Gabriel Silva Luján
2 Abril 2023

Gabriel Silva Luján

La revolución de la mostaza

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Sé que es un poco abusivo iniciar una columna invocando mis preferencias gastronómicas. La verdad es que el desabastecimiento de mostaza Dijon ha adquirido proporciones catastróficas para quienes somos amigos de ese condimento. Muchos me acusarán de arribista, decadente y pequeñoburgués por tocar el tema. Sin embargo, antes de emitir juicio les pido paciencia para poder explicar por qué esta carencia de mostaza francesa tiene implicaciones más serias.

El origen de la desaparición de la mostaza Dijon, que ahora cobija también la salsa soya y a otros variados aderezos culinarios, es la ley 2013 de 2020 expedida por el gobierno de Iván Duque. Por no cumplir con los límites de sodio establecidos en esa norma técnicamente absurda es ahora imposible importar esos productos. Con un propósito aparentemente loable, se está coartando el derecho de las personas a cocinar como se les dé la gana. Es una prueba más de la creciente tendencia que tienen los gobiernos y los legisladores de emitir normas para impulsar sus preferencias o las ideas de grupos específicos, todo ello en detrimento de la libertad individual.

A la “ley del sodio” se le suma la decisión en la reforma tributaria de gravar a los alimentos ultraprocesados y poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Me opuse a esta última norma por considerarla socialmente regresiva pero también por el punto que nos convoca: el síndrome del gobierno y el Congreso inmiscuyéndose en la libertad de elegir de las personas para hacerle venias a los fanáticos de la lucha contra la obesidad. La solución a los problemas de salud de los ciudadanos no está en imponer barreras, impuestos y limitaciones colectivas como hacen la norma del contenido de sal o los impuestos a la comida chatarra. Hay caminos de política pública mucho más eficientes para lograr el mismo objetivo sin restringir la libertad individual.

Nadie niega que en ocasiones es legítimo imponer restricciones como cuando se decretaron confinamientos para enfrentar el covid. Sin embargo, aun en esa ocasión se observó el exceso de autoritarismo y de exigencias sobre la vida privada en muchos países. En Colombia se intentó recaudar información personal de los ciudadanos mediante una app pública y a los mayores se les impusieron reglas más restrictivas que al resto. Una de las batallas más elocuentes en defensa de la libertad individual y los derechos de los mayores la dio el exministro Rudolf Hommes, quien comandó la ofensiva contra esa discriminación hasta que se logró la protección legal mediante tutela.

Aunque en general el Estado tiene una altísima propensión a resolver los problemas colectivos por la vía de coartar las libertades del individuo, la mayor vocación de construir soluciones que signifiquen restringir la libertad individual se da en las concepciones autoritarias de derecha y de izquierda. De allí que no sorprenda que en este gobierno las respuestas a los problemas se construyan con un total desprecio por el derecho a elegir. La reforma a la salud, la pensional y la laboral son buenos ejemplos de esa inclinación.

El sistema de salud propuesto por la señora ministra Corcho pretende someter a los ciudadanos a un esquema que los deja maniatados. Aunque a estas alturas no se sabe si se logrará aprobar dicha iniciativa, el proyecto gubernamental obliga a todo el mundo a entrar al sistema mediante un empadronamiento local y a que tenga que acudir impajaritablemente a los centros locales de salud. En estos puntos se determinará el derecho de la persona a seguir hacia otros niveles superiores de atención. Además, las personas estarán sometidas a los médicos y proveedores de servicios que se les asignen. Si existe un tema en el que el derecho a la libertad individual y la posibilidad de elegir debería primar sobre todas las consideraciones es precisamente en el de salud.

El diseño de la reforma pensional contiene también fuertes constreñimientos a los derechos y a las libertades individuales. De aprobarse, el ahorro de los individuos irá a parar en inmensa proporción a manos del Estado. Allí el individuo pierde su derecho a escoger qué tipo de administrador desea para su ahorro pensional y qué tipo de riesgo quiere correr en el perfil de sus inversiones. Además, el esfuerzo económico individual de toda una vida queda a disposición a los designios y aventuras de un fondo público, que podría usarse -por ejemplo- en obras faraónicas y en descabelladas iniciativas de infraestructura pública.

La reforma laboral está diseñada también para limitar el derecho individual a escoger la modalidad de contratación laboral. Sin duda toda sociedad debe poner límites a la explotación regulando de manera básica las relaciones laborales. Sin embargo, la imposición de las inmensas restricciones que trae la reforma a las distintas modalidades de contratación, que están emergiendo en el nuevo mundo del trabajo, atentan contra la libertad de escogencia y el libre desarrollo de la personalidad.

Uno de los grandes temas de la filosofía política y de la teoría del desarrollo institucional es el balance entre el Estado y la libertad individual. Infortunadamente, el avance del ámbito de la acción estatal y el constreñimiento de los derechos individuales se están dando en pequeña y en gran escala. Quizás como hicieron los colonos americanos en 1773, que para protestar contra las imposiciones de la corona británica echaron por la borda los cargamentos de té de los barcos anclados en la bahía de Boston, nos tocará iniciar una “revolución de la mostaza” para defender el derecho a cocinar sabroso y, de paso, la libertad de escoger quién nos cuidará los achaques.
 
Nota a mis amables lectores. A partir de esta edición mi columna aparecerá quincenalmente. Mis hijos me reclaman que les regale por lo menos un domingo cada quince días. Voy a hacer caso.

Twitter: @gabrielsilvaluj

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