Con el apresuramiento usual, que denota una buena dosis de improvisación, el Ministerio de Transporte expidió el decreto 050 del 15 de enero de 2023 por medio del cual se congelan los incrementos de los peajes este año a nivel nacional. Los que corresponden a las autoridades departamentales y municipales quedan sujetos a concertación, que según explicación del ministro de Transporte se adelantará en los próximos días.
Cuatro reflexiones suscitan esta determinación adoptada a las carreras por el Ministerio de Transporte el cual, entre otras cosas, vino a divulgar el correspondiente decreto cuando ya una buena parte de las vías que operan bajo concesión había notificado a los usuarios el ajuste autorizado por las normas contractuales.
Una primera reflexión es: ¿quién pagará el costo fiscal de esta congelación de tarifas que se estima en 600.000 millones de pesos? En el decreto mencionado y en las fragmentarias declaraciones oficiales que se conocen, se vislumbra que finalmente quien resarcirá a los concesionarios será el fisco nacional, es decir, todos los contribuyentes de cualquier condición que sean.
Nótese que acá opera un cambio muy importante: en situación de normalidad el incremento de los peajes lo habrían pagado los usuarios de las vías; en este caso quienes terminarán asumiendo el costo son todos los colombianos, independientemente de que sean dueños de vehículos o que tengan una determinada capacidad de pago. La medida, pues, entraña una protuberante injusticia fiscal.
Una segunda reflexión tiene que ver con el papel de los concesionarios. Una gran cantidad de las carreteras donde existe peaje funcionan bajo la modalidad de contratos de concesión. ¿Cuál va a ser la reacción de los concesionarios? ¿Van a demandar al Estado por haberles cambiado abruptamente las condiciones contractuales, o se van a quedar callados? Esto todavía no lo sabemos. Pero lo que sí se conoce desde ahora es que existe malestar entre quienes escogieron la vía concesional para invertir capital y esfuerzo en la construcción de obras públicas.
Una tercera reflexión está asociada a las repercusiones que esta medida va a tener sobre la seguridad jurídica del andamiaje sobre el cual se apoya la contratación pública en Colombia. ¿Los actuales concesionarios estarán dispuestos a invertir nuevos recursos en ampliaciones futuras de la infraestructura si saben que en cualquier momento puede caerles la ducha fría de una congelación tarifaria? ¿Y cuál será la reacción de los potenciales inversionistas nacionales y extranjeros, notificados como quedan con esta medida de que en cualquier momento las reglas de juego pueden ser alteradas en Colombia?
Y una última reflexión: el propósito buscado por el Gobierno puede ser defendible: luchar contra la inflación. ¿Pero es este el camino indicado para hacerlo? ¿No estamos abriendo con esta decisión del Ministerio de Transporte una peligrosa brecha hacia controles de precios mucho más generalizada?
Con la misma lógica con que en esta ocasión se congelaron los incrementos tarifarios en los peajes para 2023, podría explicarse el día de mañana un control a los incrementos en las tarifas de otros servicios públicos (energía eléctrica, etcétera). No es recomendable que empiece a controlarse el precio de algunos contratos (en este caso de los peajes), con el argumento de que ello contribuye a la lucha contra la inflación.
En esta ocasión los platos rotos de la medida los terminarán pagando los contribuyentes. Y al mismo tiempo, se ha abierto una brecha peligrosa que puede conducir a ahuyentar la inversión en nueva infraestructura o a generalizar un clima de incertidumbre jurídica de graves consecuencias.
