La cartelización es un pacto ilícito en perjuicio o daño a un tercero que, según la Corte Constitucional, constituye un acto de corrupción. Así lo recordó la semana pasada la veeduría ciudadana Todos por Medellín, cuando dio a conocer el resultado de una investigación que duró once meses y con la que lograron evidenciar que en la capital antioqueña se habría configurado otro carrusel de la contratación en Colombia.
Lo que presuntamente se hizo en Medellín es una práctica, no por todos conocida pero sí bastante denunciada en otras regiones y en algunos medios de comunicación, que consiste en entregar miles de millones de pesos de los entes territoriales a entidades que se crean para solucionar problemas y necesidades básicas de cada región, pero que terminan convirtiéndose en ‘contrataderos’ que después adjudican procesos a dedo, saltándose la Ley 80.
Esos ‘contrataderos’, en muchas ocasiones, cuentan con recursos tanto públicos como privados, es decir, pueden ser entidades mixtas, y reciben el dinero a través de los famosos contratos interadministrativos que no tienen los mismos requisitos ni exigencias que tiene un proceso contractual normal o una licitación con la que se busca garantizar la libre competencia.
Lo que vemos ahora en Colombia es que una vez la plata llega a manos de esas afortunadas entidades, se están entregando importantísimos proyectos para la ciudadanía a redes empresariales que se ponen de acuerdo para ganar; que en muchos ocasiones tienen los mismos dueños aunque aparenten ser competidores; que se crean de un día para otro; que no tienen sedes físicas ni músculo financiero y que, por supuesto, no son idóneas para ejecutar.
Lo que se denunció en Medellín, por ejemplo, no es menor. Según Todos por Medellín, tres entidades de la administración actual, que son nada más y nada menos que la Alcaldía, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá le entregaron casi 400.000 millones de pesos en contratos interadministrativos entre 2020 y 2023, a una empresa municipal llamada Metroparques, que, en su página web, dice tener como objetivo el aprovechamiento de la industria del entretenimiento, a través de la prestación de servicios en parques, alquiler de espacios, producción y comercialización de alimentos y bebidas.
De esos 400.000 millones de pesos, la veeduría revisó un total de 280.000 millones de pesos y encontró que un poco menos de la mitad de esos recursos fueron entregados posteriormente por Metroparques, a través de convocatorias, a ocho redes empresariales que se habrían organizado para repartirse los procesos.
En dicha investigación hay patrones que se repiten y que claramente evidenciarían la colusión en los procesos de contratación que se adelantaron. Por ejemplo, se habla de convocatorias en las que se presentaban tres empresas supuestamente a competir pero que tenían vínculos administrativos y hasta familiares. En otros casos se elegía a una firma, mientras que otra que estaba participando en el proceso y no ganó, era después contratada para hacer la interventoría.
El descaro con estas prácticas se pone peor. En otro contrato, Todos por Medellín descubrió que la empresa que no resultó elegida fue subcontratada por la ganadora y que entre todas las compañías que tenían relación entre sí habrían manipulado el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder rotarse los contratos: tú te quedas con uno, yo me quedo con otro.
Esas actuaciones ilícitas fueron subestimadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. No le importó que el resultado de este cartel, que tiene todo el sustento en los documentos que son públicos y están colgados en el Secop, sean, como lo advirtió la veeduría, ciudadanos que hoy padecen zonas verdes en mal estado, parques recreativos con mantenimiento precario, atención indigna en Presupuesto Participativo, y altos sobrecostos para la prestación de diversos bienes y servicios.
Aunque estamos hablando de 400.000 millones de pesos que son de los medellinenses, el alcalde prefirió centrar su defensa en el ataque a una de las mejores periodistas que tiene su ciudad. Ana Cristina Restrepo es una de las colegas que más ha dedicado su tiempo a hacer control y vigilancia a diferentes administraciones, como le corresponde al periodismo, y con su seriedad y rigor en las investigaciones ha logrado proteger el patrimonio público.
Por eso, no deja de llamar la atención que ahora la utilice Quintero como un caballo de batalla para seguir estigmatizando a los medios que lo cuestionan. Preocúpese mejor alcalde por revisar lo que está pasando en Metroparques y si usted no tiene nada que ver con ese cartel, entonces pida que investiguen a los responsables y termine con esa corruptela, porque eso fue lo que prometió hace cuatro años.
Otro caso que deberían investigar urgente los entes de control es el de Norte de Santander -ya decíamos que estos carteles empresariales en contratos públicos están por todo el país-. Allí y tras investigaciones hechas por mi colega, Mauricio Beltrán de W Radio, se ha descubierto que a través de la empresa industrial y comercial del Estado, Faro del Catatumbo, se han repartido miles de millones de pesos a empresas que también conforman una red manejada por personas muy cercanas a esta y la anterior administración.
La W Radio tomó una muestra de 18 contratos firmados entre el 30 de marzo y el 28 de junio de 2023, cuyo valor asciende a 176.000 millones de pesos, y encontró licitaciones de único proponente, invitaciones directas, valores de contratos que no concuerdan y nombres que se repiten en uno y otro consorcio. Incluso, aparece un cuñado del jefe de seguridad del gobernador, Silvano Serrano, y lo más grave es que se trata de procesos para ejecutar obras de infraestructura vial y hasta educativa. ¿Hasta cuándo vamos a dejar en manos de estos mañosos contratistas los recursos y los proyectos más importantes para la población civil?
Termino con el caso de Cali, que no se queda atrás. Desde 2021, se ha denunciado, sin resultados aún, la entrega de más de 63.000 millones de pesos a consorcios en los que están las empresas de Christian Moreno Herrera, primo del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina. Este personaje, a los ojos de todo el mundo, ha sido favorecido en contratos con la Secretaría de Deporte y Recreación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y la Secretaría de Salud.
En la mayoría de los procesos que se ha ganado el pariente del alcalde se repite la misma figura: uno o máximo dos proponentes en cada licitación, afectando la concurrencia; consorcios con empresas que no cuentan con la experiencia o no tienen la capacidad financiera; y, en algunos casos, compañías que para unos proceso son competidoras, pero en otros son socias.
Esos son los carteles de contratación que hoy abundan en el país y no se entiende por qué nadie ha hecho nada para ponerles freno. Aunque está demostrado que a través de entidades públicas en las regiones se le está haciendo conejo a todas las normas e incluso hay personas en la cárcel por haber entregado procesos así, ninguna autoridad, en ninguna de las ramas del poder, se ha puesto la camiseta para acabarlos de una vez por todas.
Estamos ad portas de elegir nuevos alcaldes y gobernadores. ¿Seguirá esto igual o por fin vamos a votar por aquellos que de verdad luchen contra la corrupción y no permitan usar como caja menor los recursos que son de todos? Ya es hora de ponerle la lupa a un fenómeno con el que realmente se está desangrando al país.
