Una irregular decisión del Tribunal Superior de Bogotá creó una peligrosa e ilegal tercera instancia judicial sin precedentes. La decisión revocó la condena de 40 años de prisión que pesaba por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, y dos campesinos, en contra del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez. Esta es la historia.
La sentencia de 150 páginas del pasado 7 de octubre, que fue emitida por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, contó con el voto mayoritario de los magistrados Yenny Patricia García Otálora, Jaime Andrés Velasco Muñoz y María Leonor Pinedo Pinto, quien salvó parcialmente su voto. Este fallo revocó la sentencia de 40 años por homicidio de primera instancia, emitida el 23 de junio de 2017 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la cual después de ser apelada por los abogados del defendido, quedó engavetada durante siete años.
Aunque la nueva sentencia ratificó la condena de Kiko Gómez por concierto para delinquir agravado, en lo relativo al homicidio de López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997, el Tribunal concluyó que no se demostró con suficiencia que este comprobado asesino hubiera sido el determinador de este crimen. En consecuencia, la pena fue anulada, en un acto que es uno de los movimientos judiciales más complejos y tramposos, no solo por su contenido, sino por su forma. Ahora vamos para allá.
Esta decisión se tomó a pesar de que el mismo tribunal ya había decidido ratificar el fallo de primera instancia. En especial, porque era probado que Kiko Gómez tenía una disputa política en el departamento de La Guajira, con el concejal de Barrancas, López Peralta, y su asesinato había sido atribuido a una estructura criminal controlada por Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos, quien actuaba en complicidad con el exgobernador.
La Fiscalía le había imputado, en su momento, los delitos de homicidio agravado en calidad de determinador, tentativa de homicidio, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.
Antes de su muerte, López Peralta había anunciado públicamente que se disponía a denunciar a Kiko Gómez, en ese entonces alcalde de Barrancas, porque este había incendiado la oficina jurídica de la alcaldía con el objeto de eliminar la mayor parte de las pruebas que demostraban las irregularidades cometidas con la contratación pública. La hoguera de las suciedades podría decirse.
Sin embargo, en la reciente sentencia del Tribunal de Bogotá, se determinó un cambio de último minuto que estableció que la evidencia presentada no era suficiente para vincular directamente a Gómez como determinador del crimen. Esto a pesar de que Kiko Gómez se encuentra cumpliendo otra condena de 55 años de cárcel por haber ordenado, en agosto de 2012, los asesinatos de la exalcaldesa de Barrancas, La Guajira, Yandra Cecilia Brito; su esposo, Henry Ustáriz Guerra; y su conductor, Wilfrido Fonseca Peñaranda.
Recordemos porque recordar es vivir. O en este caso morir. Cuando Marquitos Figueroa se convirtió en el nuevo dueño del tráfico y contrabando en la frontera con Venezuela, fue el máximo cabecilla de una estructura conocida como Los Curicheros, responsable de distintas actividades ilícitas, como narcotráfico y tráfico de hidrocarburos en La Guajira y zona de frontera con el vecino país.
Estudiemos su modus operandi. El 31 de diciembre de 2007, cuando finalizó el periodo de Yandra Brito, como alcaldesa de Barrancas, el señor Kiko Gómez se reunió en una finca de su propiedad con Marquitos Figueroa, con el fin de planear el crimen del señor Henry Ustáriz Guerra. Paren bolas porque se pone macabro.
Gómez apoyó políticamente a Yandra Brito en la campaña para la alcaldía en el periodo de 2004 a 2007, lo que generó que el exgobernador, después de su victoria le exigiera cuotas económicas. Sin embargo, ya como mandataria local, ella se negó a pagar los dineros, por lo que habría recibido amenazas del entonces temible Kiko.
Las intimidaciones se cumplieron con el asesinato de su esposo Henry Ustáriz Guerra a manos de la banda de Marquitos. Posteriormente, el 8 de julio de 2008, Yandra Brito presentó denuncia ante el director seccional del CTI de Riohacha. Señaló como autor intelectual al señor Kiko Gómez, quien, según ella, contó con la colaboración de otras personas, como su jefe de sicarios, el famoso justiciero Figueroa.
No solo eso. Yandra Brito le envió una carta al entonces fiscal general de la nación, Mario Iguarán, al procurador Alejandro Ordóñez y al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en la que les pedía protección y aseguraba: “tal como lo señalé en la denuncia mis hermanos Saúl Javier, Saúl Rafael Brito Castillo y mi persona; hemos venido siendo amenazados telefónicamente por secuaces del señor Juan Francisco Gómez Cerchar, Kiko Gómez. Amenazas que empezaron dos meses después de la muerte de mi difunto esposo, originadas en el hecho de que estábamos investigando los motivos de su asesinato…”.
Nadie reaccionó al pedido. De pronto porque, según lo documentó el periodista Gonzalo Guillén, Mario Iguarán fue abogado de Kiko Gómez “como representante de víctimas en un proceso de Medellín”. Fiscal abismal.
Por eso la muerte también le llegó a Yandra Brito. En el libro Lo que no borró el desierto de la periodista Diana López Zuleta, hija del concejal Luis Gregorio López Peralta, se cuenta la historia en la que se da ese asesinato como regalo para el señor Kiko Gómez. El 15 de agosto de 2012, día del cumpleaños de Kiko, uno de los invitados a la reunión recuerda que el entonces alcalde de Barrancas, Juan Carlos León Solano, sucesor de Yandra, le preguntó al exgobernador:
- ¿Compadre qué quiere de cumpleaños? ¿A Yandra o a Bladimiro?
- Quiero a los dos muertos, pero primero a Yandra, porque es la que está jodiendo, respondió Kiko al soplar las velitas.
Solo 13 días después, el 28 de agosto, mataron a la exalcaldesa Yandra Brito de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en el barrio Guatapurí de Valledupar. Todo coordinado por Marquitos Figueroa. Misma mano criminal que, en alianza ilegal con Kiko Gómez, ejecutó más de 130 homicidios en la región, entre ellas la del padre de la periodista Diana López.
Por eso volvamos a la terrible sentencia del pasado 7 de octubre sobre el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta. Uno de los aspectos más cuestionados del proceso, ha sido el papel de la magistrada Yenny Patricia García Otálora, en especial por la serie de irregularidades relacionadas con su participación en el caso, sugiriendo que su regreso al tribunal fue clave para modificar el fallo. Un regreso Yennito de anormalidades.
Vamos al contexto. Como ya dijimos, a Kiko Gómez lo condenaron en primera instancia por el homicidio del concejal López Peralta y de los dos humildes campesinos, Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, asesinados en Fonseca, La Guajira.
La Fiscalía reconstruyó la evidencia y un caso sólido que vinculó a Kiko Gómez como el determinador detrás de estos crímenes, cometidos por orden suya a través de la temida organización criminal dirigida por Marquitos Figueroa. No solo eso, esos crímenes contaron con el apoyo logístico de Kiko Gómez, quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicación. La sentencia inicial fue considerada un triunfo para la justicia en una región plagada de impunidad y violencia política. Pero la felicidad duró poco, pues una golondrina no hace verano y menos donde anida un provinciano inhumano.
La defensa de Kiko apeló la condena y el caso pasó a segunda instancia, bajo la ponencia de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien reemplazaba temporalmente a la magistrada Yenny Patricia García Otálora, que se encontraba en licencia por dos años como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, como lo demuestran documentos obtenidos por esta columna, la señora Yenny Patricia García Otálora era magistrada de la Corte Suprema de Justicia hasta enero de 2024.
Hagamos un paréntesis explicativo aquí. Las decisiones judiciales se toman tradicionalmente en dos instancias: la primera que se emite un fallo inicial, y una segunda, en la que se revisa la sentencia mediante el recurso de apelación.
La magistrada Rosero Baquero presentó un proyecto de ponencia que confirmaba la condena contra Kiko Gómez. Esta ponencia fue sometida a votación por los otros dos magistrados de la sala, los doctores Juan Carlos Garrido Barrientos y Carlos Andrés Guzmán. El magistrado Garrido aprobó la condena y, aunque el magistrado Guzmán presentó una observación, la mayoría de los votos confirmaron la pena en segunda instancia en contra del exgobernador de La Guajira. Fulminante.
Todo parecía seguir su curso normal dentro de los procesos judiciales que corresponden a una revisión de segunda instancia, hasta que se dio el giro más controvertido del proceso. Por razones extrañas, la magistrada García Otálora renunció abruptamente a su alto cargo en la Corte Suprema para regresar a su posición como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, desplazando a la magistrada Rosero Baquero.
Una vez en su anterior puesto, la magistrada García Otálora decidió volver a someter a discusión la ponencia que ya había sido aprobada, ignorando el hecho de que la decisión ya había sido votada y confirmada en segunda instancia. Extraño, en especial porque esta magistrada es autora de un libro de derecho denominado Control de garantías en el proceso penal: la segunda instancia y el principio de limitación. De pronto debería repasarlo su propia autora.
Con ese paso, se dio de facto la creación de una tercera instancia ilegal, en la que García Otálora cambió el fallo condenatorio y lo convirtió, por arte de magia, en un fallo absolutorio. Abra-Kiko-Dabra.
De esta forma, la condena por homicidio fue anulada, y Kiko Gómez quedó libre de esa sentencia de 40 años, aunque mantuvo la condena por concierto para delinquir. No solo eso, el Tribunal Superior de Bogotá también exoneró a Kiko Gómez de la autoría de los homicidios de los dos humildes campesinos. La injusticia también es para los de ruana.
El resultado de este movimiento judicial tan turbio fue claro: Kiko Gómez fue absuelto y la justicia desbaratada. En especial porque este desenlace ha dejado a muchos preguntándose sobre las justificaciones para que una magistrada vaya y venga de su puesto a su antojo, cambiando decisiones ya tomadas por una sala colegiada. La obra podría titularse: la reversa del paracaídas.
Este caso de Kiko Gómez deja el sabor de haber creado una tercera instancia que socava la certeza jurídica y permite la revisión de fallos ya consolidados. La resurrección de Lázaro quedó en pañales.
Y ese precedente puede sentar las bases para que otros casos sigan un camino similar, prolongando indefinidamente los procesos judiciales y debilitando más la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema de justicia. Como dice el dicho popular guajiro, no saben lo duro que muerde un maco, que es un sapo gigante del desierto que además es venenoso. En este caso, el maco es caco y para más señas le dicen Kiko.
En conclusión, la decisión del Tribunal de Bogotá sobre el exgobernador de La Guajira marca un antes y un después en la historia reciente de la justicia colombiana. No luce nada bien esto para la solidez de las instituciones, justo en el momento en que todas las voces, dentro y fuera del país, repiten sin descanso que Colombia requiere un sistema de pesos y contrapesos fuerte, donde la transparencia de la rama judicial es instrumental. Digamos que el fallo no está para cucharas.
@yohirakerman; [email protected]