En Colombia, la paz parece un sueño que, generación tras generación, se va alejando. A pesar de los avances logrados con el Acuerdo de Paz de 2016, la violencia armada sigue vigente, ahora con nuevas dinámicas, actores y territorios disputados. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado el proyecto de la ‘Paz Total’, una ambiciosa iniciativa que, según las palabras de Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) para la implementación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado, no ha estado a la altura de las expectativas de lo que la Comisión de la Verdad ha llamado “La Paz Grande”.
El tercer informe de dicho comité, próximo a ser publicado y titulado Fragmentación de la guerra e integralidad de la paz: razones para la no repetición, pone el dedo en la llaga sobre las múltiples deficiencias de este proceso. Desde la falta de concreción en los resultados hasta el resurgimiento de violencias como la extorsión, el reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonales, la radiografía presentada no deja lugar a dudas: la Paz Total necesita un replanteamiento con urgencia.
La lentitud y desconexión de la Paz Total
Uno de los aspectos más preocupantes es la lentitud en la implementación de los acuerdos. A un año y medio de gobierno, ninguno de los nueve procesos de negociación ha mostrado avances significativos. Particularmente preocupante es la situación con el ELN, donde la participación ciudadana, que en su momento fue celebrada como una innovación, ha caído en el olvido. Además, los vacíos jurídicos para negociar con grupos no insurgentes como el Clan del Golfo han generado incertidumbre tanto en los actores armados como en la ciudadanía.
A esto se suma la desconexión entre la Paz Total y el Acuerdo de Paz de 2016. Mientras el actual proceso busca construir una nueva narrativa, el Gobierno parece desmarcarse de las lecciones aprendidas hace ocho años. Esto no sólo debilita la coherencia de la política pública, sino que también erosiona la confianza de los territorios que ya habían depositado esperanzas en el acuerdo original.
La violencia en las regiones
El informe prioriza departamentos donde las dinámicas de violencia son alarmantes. Arauca, Chocó, Cauca y el Urabá antioqueño son apenas ejemplos de regiones donde las comunidades enfrentan extorsión, confinamientos y desplazamientos forzados, agravados por la falta de presencia estatal. Mientras tanto, en zonas urbanas como Medellín, Cali y Buenaventura, la extorsión se ha disparado un 300 por ciento, afectando gravemente el tejido social y económico.
La ausencia de participación efectiva de las comunidades también es un tema crítico. El proyecto de Paz Total sigue siendo centralista, diseñado desde Bogotá, con poca escucha a las realidades de los territorios. En palabras de Castañeda, la centralidad de las víctimas, un eje del Acuerdo de 2016, ha sido relegada a un plano secundario, dejando a las comunidades sin un espacio real para incidir en las mesas de negociación.
Lo urgente
En ese sentido, el Comité de Seguimiento y Monitoreo ha planteado cinco recomendaciones clave que deberían implementarse de inmediato:
- Establecer una hoja de ruta con resultados concretos y medibles.
- Fortalecer las medidas humanitarias, con reglas claras sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
- Poner en el centro la vida de mujeres, niños y adolescentes, quienes son las principales víctimas de la violencia actual.
- Implementar estrategias de comunicación claras y pedagógicas que expliquen los avances y desafíos de la Paz Total.
- Priorizar un enfoque territorial que transforme las condiciones de las regiones más afectadas.
Sin estas acciones, el proyecto de Paz Total corre el riesgo de convertirse en una oportunidad perdida.
La fragmentación del conflicto armado y la reconfiguración de los territorios exigen una respuesta integral y articulada. La desconexión entre los actuales procesos y el Acuerdo de 2016 no sólo es un error estratégico, sino un acto de arrogancia que ignora las lecciones del pasado.
Colombia no puede permitirse repetir los errores que llevaron a las atrocidades que agobiaron al país por décadas, ni puede permitirse el inicio de una nueva espiral de violencia. El tiempo apremia, y los 18 meses que le restan a este Gobierno deben ser aprovechados para construir una paz estable, duradera y, sobre todo, incluyente.
Vea la entrevista con Wilson Castañeda aquí:
