Joaquín Vélez Navarro
La nociva elección de los órganos de control y la fiscalía
La terna para la procuraduría, en la que terminaron tres políticos con vínculos cercanos a varios de los partidos tradicionales, reabrió el debate sobre la politización de las cortes y los órganos de control. Por obvias razones, es inconveniente que la persona que dirige uno de los entes que controlan y vigilan el actuar de los funcionarios públicos, y la correcta utilización de los recursos públicos, tenga vínculos con políticos. Primero, porque su falta de independencia va a llevar a que seleccione o archive casos de acuerdo con sus afinidades políticas. Segundo, porque sus decisiones pierden legitimidad frente a quienes no se encuentran en su mismo espectro político, los cuales van a desconfiar constantemente de su objetividad y criterio. Esto hace que los resultados de estas instituciones en la lucha contra la corrupción no sean satisfactorios, que se afecte la credibilidad que los ciudadanos tienen en estos organismos y que se impacte de forma negativa sus índices de aprobación.
Que la persona que encabeza esas entidades sea afín a un líder político, o de bolsillo como coloquialmente se le dice, no se limita a los órganos de control. La fiscalía, que es parte de la rama judicial, también tiene el mismo problema. Esto, por el proceso de elección que estableció la Constitución de 1991 para la elección de esos cargos. Al procurador lo elige el Senado de una terna que compone el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Al fiscal lo escoge la Corte Suprema de una terna que envía el presidente. Al contralor, por su parte, lo escoge el Congreso de una lista de elegibles que se forma a través de una convocatoria pública.
El presidente tiene la posibilidad de interferir en dos de esos procesos y lograr que quede elegido su favorito o alguien cercano: en el del fiscal y el del procurador. No por nada, por ejemplo, se ha acusado a Francisco Barbosa y a Margarita Cabello, fiscal y procuradora respectivamente, de ser funcionarios de bolsillo del gobierno Duque. Lo mismo ha ocurrido con la reciente elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, a quien han acusado por entorpecer los casos de corrupción en contra del gobierno Petro. Por su parte, el contralor, para lograr ser elegido, debe hacer una campaña ante todo el Congreso, con todos los favores políticos que eso conlleva.
Como ya lo mencioné, que los encargados de investigar, vigilar y sancionar a quienes hacen parte de las ramas del poder público sean cercanos a ciertos miembros de estas, o les deban favores, es algo que perjudica su labor y la necesaria imparcialidad que se requiere para ejercer estos cargos. Además, afecta la percepción que tenemos los ciudadanos de esas entidades y la legitimidad de sus decisiones. El reciente archivo de la investigación contra Karen Abudinen en la procuraduría, solo por poner un ejemplo, ha generado un fuerte rechazo en ciertos sectores del país y afecta y mina la confianza que muchos tienen en esta institución.
Los órganos de control y la fiscalía son fundamentales para que la lucha contra la corrupción sea adecuada y eficiente. Sin embargo, y a pesar de contar con muchos recursos y múltiples funcionarios, no están dando los resultados esperados. En el barómetro de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional, Colombia está en el lamentable puesto 87 entre 180 países, desmejorando su posición año a año. Así mismo, los casos de corrupción siguen siendo aterradores y sus protagonistas, en su gran mayoría, siguen sin ser juzgados ni sancionados. Esto, en parte, por la politización de esos organismos.
Urge, por tanto, que repensemos el papel de estas entidades y la forma mediante la cual se eligen sus cabezas. Planteo a continuación algunas ideas, adicionales a las que otros han planteado como la de eliminar la procuraduría o reducir su tamaño, para que este escenario mejore. En primer lugar, modificar los procesos de elección y eliminar la intervención de cualquier órgano político en los mismos. En contraste, podría realizarse un concurso de méritos para seleccionar al candidato más apto para el cargo, según criterios objetivos preestablecidos. Segundo, crear un conjunto de inhabilidades que logren bloquear a miembros de partidos políticos o que hayan ejercido un cargo público en los últimos años. Eso evitaría también la nefasta puerta giratoria.
Un pequeño problema: los que tienen la competencia para reformar esos procesos e instituciones son los que actualmente se benefician de este nocivo sistema. Como sociedad, sin embargo, no nos podemos rendir; tenemos que seguir insistiendo, hasta que nos tengan en cuenta.