En las últimas semanas se han publicado varias críticas a la Corte Constitucional por sus posiciones sobre la reforma tributaria. Rodrigo Uprimny, que ya había reprochado la decisión de la Corte en relación con la declaratoria de inconstitucionalidad de la deducción de las regalías, volvió a lanzar una crítica frente a una posible sentencia que también tumbaría el impuesto al patrimonio, pues al parecer las posiciones están divididas entre cuatro magistrados que lo apoyan y cuatro que no. En su columna de El Espectador argumentó que la Corte se está lochnerizando (haciendo analogía a varias decisiones de la Corte Suprema de los años 30 en Estados Unidos), yendo en contra de la justicia social con sus últimas decisiones sobre la reforma tributaria. La primera, la de las regalías; y la segunda, la que posiblemente declararía inconstitucional el impuesto al patrimonio. En esa misma columna, y en una extensión de esta que hizo en La Silla Vacía junto con Juan Sebastián Ceballos, Uprimny presentó distintos argumentos de por qué esas demandas no deberían prosperar.
De la misma manera, otros miembros de DeJusticia publicaron un documento en el que resumían los argumentos de su intervención en el proceso que revisa si el impuesto al patrimonio se ajusta o no a la Constitución colombiana. Adicionalmente, Uprimny reforzó su primera columna con una segunda en el Espectador, en donde justificó sus críticas a la Corte después de que varios, como Bruce Mac Master y Humberto de la Calle, lo criticaran por afectar la independencia judicial por haber estigmatizado a dicho tribunal en su escrito. Más en un momento como el actual, donde podemos ver lo nocivo que es que la rama judicial no sea independiente, como ocurre en el caso venezolano. Como lo señala en esa segunda columna, los cuestionamientos a los jueces (y en específico a las sentencias) no son solo legítimos sino necesarios para asegurar la independencia judicial. Al ser uno de los poderes del Estado, la rama judicial y quienes la componen también están sujetos al escrutinio académico y ciudadano y deben rendir cuentas. Sería incorrecto pensar que solo podamos reprochar al legislativo y al ejecutivo, y que los jueces se encuentren blindados. En últimas, ellos también tienen que responder y justificar y sustentar sus decisiones. De lo contrario, serían jueces arbitrarios sin ningún tipo de control ciudadano.
En eso estoy de acuerdo. Y no solo concuerdo, sino que es una práctica común en varios países. Muchos ciudadanos y académicos, por ejemplo, han criticado a la Corte Suprema de Estados Unidos por su reciente decisión contra el aborto en Dobbs v. Jackson. Han dicho que esta Corte se equivocó al interpretar la enmienda 14 de la Constitución americana. Esos ejercicios son importantes para la práctica del derecho y para contar con una sana democracia. Además, las críticas enriquecen el debate y mejoran la práctica judicial.
La pregunta que me surge, sin embargo, es si es correcto que esa crítica se haga después de que la Corte tome la decisión (es decir, que se critique a las sentencias), como generalmente ocurre, o que se realice de manera previa como está pasando en este caso. La acción pública de inconstitucionalidad cuenta con una etapa en donde expertos pueden presentar sus intervenciones, y argumentar porqué consideran que la Corte debería o no declarar la norma constitucional. Eso ya ocurrió en este caso, y la Corte deberá analizar sí está de acuerdo o no con esos argumentos. Ya los que se encontraban a favor de la constitucionalidad del impuesto presentaron un escrito con su posición. Y si partimos de la buena fe de los magistrados del tribunal constitucional, estos van a tomarse en serio los argumentos de ambas partes para decidir el caso. ¿Por qué además de presentar los argumentos dentro del proceso, como debe ser, se está criticando a la Corte en caso de que tome una decisión que algunos consideran indeseable? Posiblemente para que tome una decisión de acuerdo con la posición que se defiende. Es, en últimas, una forma de presión. Sin embargo, ¿es correcto o deseable presionar a la Corte a través de medios de comunicación para que falle de una determinada manera? Considero que no. En esos casos, en vez de fortalecer la independencia judicial, se la está debilitando. Los magistrados, ante las presiones, pueden terminar decidiendo por presiones, por el qué dirán y no por lo que consideran jurídicamente correcto. Sin duda la libertad de expresión cobija ese tipo de presiones, pero eso no hace que no sean inconvenientes para el proceso de decisión judicial. Distinto sería el caso, si se estuvieran exponiendo los argumentos por primera vez, pues no se tuvo la oportunidad de hacerlo dentro del proceso. Presentar las posiciones que uno tiene frente a un caso, y que no se conocen, es válido y legítimo. Pero si ya la Corte las conoce: ¿está bien presionarla y estigmatizarla por no estar de acuerdo con uno jurídicamente y, consecuentemente, por no fallar como uno piensa? No creo. Más cuando la actual cabeza del ejecutivo ataca y presiona a cualquier órgano del poder judicial cada vez que cualquiera de estos cumple con el tan importante rol de hacerle contrapeso.
