La exprofesora de primaria que fue presentada como 'hacker' por la Fiscalía y el 'software' espía que nadie encontró

En junio de 2018, funcionarios de la Fiscalía, en ese entonces a cargo de Néstor Humberto Martínez Neira, anunciaron un espectacular golpe. Los investigadores tenían indicios de un cartel conformado por particulares, expolicías y exmilitares que, a través de empresas fachada, ofrecían servicios de escuchas ilegales e interceptaciones de comunicaciones.

Entre los implicados se encontraba el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, el exdirector del DAS, Laude Fernández, el asesor de comunicaciones, Carlos Arenas, cuatro militares en retiro y una mujer oriunda del departamento de Nariño, quien fue presentada como una avezada hacker.

En este caso también resultó salpicado el ahora embajador ante la FAO, Armando Benedetti. Dos testigos lo señalaron de pagar por seguimientos e interceptaciones al abogado Jaime Lombana.

El asunto, que se inició bajo una misma noticia criminal, terminó fraccionándose, y mientras ha habido condenas, entre ellas a funcionarios de la Fiscalía que utilizaron la sala de interceptaciones Diamante de manera ilegal, los procesos judiciales en otros casos no se han cerrado y están ad portas del archivo, entre otras cosas porque la Fiscalía no ha tenido cómo demostrar en tribunales todas las conductas que en su momento dijeron ante los medios haber encontrado. Y otra de las razones, es que inicialmente varios de los involucrados, fueron señalados de ser parte de una red, en la que algunos de ellos ni siquiera se conocían. 

Una de las actividades ilegales advertidas inicialmente por la Fiscalía tenía que ver con la existencia y utilización de un software malicioso, creado por una hacker “experta”. La hacker “experta” había logrado lo que robustas empresas de tecnología no han podido hacer hasta ahora: crear un software espía con capacidad para recuperar mensajes privados de WhatsApp, interceptar comunicaciones de Signal, establecer la ubicación de teléfonos celulares y satelitales, entre otros hitos. En su momento, la Fiscalía aseguró que las capacidades de dicho sistema eran ciertas.

Pues bien, la denominada hacker resultó ser una exprofesora de primaria de una zona rural cercana a Ipiales, cabeza de familia y llamada Marialicia Pinzón.

Según se reveló en 2018, Pinzón, quien trabajaba al momento de las capturas con el coronel (r) del Ejército, Carlos Andrés Pérez, había empezado a desarrollar su software en el año 2006, y lo hizo gracias a la orientación de uno de sus profesores. Según reveló El Espectador, dicha plataforma había sido puesta antes al servicio del Ejército en operativos contra la delincuencia común y grupos guerrilleros, de ahí provenía su cercanía con el coronel Pérez.

Al momento de su captura, la supuesta hacker le dijo a los investigadores de la Fiscalía que el revolucionario software tenía una propiedad adicional: si los computadores donde reposaba la supuesta plataforma Fénix eran encendidos sin las claves, toda la información se borraría. Fue así como hizo un esquema a mano alzada en una hoja de cuaderno de cómo funcionaba el supuesto software y la Fiscalía le dio total credibilidad a lo dicho por la exprofesora.

Diagrama hecho a mano por Marialicia Pinzón

Pinzón, quien obtuvo beneficios por colaborar con la Fiscalía, fue una de las piezas clave en el escándalo de chuzadas que tenía como víctimas, entre otros, al exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira. Pinzón también fue llamada a declarar en contra de Armando Benedetti y dijo que Miriam Margot Martínez, condenada por el carrusel de la contratación en Bogotá, la había contactado para que interceptara las comunicaciones de implicados en dicho escándalo, incluyendo al omnipresente Emilio Tapia.

Como el software no aparecía, Pinzón le dijo a los investigadores que la plataforma estaba instalada en un computador que donó al colegio de monjas cercano a Ipiales, donde había trabajado años atrás. Hasta allí fueron los hombres del CTI, quienes no encontraron ningún computador, solo unas monjitas sorprendidas que no daban fe de que los conocimientos en informática de la exprofesora de primaria tuvieran los alcances de lo publicado en la prensa.

Además de los implicados en este caso, la Fiscalía se incautó de computadores y teléfonos, entre ellos los de los coprocesados Jorge Salinas, Luis Mesías Quiroga y la hacker Pinzón. Sin embargo, nunca encontró en ellos la presencia del famoso software espía. Un aparte del informe rendido por el ingeniero Juan Carlos Valencia, del área de informática forense de la Fiscalía, dice lo siguiente: “ningún software que pudiera ser reconocido técnicamente como un software malicioso y que a través de este mecanismo que se conoce como la puerta de ingreso o conocido comúnmente como un troyano que permita ingresar a los sistemas de funcionamiento de los equipos móviles y a partir de ahí, cometer o propiciar otras conductas de acceso abusivo a un sistema informático o de violación de datos informáticos o la utilización de redes o terminales móviles con fines ilícitos”.

La información contenida en ese documento, del 3 de marzo de 2020, fue utilizada por el exfiscal del caso, Álvaro Betancur, para solicitar la preclusión a favor del exfuncionario del DAS, Laude Fernández, de los delitos de utilización ilícita de redes, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos y uso de software malicioso.

Sin embargo, esta importante prueba no fue descubierta por la Fiscalía en el juicio que se sigue en contra del general (r) Humberto Guatibonza y del periodista Carlos Arenas.

Guatibonza y Arenas forman parte de un grupo de 50 personas que fueron perfiladas y sus comunicaciones interceptadas sin orden judicial a inicios de 2018. Esa operación de espionaje, llamada Teseo, dio origen a informes de inteligencia policial con los que la Fiscalía posteriormente abrió investigaciones en contra del uniformado y el periodista. Aunque la inexistencia del software Fénix, probada por la propia Fiscalía, dejaría sin piso el proceso en contra de Guatibonza y Arenas, este continúa. El publicitado caso ha tenido al frente siete fiscales diferentes y del equipo han hecho parte Daniel Hernández y Álvaro Betancur, fiscales cuestionados por su papel en el caso Odebrecht.

En cuanto a la hacker Pinzón, no registra antecedentes, ni disciplinarios ni judiciales, en las bases de datos públicas del Estado.