El escándalo comenzó luego de que CAMBIO reveló que el ‘zar del contrabando’, Diego Marín, logró meter 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Vinieron luego las explicaciones oficiales, según las cuales el entonces candidato ordenó devolver el dinero al indeseado financiador de su campaña a la Presidencia.
Pero ese fue apenas el principio. Luego se sabría, a cuentagotas, que las relaciones políticas de Papá Pitufo eran mucho más amplias de lo que imaginábamos.
Al mejor estilo del viejo cartel de Cali, el ‘zar del contrabando’ habría hecho la tarea de tejer alianzas con políticos codiciosos como él para hacer de manera tranquila sus negocios ilegales.
Eso es por lo menos lo que indican hasta ahora las investigaciones contra Papá Pitufo, cuyo poder de penetración es tan grande que hoy, después de todo lo que sabe de él, tiene contratos de servicios logísticos con ocho entidades del Estado, a través de testaferros, según reveló en entrevista con CAMBIO el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Y Daniela Toloza, la pareja del hombre clave de Papá Pitufo en las relaciones con los políticos, el abogado César Augusto Valencia, está vinculada a una firma que actualmente tiene un contrato de servicios con una empresa intervenida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según reveló a este medio el director de la UNP.
Esa empresa es Casa Grajales, que fue tomada en el 2005 por la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE), luego de que se comprobó que el extinto capo del Cartel del Norte del Valle, Iván Urdinola Grajales, había invertido en ella grandes sumas de dinero.
De acuerdo con Augusto Rodríguez, en la SAE ya están al tanto de esa situación y están tomando medidas.
“Pero ellos (los testaferros de Papá Pitufo) se mueven, se siguen moviendo”, indica el director de la UNP.
Es evidente que falta mucho para desentrañar la red de complicidades que tejieron ‘el zar del contrabando’ y sus agentes de confianza con políticos
Un dato no menor en las relaciones de Papá Pitufo con congresistas es que César Augusto Valencia y Freddy Camilo Gómez (otro lobista del ‘zar del contrabando’) hayan realizado 54 visitas al Congreso entre 2014 y 2024, como lo documentó el medio Vorágine.
Valencia tiene entre sus antecedentes la militancia en las juventudes del Partido de la U y habría trabajado con la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Todo lo anterior sin contar las indagaciones previas que tiene la Corte Suprema de Justicia sobre al menos 30 congresistas, excongresistas y actuales funcionarios del Gobierno --como el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, y el ministro del Interior, Armando Benedetti--, por supuestamente presionar nombramientos en las aduanas de Buenaventura, Cali, Cartagena y Barranquilla, como lo ha denunciado con mucho temple el exdirector de esa entidad y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes tras su salida de esos cargos.
El exministro ha dicho ante la Corte que, a raíz de su negativa a nombrar en las aduanas a los recomendados de varios congresistas, en 2023 votaron a favor de una proposición para quitarle 200.000 millones de pesos a la Dian de una adición presupuestal original de 300.000 millones. Lo que le restaron a esta entidad, se lo sumaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), una entidad que entregó coimas a varios legisladores.
Reyes afirmó, además, que desde el Congreso comenzaron a citarlo a debates de control político y le promovieron una moción de censura. Son los típicos mecanismos de extorsión en las corporaciones de elección popular cuando los funcionarios no acceden a sus peticiones.
El exministro ha hablado ante la Corte Suprema de 21 congresistas que le pidieron puestos, y según documentó La Silla Vacía, de esos, 13 participaron en las presiones contra él. No solo apoyando la reducción del presupuesto para la Dian, sino también citándolo a control político y/o respaldando la moción de censura en su contra, que fue encabezada por el senador de En Marcha Jairo Castellanos, quien se habría molestado porque no le nombraron a un recomendado en la aduana de Cúcuta.
Vale la pena resaltar que los mencionados hasta ahora son integrantes de otros seis partidos, además de En Marcha. Y ninguno de los jefes de esas colectividades, figuras notorias de la política, ha dicho hasta ahora nada.
La lista del silencio la encabeza la dirección del Partido Conservador, con siete nombrados por el exdirector de la Dian: los senadores Efraín Cepeda, Liliana Bitar y Juan Samy Merheg, y los representantes Armando Zabaraín, Daniel Restrepo, Ángela Vergara y Alejandro Martínez.
Le sigue Cambio Radical, partido al que pertenecen cuatro de los congresistas previamente investigados por la Corte: los senadores Édgar Díaz y Carlos Mario Farelo, y los representantes Mauricio Parodi y Carlos Cuenca.
Del Partido de la U salieron a relucir el senador Juan Carlos Garcés y los representantes Saray Robayo y Wilmer Carrillo. Y por el Centro Democrático, el senador Enrique Cabrales y los representantes Óscar Darío Pérez y Yénica Acosta.
Por el lado del Partido Liberal, dos representantes han sido mencionados por el exministro Reyes: Leonardo Gallego y Silvio Carrasquilla. A estos se suma el senador Juan Diego Echavarría, autor de la proposición para restarle plata a la Dian.
Finalmente, sale a relucir la representante de Alianza Verde Olga Lucía Velásquez.
¿Podrán demostrar algunos de ellos que sus decisiones en el Congreso no tuvieron nada que ver con el lobby de allegados a Papá Pitufo? No hay que descartarlo. Pero el hecho es que, por decir lo menos, han actuado como típicos clientelistas que castigaron al exministro Reyes por resistirse a sus peticiones.
