Examinar cuidadosamente las fuentes históricas puede aportarnos un marco temporal más amplio para identificar los determinantes sociales de la desnutrición entre la población indígena de La Guajira. En febrero de 1773, el indígena Agustín, proveniente de Portete, se quejaba ante las autoridades de Riohacha, en nombre del capitán Santiaguito, de que en ese lugar estaban “faltos de todo” porque no entraban embarcaciones, y pedía que fuera hasta allá una balandra para abastecerlos. Al igual que sus vecinos criollos, la población indígena de la península se veía estacionalmente necesitada de productos alimenticios que usualmente obtenía en los poblados hispanos o a través del contacto con los ingleses y holandeses a los que suministraba también carne de ganado y tortugas marinas. Durante los largos periodos de sequía, una fuente importante de acceso a los alimentos eran las provisiones traídas en las bodegas de las naves extranjeras.
Algunos medios de comunicación contribuyen a la propagación de estereotipos simplistas que empobrecen un análisis sosegado de las causas de la desnutrición. Prejuicios como el de afirmar que los niños mueren debido a que los adultos indígenas tienen prelación en el acceso a los alimentos son un ejemplo de ello. No todos los niños wayuu se encuentran en mismo nivel de riesgo frente a la desnutrición. La disposición diferencial de bienes materiales entre la población indígena es un factor para estudiar. Existen grupos familiares comparativamente ‘ricos’, mientras que otros se encuentran en el límite de la subsistencia. Determinantes sociales como el nivel educativo, la pobreza, el género, el acceso al agua, la presencia institucional, la desconexión del sistema alimentario con el territorio y la carencia de vías terrestres, entre otros factores, requieren ser abordados con mayor profundidad.
El hambre y las consecuencias de esta en la población indígena es estacional y se agrava durante los prolongados veranos. Los factores climáticos y los cambios en este sentido incidirán de manera aún más significativa en la situación. Es conveniente comprender las distintas formas de aprovechamiento que los habitantes del territorio guajiro hacen de los recursos existentes en este y su respuesta a los ciclos estacionales de lluvia y sequedad, cuyas variaciones en tiempo e intensidad significan profundos retos para la permanencia de humanos y animales en las distintas áreas de la península. En consecuencia, grandes retos académicos e institucionales son los que sirven para identificar los tipos de familias indigenas que son más vulnerables y los territorios en los hay una mayor incidencia de las muertes por desnutrición. Como el fenómeno no es estático, una tarea clave es la de establecer la dinámica espacial y temporal de estas muertes.
En el marco del trámite de la Sentencia T-302 de 2017, la Defensoría del Pueblo y las distintas autoridades indígenas que participaron en el proceso allegaron a la Corte Constitucional varias recomendaciones, con distintos grados de concreción, para solucionar la crisis del hambre de los niños wayuu. Dentro de las propuestas mencionadas en el anexo III, se sugiere la creación de un equipo científico encaminado a que se “adopte un plan de acción científico, estructural inmediato, mediano y largo plazo, para salvar vidas de seres humanos y con un protocolo ético de informar sobre la problemática” relacionada con el fallecimiento de niños. En cumplimiento de esta iniciativa, avalada por la Corte Constitucional dentro de un Plan Provisional de Acción, el ICBF convocó esa Comisión de carácter técnico y científico para abordar los determinantes y causas sociales, así como las comunitarias, institucionales y culturales asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira.
Esta Comisión Asesora Científica iniciará su trabajo en el presente año con el acompañamiento de Unicef y tendrá un carácter independiente. Está conformada por médicos pediatras y epidemiólogos, especialistas en ciencias ambientales, economistas, psicólogos y antropólogos. No sólo enfocará su labor desde estas disciplinas, sino que también valorará la perspectiva de los saberes ancestrales y culturales y formulará alternativas de solución sostenibles e integrales para prevenir y superar las afectaciones a la salud o a la vida derivadas de la desnutrición en un territorio con indicadores en descenso, pero que continúan siendo alarmantes.
Es conveniente recordar que, según el Instituto Nacional de Salud, durante el año 2023 se registraron en La Guajira unas 70 muertes confirmadas de niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición. Al 31 de diciembre del 2024, las muertes probables entre la población mencionada llegaron a 50, de las cuales 38 están confirmadas y 12 en estudio, una cifra menor que la del año anterior.
El aporte de La Guajira a la mortalidad de menores de cinco años por desnutrición en el territorio colombiano fue significativo con un 22,7 por ciento de esas muertes. Esta cifra sigue constituyendo una autentica emergencia nacional.
