A Petro no le gustan los límites. No es al único gobernante al que no. La mayoría, por no decir todos, los odian. En efecto, lo que muchos mandatarios quisieran es poder desarrollar su programa de gobierno sin que nadie les ponga un freno. En otras palabras, poder hacer lo que quieran para lograr las reformas que ellos piensan que se necesitan. Esa característica, sin embargo, es la que ha hecho que varias sociedades implementen mecanismos de diseño institucional para evitar que por el capricho de un gobernante, se pase por encima de ciertas normas y principios. A esos diseños les llamamos separación de poderes y sistema de frenos y contrapesos. La idea de esos diseños es que nadie esté por encima de la ley, y que esta se deba cumplir, por más buenas y nobles que sean las reformas que se quieren aprobar. Así mismo, esos mecanismos buscan evitar abusos de poder, o que alguien se perpetúe en el mismo, por todas las graves consecuencias que esto tiene.
No es raro, por tanto, que a un presidente no le guste que lo limiten. Lo que varía, sin embargo, es la reacción de un gobernante cuando los otros poderes lo frenan. Una forma de hacerlo, es la de un demócrata, en la que se acepta la decisión así no se comparta, y se impugna a través de los medios establecidos en el ordenamiento jurídico para tal efecto. Otra, mucho más nociva, es atacar y estigmatizar a las otras instituciones, acusándolas de corruptas, para deslegitimarlas tanto a estas como a sus decisiones. Este segundo tipo de reacción es el que ha tenido Petro desde que empezó su gobierno. Primero con la Corte Constitucional. No ha parado de lanzar ataques contra a la Corte frente a cualquier reforma que no pasa el control constitucional. Cada vez que se declara la inconstitucionalidad de una norma de iniciativa del presidente, este ataca a este alto tribunal y lo estigmatiza. De hecho, el reciente fallo que tumbó la contratación directa por parte de las juntas de acción comunal no estuvo exento de un ataque por parte del presidente.
El presidente pretende hacer lo que quiera así esto sea contrario a la Constitución que juró cumplir. Algo similar ocurre con las investigaciones que se inician en su contra. Cualquier duda o control sobre su actuar es, como él mismo lo ha expresado en múltiples ocasiones, “un golpe de Estado”. En vez de asumir, respetar e impugnar las decisiones, el presidente las estigmatiza, con todas las implicaciones que esto tiene.
Mucho han pensado que lo que dicen nuestros líderes es irrelevante. Que lo importante, y a lo cual debemos oponernos, es a lo que hacen, es decir, a las reformas aprobadas e implementadas. Lo que dicen nuestros mandatarios, varios creen, no tiene implicaciones prácticas. Esto, sin embargo, no es así. Lo que dicen quienes nos gobiernan puede tener efectos muy nocivos en una democracia y alterar, poco a poco, las reglas de juego de un país. Como lo ha mostrado Diego Romero en una investigación doctoral en la Universidad de Cambridge, una persona actúa con sus palabras. Y la única forma de cambiar la constitución y la ley no es mediante actos, sino también mediante lo que se dice. A partir de las palabras, como lo documenta, es que muchos líderes populistas han logrado superar los obstáculos y resistencias impuestos por el sistema. Esto sucede cuando el populista contrarresta esas resistencias alegando que la oposición, o quienes le hacen contrapeso, están ignorando o incluso negando la “voluntad popular”. Lo que ocurre en muchos casos, cuando el líder populista tiene éxito, es la inaplicación de esos frenos, pues tanto funcionarios públicos como ciudadanos pueden empezar a ignorar la obligatoriedad de esas decisiones.
Es muy grave, en consecuencia, lo que está pasando. Paulatinamente, por medio del discurso, el presidente está quitándole legitimidad a los poderes que lo controlan. Si además de eso consigue que las decisiones de estos sean ignoradas, no habrá quién le ponga freno, con todas las terribles consecuencias que esto tiene para nuestra democracia.
Aunque somos un país tremendamente desigual y que ha sufrido constantemente por la violencia, no se nos puede olvidar que si hay algo bueno que nos caracteriza, es que históricamente hemos sido una sociedad democrática (sin negar los problemas que nuestra democracia tiene). Como bien lo mostró Posada Carbó en su libro “la Nación Soñada”, en Colombia el gobierno se ha visto limitado desde los inicios de la república, no han existido dictaduras como en otros países del continente y el poder se ha alternado entre distintos sectores políticos. Además, el país tiene una fuerte tradicional electoral y de respeto por sus instituciones. No podemos perderlo, pues los costos y riesgos de hacerlo son muy altos.
