Una decisión del pasado 18 de septiembre de la comisión seccional de disciplina judicial del Valle del Cauca dejó en firme una sanción con inhabilidad y destitución a dos de los tres funcionarios conocidos como los narcofiscales. Los mismos que la exvicefiscal de la administración anterior protegió, y quienes estaban involucrados en la operación de encubrimiento del asesinato del fiscal antimafia. Paren bolas porque la historia es complicada, hay que recordar detalles, todo para que se siga haciendo justicia.
El caso ha sido denunciado en esta columna. Y empieza a mediados del año 2018 cuando se inició una investigación que involucraba a tres reconocidos narcotraficantes en el Valle: Eduard Fernando Giraldo, alias Boliqueso; Carlos José Robayo, alias Guacamayo y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino. Si se imaginaron un guacamayo, comiendo boliqueso sobre un fino mueble, por favor concéntrense queridos lectores, que esto se pone denso.
Durante esa investigación, el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali, el señor Alcibíades Libreros Varela, conocido internamente por sus colegas como el “fiscal antimafia” por su implacable mano ante los narcos, encontró algo grande. Se trataba de estrechos vínculos de agentes del CTI de Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali, con estructuras de tráfico de estupefacientes y otras actividades criminales. Malaventura.
Mientras Libreros empezó a avanzar en la indagación que demostraba esas relaciones, que obviamente no le convenían a miembros de la entidad de investigación del Valle del Cauca, y menos a las estructuras de narcotráfico, fue víctima de un atentado que acabó con su vida.
El 29 de diciembre de 2019, a la 1:13 de la tarde, el fiscal especializado de crimen organizado recibió dos disparos, uno de ellos fulminante en la cabeza. El tiro fue justo en el momento en que se encontraba en su vehículo, esperando la luz verde de un semáforo.
Las imágenes provenientes de cámaras de seguridad muestran a un hombre que corre hacia la ventana del pasajero, le dispara al fiscal Libreros, en ese momento de 58 años, y huye de la escena en el asiento trasero de una motocicleta, en la calle 5 con carrera 66, en el barrio El Limonar, en el sur de Cali. El fiscal acababa de salir de una cafetería, donde lo estaban vigilando.
En la mañana siguiente, miembros de la Policía hallaron el arma con la que se habría cometido el homicidio y procedieron a realizar las pruebas de dactiloscopia necesarias para dar con los responsables del crimen. Todos sospechaban que el asesinato del fiscal antimafia estaba relacionado con el avance de las investigaciones que tenía a su cargo.
Incluso, su hermana, Carmenza Libreros, denunció que le habían quitado el esquema de protección hacía un año, a pesar de que ejercía una labor de alto riesgo. Nada más riesgoso en Colombia que investigar la verdad. Según ella, Libreros estaba pidiendo desde hace varios meses que le volvieran a asignar un esquema de seguridad, en especial por los casos que estaba llevando en Cali, Buenaventura y otras ciudades del Valle del Cauca. La solicitud quedó en letra muerta y el fiscal antimafia murió con ella.
Para adelantar la investigación del asesinato de Libreros fue encargado el fiscal 47 seccional de Cali, Jorge Iván Ríos García, quien estaba de vacaciones en Pereira. Acá aparece en la historia la exvicefiscal Martha Mancera, quien, para ese momento, ya había ascendido de la Dirección de Fiscalías en el Valle y se había convertido en la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la entidad.
Según fuentes consultadas, Ríos García fue visitado por Mancera para tener directrices del manejo de ese caso, sin duda una muy importante investigación. Se desconoce el contenido de esa reunión y los detalles de la conversación, pero se sabe que, tan solo dos semanitas después, Ríos resolvió el misterio, demostrando que ese crimen tan elaborado, se trató de un simple hurto. Todo por cuenta de una cadena de oro que tenía puesta el fiscal antimafia.
La eficacia de la justicia no paró ahí. Por esa indagación tan fulminante, el 18 de febrero de 2020, menos de mes y medio después del asesinato, se logró una sentencia, en la que fueron condenados los señores Edison Fajardo Angulo, supuesto cabecilla de una banda de asaltantes de joyas; y Álvaro Preciado Quiñones, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibiendo 27 años de cárcel cada uno.
Pero después de eso, le empezó a entrar el agua a esa investigación. La primera razón, porque según la familia Libreros, el fiscal antimafia nunca tuvo un objeto de valor, ni una joya, y menos una cadena de oro. Nunca. Lo que tenía puesto era un escapulario de acero. Como por arte de mafia, nada por aquí, nada por allá, se materializa al revés el milagro alquimista de convertir el oro en plomo. En especial porque todos sabemos que nadie mata a alguien para robar un escapulario de acero.
Fuera de eso, la procuradora judicial II, la doctora Martha Inés Restrepo Saavedra, en un juicioso y valiente trabajo, dejó su desacuerdo en el expediente. Registró su disconformidad con el hecho de que se determinara que el caso había sido resuelto, en tan corto tiempo, sin establecer realmente que los motivos para asesinar al fiscal Libreros fueron otros, mucho más oscuros.
El Ministerio Público realizó un análisis sobre los elementos presentados y expresó inconsistencias en la investigación de la Fiscalía, que concluyó que se trataba de un hurto cometido por ladrones inexpertos. A la Procuraduría esto le pareció un asesinato realizado por sicarios muy versados y no le es claro por qué el afán de los fiscales de presentarlo como un hurto. La razón, que se cae de su peso, era no generar preguntas sobre lo que Libreros venía investigando.
Según el ente de control, para los que han trabajado en investigaciones de bandas criminales, especializadas en el hurto de joyas y elementos de valor, es claro que los criminales poco se equivocan con respecto a quién lleva objetos costosos para ser hurtados, como relojes originales o cadenas de oro.
Fuera de eso, en los videos que presentó la Fiscalía para las audiencias de capturas e imputaciones, se observa claramente que los asesinos estaban haciendo un cuidadoso seguimiento a la víctima. Por eso se sentaron junto a él en la cafetería, para posteriormente asesinarlo en su vehículo. Es decir, tuvieron todo el tiempo y posibilidad de establecer si el fiscal Libreros llevaba consigo una cadena de oro, o un escapulario de acero, como dijo su familia. Esto deja claro que la modalidad que usaron los ladrones no era una característica de atracadores, sino de sicarios.
Por eso volvamos al fiscal que hizo la rápida, eficaz y equivocada investigación. El señor Jorge Iván Ríos García terminó acusado un año después de eso como un narcofiscal. Repitamos. El fiscal que realizó la investigación del asesinato del fiscal antimafia que estaba investigando los vínculos de la Fiscalía con los narcotraficantes, que concluyó rápidamente que fue un hurto y no un asesinato, fue posteriormente investigado y encontrado culpable de ser vínculo de la Fiscalía con los narcos.
Así como se oye. El 7 de febrero de 2021, se determinó que el capo del Cartel del Norte del Valle, alias Mueble Fino, tenía en el bolsillo a varios fiscales de Cali, con el objetivo de proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios acusados en ese momento fueron Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional. Ríos de impunidad.
Por eso regresemos a la decisión de la comisión seccional de disciplina judicial del Valle del Cauca del pasado 18 de septiembre, conseguida en exclusiva por esta columna. En la sección de antecedentes fácticos de ese fallo se establece: “En cuanto al doctor Aguirre o alias El 10, señalan que se encontraría implicado en el asesinato del también fiscal Alcibíades Libreros, por cuanto éste había sido uno de los primeros fiscales que descubrió los falsos positivos que se fraguaban en las fiscalías especializadas (a cambio de) coimas al estilo de Jorge Iván Ríos. (…)”.
Según ese documento, el fiscal Libreros descubrió “que Iván Aguirre, Ana Victoria Nieto, y otros funcionarios especializados, policías judiciales de la Sijin y CTI y superiores de la Policía estaban en la nómina de reconocidos cabecillas de bandas delincuenciales (…) y que esa era la razón porque lo habían matado y por la que se había corrido a resolver el caso en tiempo récord”. La justicia que no cojea, sino que corre, pero jamás llega.
El texto añade que “al doctor Aguirre y sus secuaces les pagaban para que, con la complicidad de abogados, desaparecieran pruebas, alteraran informes de policía judicial, realizaran preacuerdos irrisorios o presentaran casos sin pruebas y con las suficientes inconsistencias jurídicas y procesales para que los dejasen libres o los juicios se cayeran”. Fechoría General de la Nación.
El origen de este proceso disciplinario fue un documento de denuncia en contra de estos probados delincuentes que trabajaban dentro de la Fiscalía. El escrito anónimo recibido en la Corporación acusaba a los funcionarios judiciales “…de concertarse para cometer distintas conductas punibles con relevancia disciplinaria tales como determinar falsos testimonios en actuaciones judiciales, omitir actos propios de sus funciones dentro de los aludidos procesos, inducir a error a jueces de la república y recibir dinero para retardar u omitir actos propios de sus funciones”. No eran ratones cuidando el queso, sino manejando la fábrica de queso. Quesos Vergonzola.
En la denuncia se establece que el modus operandi de estos funcionarios era que a quienes representan un peligro para ellos o no se prestaran para sus pretensiones delictivas, le sembraban pruebas simuladas con falsos testimonios, “desacreditando a los investigadores y policías judiciales e instaurando falsas denuncias para luego recusarlos o generar causales de impedimento o falta de credibilidad; alterando y desapareciendo el material probatorio, comprando testigos, extorsionando o chantajeando a los jueces que se interpusieran. Todo con respaldo de sus superiores jerárquicos con poder”.
Por estos elementos se les investigó a estos funcionarios por delitos como concertar con otras personas para cometer crímenes indeterminados, prevaricato, amenazas, inducir en error a jueces, omitir judicialización de delincuentes, recibir sobornos, fraude procesal, determinadores de falsos testimonios, cohecho propio y amenaza a testigos. Una pendejadita.
A estas acusaciones se suma lo que se contó en esta columna, de una declaración juramentada de una abogada de narcotraficantes en Cali que corroboró partes de esta versión y acusó a la exvicefiscal Martha Mancera de, presuntamente, estar conectada con esa red criminal.
La abogada Ruth García Rojas se presentó el 23 de septiembre de 2022 ante la Fiscalía para hablar sobre estos hechos. Rojas, fuera de ser una recurrente abogada de narcos, es hermana del capo Javier García Rojas, alias Maracuyá. Ella ya había informado el 30 de abril de 2021 de los presuntos intereses de la vicefiscal en los narcofiscales, en especial con la doctora Ana Victoria Nieto. Poco tiempo después de eso, el 20 de mayo de 2021, Nieto fue capturada en medio de la investigación por posible corrupción y alianzas con la mafia en el caso relacionado con alias Mueble Fino. Un poquito de justicia pa’ que afine.
Ahí se determinó que, básicamente, le estaban vendiendo la información que había dentro de la Fiscalía. Pero la exvicefical Mancera usó su poder para ayudar a sus amigotes narcofiscales y enterrar esos casos, por lo que, después, fue investigada.
Así, de los mismos productores de: cerrando rápidamente la investigación del crimen del fiscal antimafia Libreros, diciendo que fue un hurto y no un asesinato, llegó el 5 de diciembre de 2023, el archivo a las malas de la denuncia en contra de la exvicefiscal Mancera, acusada de haber beneficiado a los narcofiscales, que eran señalados de tener nexos con las mafias del Norte del Valle. Como decía el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, algunos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia. Aplica para fiscales también.
La Fiscalía señaló que luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y recopilar testimonios, no encontró material de prueba o elementos serios, por lo que resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva por parte de la exvicefiscal. Imposible, como cuando la misma Fiscalía dijo que al fiscal Libreros lo mataron por robarle una cadena de oro, que nunca tuvo, y no por investigar a los mismos funcionarios y sus conexiones con el narco. Nada que ver por aquí señores, sigan caminando.
Por eso terminemos esta historia con ellos. Como dijimos al inicio de la columna, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial absolvió al exfiscal Iván Aguirre Benavides, pero encontró culpables a los otros dos y por eso le dio inhabilidad por 10 años a la exfiscal Ana Victoria Nieto y por 16 años al exfiscal Jorge Iván Ríos.
Justicia pero lo que quedó en eterna impunidad es la operación de encubrimiento que se desarrolló en la Fiscalía para proteger a estos funcionarios, simplemente porque eran amigos de una persona que era muy poderosa en esa entidad hasta hace bien poco. Otra versión de ese tanque séptico en el que convirtieron en su momento al ente investigativo y el cual le costó la vida al fiscal antimafia Alcibíades Libreros Varela. La moraleja es eterna: el que no combate la corrupción, ya es parte de ella.
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