El 12 de marzo de 2024, horas después de que la Corte Suprema de Justicia eligiera a Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación, el presidente Petro dijo: “Se ha elegido una fiscal sin antecedentes de corrupción. De acá en adelante ya veremos”. Luego, señalando a los antecesores de la fiscal sin mencionar a ninguno en particular, añadió: “En mi opinión, la fiscalía ha vivido una conducción corrupta desde hace años, el crimen ha
cooptado la fiscalía”.
Ese “ya veremos” de la primera frase, que podía referirse a las virtudes de transparencia de la nueva fiscal, también podía entenderse como una suerte de distractor de la verdadera pregunta: ¿a quién responderá y para quién trabajará la doctora Camargo? Pues bien, el comunicado del pasado 12 de junio de la Fiscalía https://x.com/FiscaliaCol/status/1933282080131363202, en el que le pone los puntos sobre las íes al Gobierno de Gustavo Petro, ha resuelto la inquietud.
El comunicado, que debe leerse con mucha atención, no solo señala los avances (que no son pocos) en la investigación del atentado al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, sino que marca una distancia definitiva e insalvable con el gobierno de Gustavo Petro. Le dice, primero, que la solicitud del Presidente de la República, para que la Fiscal General "permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado…” no se puede materializar porque “La Fiscalía tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los demás casos de su competencia”. Esto, sin tanta diplomacia, que por demás me parece apropiada y decente, significa dos cosas: una, la fiscalía no necesita ayudas externas, no se puede poner en duda su legitimidad y dos, no será el ejecutivo quien establezca la forma de conducir esta investigación.
Puedo confirmar, además, que el comunicado de la fiscalía se publicó unas horas después de una conversación que la fiscal Camargo sostuvo con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Era muy importante que la fiscal, cumpliendo un compromiso que ella hizo con la Corte Suprema antes de su elección, rechazara la creación de cualquier tipo de comisión internacional de Naciones Unidas como pretendía el gobierno. La fiscal no solo honró su palabra, sino que le dejó claro al presidente Petro que él no es el jefe de la policía judicial, ni puede atribuirse el derecho a darle ordenes a la fiscal general. Entre la rama judicial no ha caído bien que el presidente se atribuya poderes que no tiene, y que además ahora pretenda, como si tal cosa, juzgar las actuaciones de otro órgano del poder público, el legislativo. El presidente no es juez, ni tampoco lo es su deshonroso ministro de Justicia Eduardo Montealegre.
Luego, en el fragmento más políticamente significativo del comunicado, la fiscal Camargo dice que la presencia de los directores de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, llamados por el presidente Petro a participar en las indagaciones, “desnaturaliza” las labores de la fiscalía. Es decir, agradecemos la intención de ayudar en la investigación del atentado, pero no nos interesa la presencia de esos funcionarios. La verdad es que, como ha podido verificar con distintas fuentes este columnista, dentro de la fiscalía no cayó nada bien que el presidente Petro tratara de “infiltrar” la investigación incluyendo en el Puesto de Mando Unificado a funcionarios administrativos que no tienen relación alguna con la investigación. Lo consideraron una indelicadeza y una grosería. Tal vez esto tiene que ver con el hecho de que Petro, que detesta las instituciones y sus formas, ya manifestó en una rabieta contra el entonces fiscal Francisco Barbosa lo que realmente piensa de la fiscalía: ella debe servirle a él, que es el jefe del fiscal. Todos los presidentes, por el hecho de ternar a los candidatos, se sienten con el derecho divino a darles órdenes y a esperar una lealtad a prueba de fuego, pero solo Petro lo dijo tan abiertamente.
Ahora, con este comunicado, la silenciosa y prudente fiscal Camargo le está diciendo claramente al gobierno que no se dejará manosear, y que no permitirá que la investigación del atentado contra Uribe Turbay sea usada por Petro para hacer campaña, seguir desatando odios e inventado teorías conspiranoicas. Petro, como bien lo resume La Silla Vacía, “con su rol de detective público número uno, se pasa por encima a la fiscalía, suelta datos reservados y anticipa que todo explica sus denuncias anteriores de que lo quieren tumbar”. Petro, fiel a su estilo, ha convertido el atentado contra Uribe en un asunto sobre sí mismo. Camargo, en cambio, está haciendo de la prudencia y de la disciplina su mayor virtud. Que se sepa, ella no está en campaña política, ni está interesada en una eventual presidencia, como sí le interesaba a Eduardo Montealegre, a Francisco Barbosa y a Néstor Humberto Martínez.
Comprendo que la gente espere grandes y sobre todo rápidos avances en las investigaciones de corrupción y de violencia que hay en el país. Es normal preguntarse por qué han tardado algunas imputaciones por el escándalo de la UNGRD, por qué el caso de Nicolás Petro parece empantanado y lento y por qué, días después del atentado, no sabemos quién dio la orden. Pero la verdad es que el trabajo de esta fiscalía y de su jefa, Luz Adriana Camargo, me parece serio, razonable y tranquilizador. Es, también, la primera vez en años que tenemos una fiscal que no tiene un ego más grande que el bunker de la fiscalía.
