Aunque la Paz Total nació muerta, sus funerales tuvieron lugar en la tarima de La Alpujarra tres años después.
Aunque durante estos tres últimos años hubo algunos intentos para revivirla –tenemos que suponer que de buena fe–, nunca fue posible.
Desde su nacimiento adoleció de una enfermedad incurable: la improvisación total.
Y resulta que un proceso de paz, cualquiera que él sea, debe prepararse meticulosamente: tanto en sus procedimientos como en su logística.
Nada de eso hizo el Gobierno de Gustavo Petro. Se creyó que la paz iba a surgir por generación espontánea del increíble pantanero de improvisación jamás visto que es el ambiente en que le gusta trabajar a este Gobierno.
Nunca hubo líneas rojas, nunca un equipo especializado preparando cada paso que se daba, nunca una ley de sometimiento, nunca persistencia y, por el contrario, constante contradicción entre lo que se anunciaba y lo que se hacía. Se vivió al diario de los impulsos presidenciales sin que hubiera nunca una mirada coherente y de conjunto para donde íbamos.
Se quiso negociar con muchos a la vez: no se terminó haciéndolo bien con ninguno.
Las oficinas de los comisionados de paz – que se cambiaban y se desautorizaban a menudo– eran paupérrimas, no tanto en recursos económicos sino en coherencia de propósitos. Se otorgaba el título de gestores de paz como quien reparte golosinas en una piñata de reclusos.
Nunca siquiera se tuvo en claro que a los grupos alzados en armas el Gobierno –como requisito previo para sentarse a negociar con ellos– les debía exigir como condición indeclinable el compromiso solemne de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que desde los protocolos de Ginebra de mediados del siglo pasado prohíbe todo atropello contra los civiles no combatientes. Como es el caso del secuestro extorsivo, las minas antipersonales, el reclutamiento de niños o el confinamiento de poblaciones civiles, lo que ha sido la práctica constante en el Chocó por parte del ELN. Nada de esto se negocia. El respeto al DIH es un compromiso solemne y previo antes de abrir cualquier mesa de negociación.
Lo que sucedió en sus funerales –en la tarima de La Alpujarra– es bien diciente: se creyó que haciendo una estridente rueda de presos en medido de consignas y gritos se iba a avanzar en la “paz urbana”. Resultó todo lo contrario y fue contraproducente. El Gobierno mostró el cobre de su improvisación y, claro, no resultó en nada distinto al repudio nacional.
Una arrogante senadora –la encargada de coordinar los diálogos urbanos “socio políticos” –que así se llaman las conversaciones que desde hace dos años vienen desarrollándose en Medellín, Buenaventura y Quibdó con los combos de los jefes más truculentos de las bandas urbanas– salió a decir que aquello era valioso porque el diálogo de La Alpujarra se había hecho voz en cuello y de cara al país.
Y entonces: ¿los diálogos que han venido haciéndose durante los últimos dos años en el silencio de los muros penitenciales, de espaldas esos sí al país, eran plausibles?
Pero el desconcierto total llegó cuando el presidente Petro invitó a la fiscal general de la Nación para que fueran juntos a la cárcel de Itagüí y solicitar allí “privilegios especiales” para los condenados, como si en las cárceles distribuyeran privilegios diferentes a los que la ley criminal vigente permite otorgar a tan truculentos personajes.
Olvidó el Gobierno que ha sido él, por desidia o designio, el que lleva dos años sin tramitar la ley de sometimiento de la delincuencia urbana. La Corte Constitucional ha dicho con todas las letras que mientras esa ley no se expida se puede dialogar con los representantes de los combos urbanos pero que no pueden concedérseles privilegios especiales.
Como los que parecen desear para ellos ahora Petro y Zuleta, sin que previamente se haya expedido una ley de sometimiento que le fije marco y pauta a las conversaciones de la paz urbana. Esa ley es la que debe decir hasta dónde puede ir cualquier nueva ventaja que se les otorgue, más allá de los mínimos que señala la legislación criminal y carcelaria vigente.
Desde luego, no solo es atribuible al desorden y a la falta de planificación absoluta del Gobierno el fracaso de la Paz Total. La repudiable arrogancia del ELN, de 'Iván Mordisco' y los del Clan del Golfo han sido en el fondo la causa central del fracaso marcado por el telón de fondo del narcotráfico.
Se ha juntado, pues, el deseo de no hacer la paz por los grupos alzados en armas, y la improvisación lastimosa del Gobierno, que no ha logrado concretar nada específicos con estos grupos.
Se perdieron cuatro años para el pueblo colombiano, que tiene el derecho constitucional a la paz. Entre la improvisación gubernamental y la arrogancia guerrillera se ha escamoteado ese derecho.
