Yohir Akerman
22 Septiembre 2024 03:09 am

Yohir Akerman

Las dos caras del delito

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Una sentencia ejecutoriada del pasado 11 de septiembre es el nuevo elemento que enreda jurídicamente al recién nombrado presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Augusto Pachón Achury, quien no se ha podido posesionar por no tener los requisitos legales para el cargo. Pero eso son detalles. Su situación ahora no se complica por sus mentiras, o acusaciones en su contra, o incluso investigaciones, sino por decisiones judiciales que involucran prisión. Esta es la historia. 

El magistrado Javier Orlando García Angarita, del juzgado tercero penal del circuito de función de conocimiento de Tunja, condenó al señor José Isaac Torres Molina, por ser el responsable de condiciones personales y civiles en calidad de autor a título de dolo del delito tipificado y sancionado en el artículo 402 del Código Penal. Suena a jeringonza penal, pero ténganme paciencia queridos lectores. 

La condena fue por 48 meses de prisión y se impuso una multa de más de 229 millones de pesos, con una rebaja del 20 por ciento de la pena, teniendo en cuenta que el acusado aceptó los cargos, lo que terminó anticipadamente el proceso con sentencia condenatoria. 

Dicha aceptación de cargos se hizo de manera libre, consciente, voluntaria y con el acompañamiento de un abogado. Por lo tanto, se aplicó un descuento y la pena quedó finalmente en 38 meses y 12 días de prisión y multa de exactamente 183.438.400 pesos. De pronto el señor Pachón debería pensar en la misma estrategia, o empezar a poner sus barbas en remojo, como diría mi abuelita. 

Me explico. A finales de junio de este año la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Pachón Achury por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión.

Esto, ya que el señor Pachón, cuando fue representante a la Cámara, contrató al señor José Isaac Torres Molina, el mismo que ahora tiene que pagar una multa y prisión, como asistente en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, con el único propósito de pagarle, con el salario proveniente de recursos públicos, una deuda personal.

El caso lo hemos denunciado en esta columna, pero ahora con una sentencia judicial de por medio, vale la pena profundizarlo. El expediente del señor Pachón avanza en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón y ahí se indica que Torres Molina fue contratado en calidad de Asistente IV y Asesor I en la UTL de Pachón desde el 25 de septiembre de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2019, “con el propósito de saldar una obligación dineraria previamente adquirida, la cual se pagaría a partir del salario percibido por este último con ocasión de esos nombramientos”. 

La Sala de Instrucción tiene evidencias, entre otras cosas, de que el entonces representante Pachón presentó en catorce oportunidades certificaciones en las que hacía constar de manera ficticia el cumplimiento de labores en la UTL, que en realidad no eran desarrolladas por el asistente, a la división de personal del Congreso de la República. Delito de falsedad ideológica en documento público, nada más ni nada menos, realizado catorce veces por si hay dudas. 

Como revelamos en esta columna, la Corte consiguió evidencia documental del celular aportado por el ahora sentenciado culpable José Isaac Torres Molina, en donde estaban todas las conversaciones que sostenía con el señor Pachón. Es más, Torres Molina le confirmó a la Corte que nunca cumplió función alguna en la UTL. “Realmente iba a acatar los mandatos de César, que en muchos casos fue llevarles dinero a diversas personas”. 

La Corte tiene evidencia de que “el investigado (Pachón) habría obligado al denunciante José Isaac Torres Molina a solventar otras de sus obligaciones personales, para lo cual le requirió en múltiples oportunidades la consignación o entrega de dineros a terceras personas expresamente indicadas por aquel”. 

Incluso, existen audios en el expediente que muestran que César Pachón pagaba sus servicios públicos con el salario que le pagaba de su UTL al señor Torres Molina. En uno de esos le dice: “hágame un favor, pregúntemele a Paulina que, si necesita para pagar servicios o algo más cuánto necesita, y hágame un favorcito, por fa, présteme lo que haga falta y yo se lo cuadro en estos días compa cuando nos veamos. Bueno, le agradezco”. 

Fuera de la evidencia técnica, en ese caso también existen nueve testimonios que han ratificado la versión que manejan los investigadores y hablan, además, del vínculo inicial entre el excongresista y el señor Torres Molina por el cual se generó la deuda entre los dos. 

De acuerdo con la denuncia, en el año 2017, el señor Torres Molina conoció a Pachón a través de un intermediario llamado Rafael Andrés Flórez Carbono, que los presentó para que Torres Molina “facilitara su empresa denominada Dismon SAS”, para un contrato departamental. Esto con miras a que Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá en ese momento y ahora, le adjudicara, por previo acuerdo, la contratación para la iluminación navideña del Puente de Boyacá. Hasta ahí, todo son lucecitas, pero después se pone bien oscuro. 

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Como hemos dicho en esta columna, el supuesto arreglo entre las partes consistía en la elaboración de las figuras eléctricas del alumbrado por parte del afectado y la remuneración de su labor, al igual que el compromiso de Flórez Carbono y Pachón de “pagar el impuesto de valor agregado y las retenciones de la fuente a la Dian”. A todas luces asumimos que el animalito más representado entre las figuras de Navidad debió ser un conejo, esto porque ese último punto no se cumplió, ya que hasta la plata que era para la Dian la embolataron. No aprendieron de Al Capone, que también cayó por tumbarse los impuestos.  

Por estos hechos, la empresa licitante Dismon SAS de propiedad de Torres Molina recibió sanciones económicas. Para evitar que su vinculación al caso saliera a la luz, “Pachón le ofreció a José Isaac Torres Molina vincularlo a su UTL, con el propósito de suplir la referida deuda a partir de los recursos que obtendría por esa designación”. Como dice mi profesor de penal, gente que comete un delito para tapar un pecado. 

Así pasó. Sin embargo, según Torres Molina, cuando empezó a recoger los salarios de la UTL “no pudo disponer de aquellos dineros con el objetivo inicialmente propuesto, dado que una vez recibidos el investigado le ordenaba que los entregara o consignara a terceras personas para cubrir gastos propios del congresista, dejando el pago de la obligación relegado a la posterior adjudicación de otro contrato que obtendría”. Es decir, nunca le pagaron a la Dian. Y como Diana cazadora del panteón romano, donde se mueve un conejo, ahí la Dian pone la flecha.

Es más, el señor Torres Molina terminó recibiendo una orden del flamante nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural para que solicitara un crédito al Banco Bilbao de Colombia, por un monto de 80 millones de pesos para pagar con los dineros del salario del Congreso. Préstamo que, después de su desvinculación al Congreso, le tocó seguir pagando personalmente a Torres Molina, ya que Pachón se desentendió. Pachá Pachón resultó harto hampón.

Volvamos a la sentencia del juzgado tercero penal del circuito, que establece que el señor José Isaac Torres Molina, en su calidad de representante legal de la sociedad Dismon SAS, omitió el deber de pagar dentro del plazo fijado por la Dian el valor correspondiente al impuesto sobre las ventas en 2017, el mismo año del contrato, que declaró por la suma de 103.165.000 pesos y el valor correspondiente a retención en la fuente, por la suma de más de 11.000.000 de pesos. 

Por los anteriores hechos la Fiscalía imputó a título de autor, el delito de omisión de agente retenedor o recaudador el 22 de julio de 2021, y el 8 de agosto de 2022 este proceso fue conocido por el juzgado tercero penal de Tunja. El 30 de agosto de 2023 hubo audiencia de formulación de acusación y el 15 de marzo de 2024 los cargos fueron aceptados por el acusado en audiencia preparatoria. 

Aunque la Procuraduría archivó el proceso en contra de César Pachón por los mismos hechos que ahora investiga la Corte Suprema, esta nueva sentencia condenatoria del juzgado tercero penal del circuito en contra del señor Torres Molina deja nuevos elementos que se deben tener en cuenta en esa indagación en contra de Pachón. Recordemos que esa es la génesis de la razón para que Pachón contratara a Torres Molina en su UTL. 

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En especial porque el señor Torres Molina es una de las caras de la moneda de ese delito, y en cierta medida, la cara de la víctima. La otra, está haciendo de todo, hasta metiendo falsedades, para quedarse con la presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural. 

La expresión “dos caras de una misma moneda” tiene origen romano y corresponde al culto al dios Jano, en honor a quien se bautizó el mes de enero al ser el inicio del año, cuando se mira al pasado y al futuro. Las monedas romanas tenían, en una cara, la imagen de doble faz de Jano y del otro lado, un barco, simbolizando el viaje de la vida. Era el dios más antiguo de Roma, con raíces etruscas, sin equivalente en Grecia ni el Medio Oriente. Su templo se mantenía cerrado en tiempos de paz y abierto en tiempos de guerra. Representaba la eterna danza entre la víctima y el victimario, que con frecuencia se intercambian. Nada más apropiado al tema que nos atañe.

Sobre todo porque del otro lado de la moneda de ese delito, no solo está Pachón, sino también se encuentra el talante de este gobierno del supuesto cambio que, sabiendo de este escandaloso caso, le quiere entregar una de las entidades más importantes para el desarrollo del agro en Colombia, a una persona acusada de corrupción. Muy doble faz. Y un pacto, o contrato, histórico en donde están dejando que las pobres ovejas campesinas las cuide un lobo capaz de todo. 

@yohirakerman; [email protected] 

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