Nicolás Maduro y su camarilla se han salido con la suya. De nada sirvieron las advertencias sobre el nulo interés que siempre tuvo el régimen en respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano. Ya se han contado con suficiente detalle las irregularidades cometidas por un gobierno autoritario y criminal, que a pesar de los esfuerzos previos a la elección de países como Colombia, México, Brasil y Noruega, ha decido graduarse con honores como una dictadura plena y madura. Algunos apologistas del crimen siguen afirmando que no se ha probado fraude alguno, y que no se entiende por qué habría que creer que las actas que la oposición ha subido al portal https://resultadosconvzla.com sí son legítimas. Por una parte, porque las casi 25.000 actas incluyen el código QR que así lo certifica, y porque cualquiera puede buscar un acta, consultar los resultados e incluso descargar una copia escaneada.
Esto es mucho más de lo que ha hecho el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que controla el ejecutivo. El periodista de El País de España Kiko Llaneras explicó en este artículo que el Gobierno no ha entregado las actas de verificación, ni ha ofrecido ningún resultado subnacional. “El CNE no ha publicado el voto ni por municipios, ni por regiones. Solo ese puñado de cifras totales de la primera noche”, que daban ganador a Maduro para luego acusar a la oposición y a Elon Musk (sí, en serio) de haber ordenado un ataque cibernético desde Macedonia del Norte.
A los apologistas del régimen: salir de la duda es muy sencillo, solo se necesita que el régimen cumpla lo que dice la ley venezolana: mostrar las actas, cosa que debe hacer antes de las primeras 48 horas después de la elección. Y acá está el punto central de esta columna: la razón por la que el dictador y los suyos no aceptará lo que diplomáticamente le han pedido Lula, López Obrador y Petro -un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional- es elemental: si lo hace, debe reconocer también que no ganó, que le dieron una paliza monumental y que el fraude que cometieron es el más grande en la sufrida y accidentada historia de América Latina.
El presidente Petro, que ha jugado un papel necesario de conciliación en la situación de Venezuela, tendrá entonces que resolver la pregunta más importante de su gobierno: ¿reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro como el legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio? Ya no será suficiente repetir que el pueblo soberano de Venezuela debe decidir, entre otras porque eso ya lo hizo, ni alegar que tenemos una política de no intervención en la política de otro país. Cuando Colombia, México y Brasil entiendan que Maduro no reconocerá nada y que por el contrario aumentará la represión contra los opositores, deberá decidir qué hacer con la embajada en Caracas y si mantendrá relaciones diplomáticas con la dictadura. Deberá decidir qué tipo de declaración hará entonces, una parecida a la de Estados Unidos, que reconoció a Edmundo González, o una parecida a la de Putin y Xi Jinping, que felicitaba a Maduro por su excelentísimo triunfo.
La diferencia fundamental, sin embargo, es que Colombia no es Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Colombia, y esto lo sabe bien el Gobierno, tiene mucho que perder si se corta toda relación con el régimen de Maduro. No solo hay una frontera de más de 2.000 kilómetros, hay unas relaciones comerciales y humanas que no se pueden tirar por la borda y una migración constante que dificulta cortar todo vínculo. En otros tiempos, cuando a Maduro le quedaban horas para caerse, ya se intentó reconocer a un gobierno interino, el de Juan Guaidó, solo para aceptar después que eso era un saludo a la bandera y que Guaidó no tenía importancia práctica alguna.
Al final, con el dolor que esto produce, el Gobierno colombiano deberá poner los puntos sobre las íes y decir con toda claridad que Maduro se perpetuó en el poder después de un fraude, pero que las relaciones con ese país deben continuar. Es probable que el régimen acuse al presidente Petro de ser un fascista y un lacayo del imperio, pero seguirá allí después de la pataleta de ocasión. Todo lo que el Gobierno colombiano ha tratado hasta ahora es solo una manera de aplazar una decisión inevitable: Venezuela seguirá siendo nuestra vecina, y eso no cambiará pase lo que pase.
