Y no se suspendió su postulación.
Y no fue por omisión. Según reveló recientemente el actual secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, entre 2018 y 2022 fueron archivadas, sin trámite ni respuesta, al menos 13 denuncias sensibles por parte de la anterior Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Una de ellas, precisamente, es la que involucraba a la doctora Arias. Fue tan poco transparente el accionar de Transparencia, que nadie vio lo que pasaba.
Peor aún: existen audios que denuncian que la entonces secretaria de Transparencia del Gobierno de Iván Duque, Claudia Gaviria, también tenía presuntos vínculos con Papá Pitufo. Otra pieza más en la red de protección institucional que lo blinda. Ella, por supuesto, niega el contenido de los audios.
Pero volvamos a la doctora Arias. El proceso penal que le armó a Velezmoro fue declarado nulo por el Tribunal de Bogotá. Se ordenó rehacer todo desde el principio. Pero el daño ya estaba hecho. El ganado ya no estaba. La genética del toro Shori ya había sido explotada. Y la imagen de Velezmoro, manchada.
Arias no solo fue acusada de manipular la jurisdicción, sino también los testigos. Aparecieron nombres en la orden de Policía Judicial que ni siquiera figuraban, y se omitieron deliberadamente los semovientes más deteriorados para no afectar el argumento del “riesgo genético” que usaron para priorizar el caso.
Según la denuncia, manipularon la información de la Universidad Nacional. Filtraron entrevistas confidenciales. Se inventaron cantidades y sumatorias de importación de ganado que no coincidían con los documentos. Y nombraron perito del allanamiento a un veterinario enemigo de Velezmoro, acusado de competencia desleal.
Este no fue un proceso. Parece una emboscada judicial. Una operación quirúrgica para consolidar un negocio. Y, aunque la doctora Arias ha dado su defensa, el proceso también ha dejado varias preguntas: ¿Qué hay detrás de esa velocidad? ¿Por qué una fiscalía en Cajicá asume un caso que claramente era de Bogotá? ¿Por qué los testigos, los veterinarios, los peritos y los custodios estaban todos alineados con Arias? ¿Por qué el juez que ordenó la captura era el mismo que debía legalizarla? ¿Y por qué los documentos que sustentaron el proceso fueron certificados inválidos, entrevistas filtradas e información privilegiada? Todo como por arte de Tauromagia.
Pero volvamos a Papá Pitufo, ya que, en la actualidad, la abogada Arias no solo lo representa, sino que tiene poderes notariales para administrar todos sus bienes. Cuidado y le pasa la del toro Shori. Y mientras representa a tremendo personaje, ya vimos que su nombre también ha aparecido aspirando a los más altos cargos de la justicia, gracias al aval del expresidente Iván Duque y el apadrinamiento del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
Por eso, aunque ya lo dijimos, repitámoslo: la misma doctora de la ley que en 2012 lideró investigaciones contra capos del contrabando y narcotráfico, hoy representa legalmente a uno de ellos. La misma abogada que fue presentada por el Gobierno de Iván Duque como garante de la disciplina judicial es la misma que, en diciembre de 2017, le montó presuntamente un caso judicial a un empresario agropecuario para quedarse con su negocio de ganado Wagyu.
Así queda un mapa en el que se une a Papá Pitufo con Álvaro Uribe, pasando por Iván Duque. El contrabandista y los expresidentes, conectados por una abogada con poder para hacer y deshacer expedientes por un toro. Y todo con una parada en el nuevo ministro de Justicia.
Una mujer que ha sabido moverse en la Fiscalía, entre los narcos y entre los políticos. Que ha estado en el corazón del aparato de extinción de dominio, pero que ahora pone sus talentos al servicio de representar al rey del contrabando.
Este no es solo el caso de una polémica abogada. Es el retrato de un sistema, donde los mismos que deberían proteger la ley presuntamente la manipulan para enriquecerse, vengarse o escalar políticamente. Es la historia de cómo un contrabandista termina blindado por el poder, y un ganadero termina perseguido por confiar. Es la evidencia de que, en Colombia, la justicia no es ciega, sino que sale como un toro, viendo muy bien y de frente a quién beneficia y a quién aplasta.
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