Yezid Arteta Dávila
14 Marzo 2025 03:03 am

Yezid Arteta Dávila

L@s 63

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La caravana oficial avanza entre la bruma. Tal es la espesura de la niebla que, por momentos, pienso que estoy sobre la cornisa de un páramo. Un adormilado vaquero, cabalgando sobre una enérgica mula, arrea a una manada de reses hacia un corral de ordeño. En uno de los vehículos de la caravana viene un saco con 63 carpetas que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), piloteada por Juan Felipe Harman Ortiz, que la había preparado con esmerada diligencia. Son 63 títulos de propiedad que los campesinos de las Sabanas del Yarí han esperado por más de cuarenta años.   

En la noche anterior hubo celebración en la cabecera de San Vicente del Caguán. Luego de que cesara un proverbial aguacero, la gente salió a la calle, especialmente las mujeres que conmemoraban el 8 de marzo. Las obstinadas cortinas de agua no amedrentaron a las organizaciones femeninas que recibieron un lote en el pueblo para levantar la Casa de la Mujer Yariseña, un lugar de encuentro para que cientos de ellas puedan emprender sus proyectos y fortalecer los liderazgos. Por la noche, como si fueran amazonas, realizaron una cabalgata por las principales calles del poblado. Rocky, un perro que cabe en el puño de una mano, ladraba a los pies de los caballos. Un chihuahua con el arrojo de un jaguar. 

Mientras que en lugares de Colombia como el Catatumbo o el desfiladero del río Micay las agrupaciones armadas imponen su ley a sangre y fuego, en los Llanos del Yarí predomina el diálogo. Los campesinos e indígenas que han sufrido una sucesión de guerras están empeñados en transformar el territorio. Un título de propiedad, un modo de ganarse la vida de forma legal y una zona de reserva para vigorizar a la comunidad campesina resumen la tríada de demandas de los lugareños. "Hoy ganamos tranquilidad, no queremos que nos persigan más. Yo llegué a la zona de Yaguará a los seis años con mis padres”, expresó una vigorosa mujer que apretaba contra su pecho el título otorgado por el gobierno que preside Gustavo Petro.

Despunta el día. La niebla empieza a disiparse. A los lados de la trocha que lleva de San Vicente del Caguán a los Llanos del Yarí se observan los morichales y los maracos florecientes y cargados de frutos que asemejan a bolas de cañón. En los potreros se divisan a las garzas bueyeras posando sus largas extremidades sobre el cuerpo de los bovinos echados en el pasto. Las reses ni se mosquean. Continúan rumiando. Las garzas se alimentan de los insectos que castigan la piel del ganado. Cerca al caserío de Villahermosa, una veintena de gallinazos fijados sobre los postes de una cerca esperan con paciencia que en la basura venga algo de carroña.

A eso de las diez de la mañana, la caravana gubernamental arribó a la vereda El Diamante, lugar en el que se ha reunido más de medio millar de campesinos e indígenas de la región. Las maestras de escuela han preparado a los niños y las niñas para un evento trascendental en la historia del Yarí. Los hábitos han cambiado desde la llegada de los primeros colonos que, empujados por la violencia sectaria entre liberales y conservadores, sometieron a golpe de hacha extensas zonas selváticas de la Amazonía. La motocicleta, la gorra deportiva y el celular han reemplazado al caballo, el sombrero de paja y el machete. Los descendientes de los colonos son conscientes de los efectos negativos de la deforestación. Los indígenas, en cambio, viven desde hace miles de años dentro de la selva y comen de ella sin dañarla.  

La ceremonia comenzó con los himnos de Colombia, Caquetá y Guardia Campesina. “A partir de hoy, ustedes dejan de ser invasores de su propia tierra”, explicó Harman a la gente reunida. Un cerrado aplauso interrumpió al director de la ANT. La mayoría de los asistentes no lo podía creer. Los gobiernos pasaban y pasaban, sin voltearlos a ver, hasta que llegó una Presidencia para hacer realidad un sueño que no pudieron ver los mayores. Un total de 8153 hectáreas fueron adjudicadas en una sola mañana en aquel remoto lugar de Colombia que se mencionaba, pero no se le tenía en cuenta. “Nunca nos imaginamos tener un título, no hay dónde ponerme”, expresó con emoción un hombre que ha pasado toda su vida jornaleando en las haciendas. Sesenta y tres familias cuentan desde ese día con la seguridad jurídica que les permite acceder a créditos y programas agrarios. 

Para llegar hasta allí fue necesario juntar voluntades. La Mesa de Paz —integrada por delegados del Gobierno y la agrupación armada EMBF liderada por Calarcá Córdoba— desempeñó un papel relevante. Sin embargo, fue la pedagogía, el diálogo y la colaboración recíproca entre los funcionarios del Gobierno y las organizaciones campesinas e indígenas de la región, lo que permitió que se hiciera justicia. “Vendrán más títulos”, aseguró, con absoluta convicción, Juan Felipe Harman Ortiz, el director de la ANT cuya gestión fortalece la imagen del gobierno del cambio. 

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