Durante el reciente consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro insistió en su tesis de que las tarifas finales de energía en Colombia están determinadas principalmente por los precios del mercado en bolsa. Esta afirmación, sin embargo, desconoce que dicho componente representa menos del 5 por ciento de la tarifa final que pagan los usuarios. Más allá de este punto, el mandatario propuso dos iniciativas que, aunque presentadas como disruptivas e innovadoras, han sido ampliamente cuestionadas por expertos del sector por su inviabilidad práctica y los riesgos que implican.
Subsidios por paneles:
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La primera propuesta consiste en reemplazar el actual esquema de subsidios —recursos girados por el Gobierno nacional a las empresas distribuidoras para reducir la tarifa a los hogares de estratos 1, 2 y 3— por la entrega de paneles solares a los beneficiarios, como un subsidio en especie. Esta idea, que no parece haber sido sometida a un análisis técnico riguroso, enfrenta serias limitaciones fiscales y operativas.
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Desde el punto de vista fiscal, el costo promedio de un sistema solar para un hogar tipo (4-5 personas) ronda los 30 millones de pesos. Si se destinaran los aproximadamente 6 billones de pesos que actualmente se invierten en subsidios anuales a la compra de paneles, solo podrían beneficiarse cerca de 200.000 hogares. Esto representa menos del 2 por ciento de los aproximadamente 13 millones de hogares que actualmente reciben subsidios en energía, dejando al 98 por ciento restante desprotegido frente a las tarifas del mercado, que son, en promedio del doble del valor facturado. (60 por ciento de subsidio en estrato 1 y 50 por ciento de subsidio en estrato 2).
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Además del impacto social que tendría esta exclusión masiva del programa de subsidios, el desafío logístico de instalar paneles solares en 200.000 hogares en un corto plazo sería monumental, y no existe evidencia de que el Estado o el mercado estén preparados para ejecutar un programa de esa magnitud.
Limitar ventas en bolsa al 0,5 por ciento para los generadores
- La segunda propuesta presidencial es la expedición de un decreto que limite las ventas de energía en bolsa a un máximo del 5 por ciento de la generación, obligando a las empresas generadoras a contratar anticipadamente el 95 por ciento de su capacidad. Esta medida trasladaría riesgos propios de la operación del mercado e hidrológicos a las generadoras, especialmente en el caso de plantas hidráulicas, cuya capacidad efectiva depende de condiciones climáticas variables. Si una generadora está contratada al 95 por ciento, pero, por baja hidrología, solo puede generar el 70 por ciento de su capacidad, deberá comprar el déficit en bolsa a precios elevados para cumplir sus contratos a precios inferiores, generando pérdidas potencialmente críticas.
- En 2024, dada la variabilidad en las lluvias y al tener Colombia una matriz energética principalmente hídrica esta situación hipotética habría obligado en ciertos momentos del año a los generadores a comprar energía en bolsa a más de 2.000 pesos por kWh para venderla a aproximadamente 300 pesos por kWh de los contratos de largo plazo, una distorsión que equivale, en la práctica, a una expropiación de sus ingresos.
- Ningún inversionista racional asumiría voluntariamente ese riesgo, lo que afectaría directamente la nueva inversión en generación, justo cuando el país necesita expandir con urgencia su capacidad energética para enfrentar un estrecho margen de reserva, hoy estimado en apenas el 1 por ciento.
- Si bien una eventual regulación del decreto que permita a los generadores contratar solo lo efectivamente generado (mediante la figura de pague lo generado) podría mitigar parte del impacto, el problema de fondo persiste: el diagnóstico presidencial sobre el alza en las tarifas ignora la verdadera causa estructural, que es la insuficiencia de oferta frente a la creciente demanda. En los últimos 5 años sólo ha ingresado el 17 por ciento de la capacidad nueva esperada. Esta tensión está elevando los precios tanto en bolsa como en contratos, y no se resolverá mediante medidas intervencionistas que erosionan la confianza y desincentivan la inversión en el sector.
