Hace algunas semanas me encontré en la antesala de un consultorio médico con un amigo que es también miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Estaba muy eufórico y me dijo: acabamos de derrotar en la junta a los sabonarolas ambientalistas que hay allí. se aprobó que Ecopetrol aceptara la oferta que le ha formulado Oxxi para acrecentar la asociación que tenemos en Estados Unidos con esta compañía para explorar y explotar hidrocarburos en el llamado Permian, donde utilizando sistemas de fracturas mecánicas se han logrado resultados extraordinarios.
La decepción de mi amigo no debió ser inferior a la mía cuando, esta semana, nos enteramos que el presidente Petro creyéndose facultado para todo, así sean la ejecución de sus caprichos, vetó la nueva operación de Ecopetrol con Oxxi.
Una primera observación que hay que hacer es que el presidente de la república NO tiene facultades legales para echar atrás una decisión adoptada por la mayoría de la junta directiva de Ecopetrol. La decisión había sido tomada por una mayoría de 7 a 2.
El hecho de que el Estado colombiano sea el accionista mayoritario de Ecopetrol no le otorga al jefe del Estado facultades de veto. Y mucho menos tratándose de una empresa que como nuestra petrolera tiene más de 200.000 accionistas privados.
Es decir, es una empresa de economía mixta donde la gobernanza empresarial comienza por el respeto de las decisiones que tome su junta directiva.
Ecopetrol no es ni una caja menor ni mayor de la Presidencia de la República, y por lo tanto las interferencias presidenciales como esta son perfectamente inaceptables.
Pero además: algunos datos adicionales permiten apreciar lo disparatado y costoso que resulta este veto presidencial: el proyecto hubiera permitido aumentar en 65.000 barriles diarios la producción de Ecopetrol. Tanto la producción como las reservas que se obtengan en el campo ubicado en territorio norteamericano se registran como de Ecopetrol en su contabilidad.
El aumento de producción que se frustró con este abrupto dictamen presidencial era equivalente al 9 por ciento de la producción total de la petrolera; las reservas probadas de Ecopetrol habrían subido 9 por ciento en un momento en el que resulta altamente preocupante el declive de las mismas.
El capricho presidencial se apoya en razones ambientales; pues bien: el índice de carbono de este proyecto era de 8, mientras que el promedio de los campos operados por Ecopetrol en Colombia es de 63,9.
La fobia del Gobierno Petro que no se apoya en razones científicas sino en prejuicios, nos está llevando a la indefensable paradoja de que los caprichos presidenciales le impiden a Ecopetrol participar en un rentable negocio del que se esperaban utilidades del 14 por ciento, para tener en breve tiempo que importar mucho más gas natural proveniente seguramente de yacimientos ubicados en regiones foráneas donde se utiliza el sistema de la fractura mecánica. Pero que acá hemos resuelto prohibirlo porque preferimos importar hidrocarburos de otros países comenzando por los Estados Unidos, donde la política energética no está regida por caprichos infundados ni por prejuicios indefensables.
