Los profetas del desastre advertían el semestre pasado que el Gobierno Petro había montado una aplanadora en el Congreso que aprobaría sin debatir su agenda legislativa. La decisión de partidos como el Liberal, Conservador y La U de declararse partidos de gobierno, generó preocupaciones en distintos sectores que consideran importante la existencia de contrapesos al ejecutivo en el Congreso y la justicia. Sin el menor análisis, algunos afirmaban que la aprobación de la reforma tributaria y de la ley de paz total, constituían la demostración más clara de que el gobierno manejaba unas amplias y sólidas mayorías para hacer lo que quisiera. Olvidaron esos analistas que todo nuevo gobierno en Colombia pasa su reforma tributaria en los primeros seis meses e igual sucede desde 1997 con las sucesivas prórrogas de la ley de orden público. Desconocieron también que esos dos proyectos entraron al Congreso de una forma y salieron con modificaciones importantes.
Las duras controversias de este semestre alrededor de las reformas sociales, el hundimiento de la reforma política la semana pasada y las dificultades para avanzar en proyectos como el de humanización penitenciaria y la ley de sometimiento, demuestran que la tal aplanadora petrista no existe. Los críticos de oficio que expresaban su preocupación por nuestra democracia, ante la supuesta ausencia de contrapesos, ahora deben reconocer el amplio debate que se ha desatado alrededor de la reforma a la salud, la pensional y la laboral, así como la fuerte y efectiva reacción ciudadana ante los micos que se pretendieron meter a la reforma política. Estos hechos desactivan por completo la alarmista y absurda tesis de que vamos camino a una “venezolanización” del país. Este gobierno, al igual que los anteriores, encuentra límites para sus propósitos tanto en la deliberación democrática del Congreso, como en las decisiones de la justicia.
Por ello, es importante situar la discusión sobre la agenda de reformas en el lugar adecuado, sin fantasías ni exageraciones. Algunos con histeria y mala fe pretenden hacernos creer que Petro es un hombre perverso que luchó 30 años por llegar al poder con el único objetivo de dañar todo lo que funcionaba bien en Colombia. Que si plantea un proyecto de humanización de las cárceles, es para tirarse el “ejemplar” sistema penitenciario que tenemos, en el que no se violan los derechos humanos, la resocializacion es efectiva y la corrupción y el hacinamiento no existen. Que si el gobierno propone una reforma pensional, parecida a la propuesta por la Coalición de la Esperanza, es porque quiere dañar un sistema de lujo en el que todos los adultos mayores de 65 años disfrutan una pensión digna. Que si Petro busca recuperar los derechos de los trabajadores, que Uribe les arrebató en 2003, es porque quiere destruir el empleo de los colombianos y un modelo laboral ideal que les garantiza trabajo estable. En fin, algunos salen en forma virulenta e irracional contra las reformas propuestas, como si todo anduviera de maravilla en Colombia.
Esa no es la realidad. Por eso es importante concentrarnos en los debates de las reformas sin radicalismos y con sentido común. Comprender que hay mucho por corregir de los proyectos del gobierno, pero que son reformas necesarias. Y entender que el gobierno propone y el Congreso decide, después de escuchar a la sociedad. En su momento las reformas económicas y sociales de los 90 generaron la misma controversia y al final se lograron avances que hoy los colombianos reconocemos, sin que ello signifique que son inmodificables. Nadie puede ocultar la desigualdad y la exclusión que padece un amplio sector de la ciudadanía, al que no han llegado los beneficios del progreso y el crecimiento económico. Introducir cambios sin afectar la esencia de la economía de mercado, en la búsqueda de corregir inequidades históricas, es el camino adecuado. Es importante, entonces, que participemos todos en la concertación de estas reformas sin afectar lo que funciona bien. Tan simple y tan difícil de lograr ese objetivo, en medio de la radicalización del lenguaje de los extremistas de un lado y el otro.
Mas allá de los discursos y de las peleas mediáticas, los hechos y resultados demuestran que la institucionalidad se encuentra mas sólida que nunca y que exageran las voces que anuncian el apocalipsis nacional. Colombia no se va ir al abismo como pregonan algunos. Hay un gobierno respetuoso de las instituciones y los contrapesos funcionan de manera adecuada. La tal aplanadora no existe y eso es bueno para el país, el gobierno y la ciudadanía.
