Por estos días se ha publicado abundante evidencia de la catástrofe fiscal a que conduciría la aprobación del acto legislativo por el cual se incrementa al 46,5 por ciento la participación de los departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación.
En la carta abierta que un grupo de exministros y exviceministros de Hacienda dirigimos al Congreso nacional (cuyo texto se incluye en este artículo), puede verse la cuantificación irrefutable de la explosión fiscal hacia la cual estamos enrumbándonos con el mencionado acto legislativo. Así las transferencias en el último momento se hayan reducido al 39,5 por ciento.
Pero quizás un aspecto que no ha sido bien analizado hasta el momento es la irresponsabilidad política con la que el Gobierno Petro orientó -o mejor, dejó de orientar- la marcha de este acto legislativo en el trámite parlamentario.
Simple y llanamente el Gobierno no hizo nada para restarle alas en sus inicios a una iniciativa que, aunque no es una de origen gubernamental, no es menos cierto que ha venido tramitándose en las narices y con la tácita aprobación del gobierno Petro.
Cuando se empezaba a discutir en la comisión primera del Senado el ponente, Ariel Ávila, consultó la opinión del gobierno al respecto pero no recibió concepto alguno del Ministerio de Hacienda.
Naturalmente una reforma constitucional como esta que dirige billones hacia las entidades territoriales es un manjar inestimable para quienes ahora afirman que es un asunto meramente político y no económico. El proyecto ya corre raudo en el sexto de los ocho debates que debe tener toda reforma constitucional, y el Gobierno no hizo nada para desalentarlo a tiempo. Por el contrario: el Gobierno con su silencio le ha dado ímpetu y fuelle a este Frankenstein fiscal.
El ministro Bonilla dijo recientemente, durante las reuniones del FMI, que el Gobierno no podía hacer nada pues el acto legislativo traía mucha fuerza y lo apoyaba la mayoría del Congreso. Claro: no pueden hacer nada ahora pero cuando era tiempo de hacerlo no lo hicieron.
El ministro Cristo ha salido con la idea de que el acto legislativo que incrementa el sistema general de participaciones debe hacer parte del gran “pacto nacional”. ¿Cuál pacto? Si de este tenor son sus contenidos habría más bien qué renombrarlo como “el pacto nacional de la irresponsabilidad fiscal”
Y por supuesto el acto legislativo: nunca contó con el aval del Ministerio de Hacienda. Se dijo que puesto que era de iniciativa congresional no requería de aval gubernamental. Nueva equivocación: la reciente jurisprudencia de la corte ha dicho que cuando se trata de una pieza legislativa de peso y trascendencia fiscal sí se requiere el aval del Gobierno, así su origen haya sido parlamentario. ¿Y qué mayor peso que una enmienda constitucional en la que está en juego la sostenibilidad fiscal futura del país?
¿Qué opción queda para que dejemos de caminar con los ojos abiertos hacia el matadero fiscal? No veo sino una: que previamente, o sea antes y no después, se expida una ley de competencias en la cual se defina cuáles de las tareas que hoy viene cumpliendo el Gobierno central pasen a las entidades territoriales; que tales nuevas competencias de las que se deshace el Gobierno central se cuantifiquen esmeradamente; y que el incremento de las participaciones sea exclusivamente por ese monto.
La ley de competencias debe ser anterior y previa al nuevo acto legislativo. El cual, desde el punto de vista fiscal, debe imperiosamente resultar neutro. De no ser así, sería el suicidio de la sostenibilidad futura de las finanzas públicas.
Los argumentos expuestos en la carta que firmamos 47 exministros y viceministros de Hacienda siguen siendo válidas así se haya reducido al 39,5% el monto de las transferencias y se haya extendido dos años el periodo de transición. Por esto resulta útil transcribir en su integridad la Carta mencionada.
“Los firmantes de esta carta, que hemos tenido responsabilidades en el pasado como ministros o viceministros de Hacienda y Crédito Público, vemos con preocupación el avance que ha tenido en el Congreso Nacional el Proyecto de Acto Legislativo 018/ 2024 Senado y 437/ 2024, Cámara, por medio del cual se incrementan los recursos del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios hasta llegar a ser como mínimo al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy en día, dicha participación, tomando como base el presupuesto presentado por el gobierno nacional para el 2025, es del 25,7%.
No es un secreto la existencia de enormes inflexibilidades que enfrenta el Presupuesto General de la Nación, que explican las actuales dificultades fiscales. Según el proyecto de presupuesto para el año 2025, entre ellas están los gastos de personal ($60,2 billones), las transferencias para pensiones y asignaciones de retiro, incluyendo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ($$70,5 billones), el servicio de la deuda pública ( $112,6 billones), las destinaciones específicas de origen legal del Impuesto sobre la renta y complementarios al Sistema de Seguridad Social en Salud ($13,5 billones), al ICBF ($4,8 billones), al Sena ($3,2 billones), y a las Instituciones de Educación Superior Públicas ($6,6 billones).
Es decir, los gastos inflexibles del Presupuesto General de la Nación ascienden, según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, e incluyendo el Sistema General de Participaciones, a la suma de $362,4 billones, es decir el 113% de los ingresos corrientes proyectados por el Gobierno, aun incluyendo dentro de estos los $12 billones adicionales con los que espera contar si se aprueba la Ley de Financiamiento.
Como consecuencia, para financiar el resto de gastos de funcionamiento, como la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de la administración pública y los gastos de inversión, el Gobierno nacional no tiene otra alternativa distinta que la de endeudarse, incrementando año tras año el monto de la deuda pública.
El proyecto de Acto Legislativo agrava la situación. La inflexibilidad del gasto del Presupuesto General de la Nación aumentará considerablemente. No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación. La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se ven amenazados de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55% del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71% del PIB, establecidos en la ley 2155 de 2021.
Aun cuando es necesario cambiar las responsabilidades y competencias entre la nación y las entidades territoriales en un marco de sostenibilidad fiscal, se deben definir y cuantificar primero cuáles serán las responsabilidades que dejarán de ser de la nación y que asumirán las entidades territoriales, y allí sí, de una manera responsable, definir la distribución de recursos entre ellas.
Es necesario, por otra parte, que se adelanten reformas que permitan profundizar la tributación propia de las entidades territoriales.
Definir la participación de las entidades territoriales como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación es altamente inconveniente. Cada vez que se necesiten recursos nuevos para la nación, como muy seguramente ocurrirá de aprobarse este acto legislativo, será necesario adoptar proyectos de reforma tributaria, pero estos aumentarían automáticamente el gasto público por el incremento en el Sistema General de Participaciones. Se producirá un círculo vicioso imposible de cerrar entre los mayores tributos y el mayor gasto público.
Por lo anterior, los suscritos firmantes hacemos un llamado a los Honorables Senadores y Representantes a reconsiderar este proyecto de acto legislativo, y a que se abran los escenarios de discusión con la academia, los representantes de las autoridades territoriales y la sociedad civil, para que el país en su conjunto estudie y resuelva el escenario de descentralización fiscal que más convenga al bienestar de toda la población colombiana”.
La fórmula que se encontró en el último debate fue que nos lanzáramos al vacío del piso 39 en vez del 46. El estrellón fiscal sigue siendo inevitable.
