Llamado urgente a las Cortes: la trazabilidad es un derecho fundamental

Para las organizaciones civiles ambientales, así como a las de investigación periodística, generalmente el acceso a información sobre los temas ambientales de interés público se convierte en un muro inexpugnable, similar al que se pretende al norte del río Grande por el hombre de piel naranja. Llevo años tratando de llegar a la médula de las relaciones entre la demanda comercial sobre las cadenas de suministro de carne y su efecto en la deforestación y cada vez me es más claro que se requiere tener un marco legal robusto donde esa información sea pública, transparente, de acceso fácil para todos, y en tiempo real, dentro de los mínimos que debe cumplir para estar a tono con el marco legal colombiano y sus acuerdos internacionales de comercio y derechos fundamentales. 

De una parte, seguimos empeñados en sacar adelante la ley sobre trazabilidad de la cadena cárnica en Colombia, la cual cada vez más creo que es un impostergable en la estrategia de lucha contra la deforestación, el cambio climático, la pérdida de diversidad, la protección de áreas de conservación y de los territorios étnicos y de campesinos. Pero de otra parte, seguimos teniendo una resistencia enorme al acceso a la información que dé cuenta de lo que está ocurriendo en zonas de donde provienen grandes cantidades de ganado que está siendo comercializado, ya sea en el mercado nacional, o en el internacional, especialmente de subproductos, los cuales no sólo financian la deforestación, sino la apropiación ilegal de tierras públicas, de la pérdida de gobernabilidad y democracia, así como la connivencia con sectores de economía ilegal que están bramando muy cerca. 

Lo que hemos logrado evidenciar, es que gran parte del nuevo hato ganadero nacional en los últimos seis años, se ha ubicado en la región suroriental del país, especialmente en aquellos departamentos y municipios que marcan la frontera agrícola amazónica. Sin embargo el destino final de estos animales, es aún desconocido, pues los sistemas de información sobre el  ganado en Colombia son aún cercanos a la edad de piedra, pues no tenemos aún la relación entre el sitio de origen, tránsito, y destino final del animal, como tampoco del dueño del animal, el sitio exacto de vacunación y de la finca de la cual proviene. Y a su vez, no es cruzada con la información sobre la calidad legal del suelo, en tanto no sabemos si el ganado proviene, o pasó en una de sus fases, de un parque nacional,  un resguardo indígena invadido, una zona recientemente deforestada en la reserva forestal, o tierras baldías forestales en manos de apropiadores masivos. 

Es decir, si no sabemos de dónde vienen la carne y subproductos industriales, sean estos de consumo nacional o internacional, será muy difícil contener esa presión comercial que se genera sobre los bosques públicos de la nación. No solo importa su implementación en la Amazonia, pues hoy, gran parte del hato termina cebándose en otras partes del país, aprovechando el bajo costo con que este es criado y levantado a costa de nuestros bosques. 
Por ellos, tanto el ICA, columna central de la muralla, como los grandes almacenes de venta de carne o “grandes superficies”, deben movilizarse en la dirección correcta de disponer esta información, no solo a la Fiscalía cuando esta lo requiere, sino al público general, incluyendo organizaciones civiles, de periodistas, académicas, entre otros, para garantizar que los productos y subproductos cárnicos, lleven referencia explícita al origen y trazabilidad completa del producto cárnico al que acceden los colombianos y tengan la información de debida diligencia que acredite dicha referencia explícita, que debería ser el requisito para poder exhibir “sellos de sostenibilidad”, que expresamente deberían señalar “libre de deforestación”.  Algo deberán aportar los centros de sacrificio, así como el sector bancario, como ha sido en iniciar el camino para focalizar y diferenciar su sistema de préstamos, y los esfuerzos de los industriales como la Andi, que señalan un camino a seguir entre su sector y que de la misma manera, Acopi puede adaptar. A esto, se debe agregar la información disponible del Catastro, y en el Ideam, para poder tejer la base de la malla de datos que se requiere, para que haya trazabilidad creíble en nuestro mercado, que además servirá claramente para los próximos desafíos de otros productos que en el mercado internacional, ya señalados por la Unión Europea en su ley de Debida Diligencia o el Forest Act de Estados Unidos, pretendan entrar en esas  ligas de comercio mundial. 

Me pongo a revisar sobre el marco jurídico del acceso a la información de interés público que afecta el derecho a un ambiente sano, donde la lucha contra la deforestación, la degradación y la pérdida de biodiversidad están en su máximo punto de interés global. En Colombia existe un interesante contexto, donde la Corte Constitucional ha sido reiterativa en recordar como desde la Constitución política en su artículo 20 , “ garantizar  a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial…”. De otra parte, la Corte Interamericana, señala que el “ acceso a la información tiene una relación intrínseca con la participación pública con respecto a desarrollo sostenible y la protección ambiental.” El primer relator especial de Derechos Humanos y medio Ambiente, John Knox se pronunció al respecto señalando que “ el cambio climático, pone en peligro el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos. A la inversa, para poder combatirlo, eficazmente, es necesario ejercer esos derechos, entre ellos los derechos a la información y la participación”.  Finalmente, en Colombia el derecho de los Consumidores está consagrado en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Allí se consagra, que “los  consumidores tiene derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, sobre los productos que consumen.

Creo que podría seguir mencionando párrafos enteros, incluyendo la ratificación de Escazú, la cual toca directamente el punto del Acceso a la información. Creo, que los Jueces de las Cortes, podrán hacer un camino explicito y sin recovecos, para garantizar el acceso de la ciudadanía y sus formas de organización, a la información sobre el origen de los productos y subproductos cárnicos que llegan a toda la ciudadanía, y de esta manera  hacer sinergia entre la responsabilidad empresarial, y el derecho a la decisión informada  del ciudadano  sobre el consumo de productos que no estén afectando los bosques y la salud del planeta. En ultimas, es generar un marco infranqueable para que la trazabilidad sea un derecho sin depender de los vericuetos de un Congreso impredecible, al que se le puede orientar con un marco constitucional explicito en esta materia.