En septiembre se cumple un año desde que Álvaro Leyva, entonces canciller, declaró desierta la licitación de los pasaportes. Para el anterior ministro de Relaciones Exteriores, en línea con lo que había determinado el presidente, el hecho de que un solo proponente cumpliera con lo exigido en los pliegos de condiciones, que eran los términos de la licitación, hacía imposible adjudicar el contrato. Tanto para Petro como para Leyva, la licitación estaba “amañada”. Es decir, estructurada en favor del único proponente que cumplió: Thomas Gregg & Sons. Esta situación, para ambos funcionarios, era inadmisible pues constituía un acto de corrupción.
Sigue siendo curioso que sea la misma administración que estructuró la licitación (pues este proceso fue diseñado durante el gobierno de Petro) la que diga que el proceso estaba arreglado en favor de alguien. En últimas, aceptaron que fueron o muy mañosos o bastante ineptos. Es inaceptable que solo después de adelantar el proceso, con todos los costos que esto implica, se hayan dado cuenta de los problemas de este. Si en efecto el proceso de contratación estaba arreglado, esto debió haberse puesto de presente durante la planeación, y no al momento de adjudicarlo. Eso nos cuesta a todos. ¡Y mucho!
Todo este proceso ha sido oscuro y sospechoso. Y también ha tenido bastante drama. Una funcionaria salió de la presidencia de una importante agencia por advertir los grandes costos que estas desacertadas decisiones le generarían al Estado y, consecuentemente, a todos los colombianos. Y el excanciller hasta la insultó por mencionarlo. Además, se echaron para atrás todas las medidas que tomó el secretario general de la Cancillería cuando revocó la declaratoria desierta y terminó adjudicando el contrato.
Hoy, cuando la improvisación no parece acabarse, dudo si se trata de ineptitud, corrupción o si toda esta cadena de eventos desafortunados sea simplemente una consecuencia de ese resentimiento que ciertos sectores del gobierno y el presidente tienen por el sector privado. Parecería ser más un tema de aversión por Thomas Gregg que otra cosa. Ese odio por el que haga bien las cosas y tenga la experiencia para hacerlas, es al parecer lo que les impidió adjudicar el contrato. Prefieren que el Estado no cumpla con sus fines, a que un privado obtenga un beneficio o se lucre por ayudar a lograrlos. Es preferible poner en riesgo al sistema, y que los colombianos nos quedemos sin pasaportes, antes de que un privado reciba cualquier utilidad. Thomas Gregg lleva años produciendo pasaportes. Por los requerimientos técnicos que estos tienen, y por el profesionalismo con el que esta empresa los ha elaborado, es que muchos países aceptaron quitarnos la visa. Gracias a esto, los colombianos podemos movernos más por el mundo sin pasar por largos y engorrosos trámites. Podemos entrar, porque los pasaportes cumplen con los más altos estándares, a todos los países de la Unión Europea, a Turquía, a Rusia, entre otros. Podemos visitar una gran parte del mundo sin tener que planearlo con meses de antelación y movilizarnos de un día para otro, porque el documento con el que viajamos, y que es nuestra carta de presentación, es fiable y seguro.
A pesar de que contábamos con alguien que hacía bien los pasaportes y que además cumplió con los requisitos que le pidieron para seguir haciéndolo, el gobierno por su terquedad se negó a darle el contrato. Y se sigue negando. Después decidió que era la Imprenta Nacional la que debería elaborarlos. Para sorpresa de muy pocos: no está preparada. Y no lo estará en el mediano plazo. El contrato actual de Thomas Gregg se acaba en octubre 3 de este año, y ya la Imprenta dijo que no podría empezar a producir pasaportes sino hasta septiembre del próximo año. Habrá que ver para creer cuando sea septiembre de 2025. Por ahora, no sabemos quién va a elaborar los pasaportes, no parece haber un plan b y, adicionalmente, Thomas Gregg va a demandar al Estado, el cual seguramente será condenado a pagar toda la utilidad de este contrato.
Por el odio, la improvisación, la falta de planeación y la terquedad de este gobierno, vamos a terminar pagando el doble por los pasaportes (el contrato de elaboración, más las sumas de la muy probable condena). En octubre veremos si también nos quedaremos sin quién los fabrique. Definitivamente no hay nada más cierto que el viejo dicho de que “lo que no cuesta, que se haga fiesta”. ¡Lamentable!
