Las políticas públicas y las acciones del Gobierno generalmente se examinan a la luz de su propósito explícito. Si es una reforma a las EPS, la preocupación principal es qué pasará con la salud; si es la reforma laboral la inquietud es qué pasará con el empleo y la competitividad; y así sucesivamente. Sin embargo, eso no es suficiente para entender el impacto total y real de las políticas públicas específicas. Hay que ver la sumatoria de todas estas para entender cuál es el “modelo” de Estado y de sociedad hacia donde se nos quiere conducir.
Todos los gobiernos, en alguna medida, intentan cambios estructurales y ajustes a las políticas vigentes. Hay unos que se inclinan más por lo primero y otros favorecen lo segundo. Claramente, hoy no estamos ante un gobierno que pretenda simplemente ajustes sectoriales o cambios graduales. Todo lo contrario. Estamos ante el anhelo de poner patas arriba y transformar sistémicamente la forma en que se vienen haciendo las cosas en todos los órdenes de la vida colectiva. Cuando se trata de este tipo de “revolcones” estructurales los impactos no son en el margen. Estamos ante un escenario en el que, literalmente, se trata de barajar y volver a repartir.
La primera pregunta que hay que hacerse es cómo quedará el balance entre el Estado y el conjunto de la sociedad. Sin duda, la participación del Estado en la economía ya venía creciendo como resultado de las políticas de alivio social y manejo de la pandemia. Hoy se puede ubicar en el orden del 29-30 por ciento. De tener éxito Petro con sus reformas y sus políticas, no es impensable que la participación del Estado en la economía se acerque más al 50 por ciento.
Actualmente la salud representa el 8 por ciento del PIB del país. Ese sector en buena medida terminará quedando bajo la égida oficial de aprobarse la reforma en su versión original. Igualmente, la reforma pensional dejará buena parte del ahorro pensional de los colombianos en manos del sector público, generando un inmenso crecimiento en los recursos en poder del gobierno. Hay que tener en cuenta que las pensiones representan cerca de una y media veces el tamaño de la economía.
Es sabido que toda acción gubernamental genera reacomodos y redistribuciones del poder y los recursos en la sociedad. Sin embargo, la forma más directa para cambiar la asignación de los recursos es modificando los impuestos. La reforma tributaria de Petro extrae mayor tributación de las empresas, los sectores de mayores ingresos, los profesionales independientes y el sector minero-energético. Esta reforma representa una transferencia del ahorro y el ingreso privado hacia el sector público, durante los cuatro años de Petro, que puede superar los 100 billones de pesos. A ello hay que sumarle los ingresos provenientes de la reforma tributaria de Duque que le suma otros 40 billones y las utilidades de Ecopetrol pueden ser otros 40 billones en el mismo periodo.
Esto lo confirma con toda claridad Carlos Caballero Argaez en su columna de El Tiempo cuando dice “No exagero al afirmar que el presidente Petro es el mandatario que más plata ha tenido en la historia del país… Por una combinación de factores el Gobierno va a nadar en plata en 2023… en total, el incremento de los ingresos del Gobierno en este año es de 80 billones”. Esto representa un reacomodo literalmente telúrico en las dimensiones del sector privado y el sector público, y obviamente en las relaciones entre estos. El Estado llegará a ser la mitad de la economía al final del Gobierno. Y donde está la plata está el poder. El poder y la política electoral cambiarán dramáticamente con esta transferencia masiva de nuevos recursos hacia el Gobierno nacional.
Las oportunidades económicas, la actividad productiva, la libertad de empresa, el empleo, el acceso a los servicios, la inversión, todo va a estar mediado e intermediado -de una manera u otra- por el Gobierno. Eso no solo va a significar mucha más corrupción y clientelismo, sino que también va a impactar decisivamente en la libertad de escogencia de los ciudadanos en sus vidas cotidianas y de los electores en las urnas. Un poder tan gigantesco tendrá muchas posibilidades de perpetuarse indefinidamente.
Aunque no se sabrá el destino final de esa avalancha de recursos públicos hasta que no se presente la adición presupuestal, ya hay suficientes indicios de cómo se piensa usar. Se trata de una modalidad de neoclientelismo basado en multiplicar los subsidios, ayudas, descuentos y concesiones que impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos o de grupos de interés. El populismo sabe bien el efecto de lealtad que eso genera.
A esto se le suma otra dimensión igualmente perniciosa. El Gobierno está decidido -según lo que se ve en el plan de desarrollo- a crear innumerables entidades e instituciones para entrar a regular la actividad económica y sustituir a la empresa privada que ejerce funciones públicas. De hecho, ya el presidente ha asumido poderes regulatorios -que eran hasta ahora independientes- para ser manejados directamente desde el balcón de la Casa de Nariño. El efecto a mediano plazo será un creciente corporativismo en el cual el éxito o el fracaso económico no dependerá del esfuerzo del empresario o de su capacidad de innovación sino de contar con el beneplácito del Gobierno. La subordinación resultante no solo nos condena al estancamiento y el desempleo, sino también a una dependencia de la sociedad civil del Estado altamente perniciosa para la democracia.
Aunque hay mucho más para analizar, quizás el aspecto más grave de todo este reacomodo del “Modelo Petro” es su política de paz total, su política criminal y su política de sometimiento. Esas políticas, como están siendo conducidas hoy, van a potenciar las economías ilegales de una manera nunca vista en la historia de Colombia. Bien puede llegar a ser que la sociedad que opera bajo las normas de la legalidad termine arrinconada, mientras que los carteles, las bandas criminales, los traquetos y los violentos manden la parada.
