Hay muchas razones justificadas para llevar a cabo una reforma universitaria. Alguna forma de universalidad de la educación es deseable porque si todo el mundo puede educarse, no habrá tanta disparidad entre clases ni distinción entre ellas. Una posibilidad es que todos los jóvenes que terminan exitosamente el bachillerato tengan la oportunidad de educarse o capacitarse en universidades, en instituciones de educación técnica o en instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo individual.
Se puede pensar en una estructura piramidal en la cual la capacitación básica y los cursos universitarios de los primeros cuatro semestres se ofrezcan a nivel local en los colegios de bachillerato, en institutos universitarios básicos o técnicos, y las universidades admitan a los que terminan estos ciclos básicos. Vendrían a llenar el vacío que queda en las universidades por la numerosa deserción durante los primeros años.
Un requisito esencial debe ser que quien escoja inicialmente una de esas tres opciones pueda modificar su decisión después sin obstáculos o penalidades. Y que los cursos que tomó en cualquiera de ellas tengan valor para cumplir los requisitos de grado en las universidades. Esto, bien organizado, sería una forma de proveer universalidad en la educación postsecundaria sin generar presiones excesivas sobre las finanzas públicas. Por supuesto, no despierta tanto entusiasmo como la universidad gratuita con cupo garantizado en universidades públicas, que es lo que propone el gobierno, pero posiblemente podría alcanzar mayor cobertura, no requeriría nueva ley y podría comenzar a estructurarse inmediatamente.
La reforma que el gobierno le va a proponer al congreso tiene entre otros objetivos el de universalidad e igualdad de oportunidades. Es un derecho que consagra la Constitución, pero cuesta y probablemente es inalcanzable en la forma como pretenden ofrecerla, que es educar a todo el mundo en la universidad pública en forma gratuita. Parece innecesario ir tan lejos especialmente si no se tienen los recursos para cumplir lo que ofrecen. Tenemos diferencias en la manera como se propone proceder, pero no en los objetivos.
Entiendo que los gobiernos comunistas generalmente tienen estos mismos dos objetivos en su política educativa, pero entienden la universalidad educativa como un derecho a acceder a la universidad o a capacitación técnica, y en esto difieren del modelo del gobierno. Sin embargo, este coincide con el de los países comunistas en que pretenden que la endoctrinación ideológica sea parte del proceso educativo. Otra aspiración del gobierno, común en países comunistas, es que el control de las instituciones educativas y de todo el sistema sea centralizado y en manos del gobierno. Los estudiantes quedan sometidos a contribuir a los objetivos políticos del partido de gobierno, en este caso el Pacto Histórico y sus aliados. Los intereses y objetivos políticos del partido de gobierno priman sobre lo académico, lo que compromete la calidad del sistema educativo e introduce un sesgo ideológico que puede colocar al país en inferioridad frente a los democráticos que enfatizan la diversidad de opiniones y la libertad de pensamiento.
China entendió esto antes de Tiananmén en 1989, pero desde entonces echó para atrás y ahora parece haberlo olvidado. A ellos y a nosotros nos puede llevar al atraso la insistencia en controlar las universidades, más si atraen a los jóvenes, no para que estudien gratuitamente, sino para que agiten en las calles, y porque en Colombia se detecta una actitud vudú en los ministerios de ciencia y educación.
