A medida que pasan los días y se evidencia el estado calamitoso en que se encuentran las finanzas públicas, va saliendo a la superficie el deseo inconfesable del Gobierno por buscar a como sea unos ingresos tributarios.
En vez de poner las cartas sobre la mesa - con claridad, como debe ser-, el Gobierno parece orientarse por los caminos de la excepcionalidad constitucional, intentando aminorar lo que no es otra cosa que un gigantesco desbarajuste fiscal, imposible de ocultar.
Tenemos, en primer lugar, el proyecto de decreto que prepara el Ministerio de Hacienda para anticipar, de 2026 a 2025, el esquema de las retenciones tributarias.
No es una jugadita menor. Según Fedesarrollo, representa una operación de trasteo de recursos de un año a otro que tiene una cuantía de 1,9 billones de pesos. Una verdadera reforma tributaria sin pasar por el Congreso, que abre para el año entrante un boquete fiscal tan grande como el que se intenta cerrar este año.
Hace ya dos años se había hecho una jugadita similar y fue el propio Petro quien salió a decir que había sido una tremenda equivocación de su administración. En ese entonces enfiló las cargas de responsabilidad contra el ministro Ocampo. Hoy parece que quiere hacer lo mismo. No se sabe a quién le echará la culpa en esta ocasión. Pero, con seguridad, aparecerá alguien, pues en este Gobierno no hay nada que se haga o que se deje de hacer sin que aparezca siempre un chivo expiatorio sobre el cual descargar la responsabilidad que se elude a nivel presidencial.
Otro tanto sucede con el 'rezago' presupuestal (o sea, las cuentas por pagar) que, según informe reciente del FMI, superan los 60 billones de pesos. No es descabellado pensar que, como van las cosas, el año 2025 cerrará con lo que se conoce como 'reservas de apropiación' superiores a los 80 billones. Es decir, las más altas jamás registradas en la historia fiscal del país. Estas reservas pasan como apropiaciones (autorizaciones de gasto) para 2026, copando espacio fiscal de gasto para el año entrante.
Los Estados de Excepción Constitucional son delicadísimos instrumentos previstos por la Carta Política para que el Ejecutivo pueda hacer frente a situaciones, en primer lugar, inesperadas, y, en segundo, frente a las cuales no disponga de mecanismos ordinarios para hacerles frente.
Tienen vigencia limitada en el tiempo y la declaratoria del Estado de Excepción debe ser refrendada por todo el gabinete dando fe de que los motivos que se invocan son fidedignos, so pena de comprometer su responsabilidad.
Los decretos que se expidan tienen fuerza de ley y deben ser validados por la Corte Constitucional, lo mismo que el decreto básico que se expida como marco general de la excepcional convocatoria constitucional.
Recordemos que el estado de emergencia económica que el Gobierno decretó para La Guajira fue declarado inconstitucional por la alta corte, al encontrar que no se habían cumplido las condiciones mínimas exigidas por la Constitución. Al momento de escribir esta nota está pendiente, también, el fallo de revisión del juez constitucional con relación al Estado de Conmoción decretado para el Catatumbo.
El Gobierno ha descubierto, sin embargo, que al amparo de los decretos de excepcionalidad constitucional puede establecer nuevos impuestos o modificar los existentes durante el período de tiempo que dure la conmoción o la emergencia económica.
Este parece ser el encanto que el Gobierno le ha encontrado a los estados de excepción, pues para el caso del Catatumbo ya decretó medidas impositivas que deben dar ingresos superiores a los 2 billones de pesos. No se conoce a la fecha, sin embargo, en que se han invertido estas rentas, ni cuál ha sido la suerte de las 25.000 hectáreas de erradicación remunerada que, con gran fanfarria, se anunció cuando expidieron los decretos para el Catatumbo. Veremos qué dice la Corte Constitucional.
Ahora se anuncia que, paralelamente con la declaratoria de emergencia sanitaria (cuyo decreto ya se expidió), el Gobierno planea decretar también una emergencia económica para hacer frente al brote de fiebre amarilla.
Habrá que ver cómo este explica que estemos frente a un hecho inesperado y emergente, pues el propio ministro de Salud anunció hace pocos días que desde septiembre se vienen registrando brotes de fiebre amarilla. Es decir, hace más de un semestre. Y cómo justifica que el Gobierno no disponga de facultades ordinarias para hacer frente a este brote.
Ambas circunstancias tendrán que ser explicadas con sumo detalle por el Gobierno tanto al Congreso como a la Corte Constitucional. Dentro de estas explicaciones también deberá suministrarse razones -si se expiden nuevas normas tributarias- por las que los recursos disponibles son insuficientes para adquirir vacunas y desplegar la campaña de salubridad que se anuncia.
Pero es evidente que el Gobierno ha descubierto el 'discreto encanto' de los estados de excepción para recaudar, así sean con carácter transitorio, más impuestos.
Al momento de escribir este artículo se desconoce si, además de la emergencia sanitaria para la fiebre amarilla, el Gobierno decretará una emergencia económica como lo había anunciado. En la alocución presidencial del pasado domingo esto no quedó claro. El presidente Petro se limitó a decir que estaban haciendo los cálculos de lo que podría costar una gran campaña de vacunación que oscilaría entre 700.000 millones y un billón de pesos.
Habló de que no tenía recursos y que una de las maneras de financiarla era tomarlos de las vigencias futuras abiertas para construir infraestructura vial. Fórmula peligrosa e improvisada, que no conduciría a nada distinto que a aumentar el ya enorme monto de las demandas que cursan contra el Estado, tal como lo documentó muy bien la revista CAMBIO la semana pasada.
Así las cosas, si se opta por la vía de la emergencia económica para combatir la fiebre amarilla, le quedan pendientes entonces tres tareas al Gobierno: demostrar ante la Corte que estamos frente a un hecho sobreviniente, como lo exige el artículo 215 de la Constitución; que no hay facultades ordinarias suficientes para combatir el flagelo; y cuál sería el monto y uso exacto que habría que recaudar mediante nuevos impuestos.
