Cuando empiezan a aparecer las piezas del rompecabezas de lo que ha sido la labor legislativa de la última semana, aparece la figura inquietante de un gobierno que, a empellones, busca sacar al costo que sea lo que considera sus trofeos legislativos.
En primer lugar, vemos la figura del chantaje al Legislativo: si no aprueban la reforma laboral como yo la quiero, dice el Gobierno de Gustavo Petro, echaré por la vía del medio con una consulta popular que ya ha sido negada en dos ocasiones por el Senado. Este chantaje se ha planeado en el cuadrilátero del decreto por el cual se convocó la consulta popular. Y que el registrador nacional del Estado Civil en buena hora anunció que no lo aplicaría hasta tanto se pronuncien las altas cortes.
Aún está fresca la tinta de los acuerdos de la nunciatura y ya los está incumpliendo Petro.
Acusar con temeridad al registrador de “sedición” porque manifiesta con relación al decreto que convoca la consulta popular lo obvio y lo correcto, a saber, que la Registraduría no es una oficina subalterna de la Casa de Nariño. Y en relación al decreto que convoca la consulta popular, que actuará de conformidad con lo que decidan las altas cortes, es una manera inaceptable de irrespetar por parte del presidente Petro su compromiso de no agraviar y de acatar las decisiones de las altas cortes.
No se respetan los acuerdos de la nunciatura (cuya tinta está aún fresca) al acusar temerariamente al registrador de cometer el grave delito de sedición, y al desconocer de antemano a las altas cortes como jueces naturales que son para pronunciarse sobre si procede o no la convocatoria de la consulta.
Es una burda e inaceptable manera de expresarse por parte del jefe de Estado.
Los acuerdos de la nunciatura interpretados como buen juicio implican no solo que no se utilice el insulto vulgar en el diálogo político, sino también (con más razón aún) que no se recurra a la falsa denuncia como arma arrojadiza para constreñir funcionarios públicos de estar cometiendo delitos (que obviamente no están cometiendo en este caso), sino también abstenerse de descalificar de antemano a las altas cortes por cumplir con su misión.
La segunda pieza de este rompecabezas de atropellos la encontramos en la suspensión por tres años de la Regla Fiscal, a pesar de que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció en contrario, y pese a que con esta peligrosa medida no se logra otra cosa que abrir las compuertas del endeudamiento desmesurado que agravará la calamitosa situación de las finanzas públicas.
La suspensión de la regla fiscal se plasma en un acto administrativo que, como tal, es posible cuestionarlo jurídicamente ante el Consejo de Estado alegando para ello una causal muy clara la falsa motivación. La ley que regula la regla fiscal prevé que esta puede suspenderse si se presenta un hecho inesperado y de inmensa gravedad que altere la estabilidad económica. Este hecho no se ha presentado. La inestabilidad de las finanzas públicas se viene manifestando desde hace dos años, y lo único que se hace ahora es protocolizar lo que no es un hecho inesperado sino el deseo del Gobierno de endeudarse a manos llenas en los meses venideros.
En la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el ministro de Hacienda dijo, en síntesis, que no podía hacer nada ante la explosión desmesurada del gasto público.
Con lo cual los únicos instrumentos que quedan para hacer el ajuste fiscal son: una exótica reforma tributaria que buscaría recaudar 19 billones de pesos en 2026, que el Gobierno no tiene redactada aún, ni mucho menos cuantificada. Y un explosivo incremento de la deuda pública.
Esta reforma tributaria muy probablemente ni será aprobada por el Congreso ni aceptada por la opinión pública que ya no resiste más impuestos, con lo cual tenemos la evidencia de que la preocupante situación fiscal que vive el país no se solucionará en este gobierno. Esa tarea que le quedará al venidero, si es que en el entretanto los mercados no le imponen a Colombia el doloroso ajuste sin anestesia.
