Un gran acierto del Movimiento Causa Justa es haber cambiado el lugar social de la discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE): del campo penal, la trasladó al de la salud pública. Recientemente, el debate sobre violencias basadas en género (VBG) en las universidades también empieza a experimentar un nuevo escenario, paralelo al penal: la responsabilidad civil.
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Cansada de insistir y observar cómo su denuncia por acoso sexual era ignorada por la Fiscalía, una alumna de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, demandó a un profesor y a la Institución ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa capital. Después pasó al Tribunal Superior. El caso ocurrido en 2012, con demanda civil en 2020, sentó un precedente. El agresor deberá pagar por los perjuicios derivados del acoso sexual, pues la estudiante se tuvo que mudar y estudiar en otra ciudad. A la Universidad ―que recibió en varias ocasiones el “Sello Equipares” a la equidad de género, durante el gobierno de Iván Duque― se le ordenó la reparación simbólica de la víctima. La pagó barata.
Estudiantes de instituciones públicas y privadas como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Cooperativa de Colombia, la Pontificia Bolivariana (UPB) y EAFIT, entre otras, le subieron el volumen al himno que tantos detestan: “El patriarcado es un juez…”. Aunque se supone que Sentencias de la Corte Constitucional y la Convención de Belém do Pará serían “órdenes” o guías para los protocolos institucionales contra las VBG, estos siguen siendo insuficientes no solo por las falencias en su diseño, sino por las dilaciones deliberadas, como es el caso de la Universidad Nacional sede Medellín (Unalmed).
Una persona que ocupó un cargo directivo en la Unalmed, me relató un caso de acoso sexual que llegó a sus instancias. El tratamiento de dicha denuncia devela la existencia de una mecánica interna que no solo entorpece el funcionamiento de los protocolos ―“los canales institucionales”― sino que es en exceso garantista de los derechos de los acusados y parece velar más por la comodidad de los abogados custodios de los intereses económicos de la Universidad que por la seguridad de los espacios para las y los estudiantes. (Omito la narración del proceso para no poner en evidencia la identidad de mi fuente).
Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, explica que su despacho ha acompañado “la revisión y construcción de los protocolos de las VBG en varias universidades, además de la definición de estrategias para su difusión”. Dicha formación abarca desde conceptos y tipos de violencias hasta el marco legal para prevención, detección y atención integral. Han asesorado a la Universidad de Antioquia, UPB (con encuentros con los directivos y colectivos estudiantiles), Universidad de Medellín y Universidad Digital. La Unalmed no ha acudido a ellos.
En pleno estallido del #MeToo, mis alumnos del curso de Géneros Periodísticos en EAFIT realizaron investigaciones con nombres propios y pruebas sobre acoso sexual en la Universidad. Dos de los trabajos pasaron los filtros de verificaciones y contrastes (un profesor intimidó por correo a uno de mis estudiantes durante el proceso de investigación). Le presenté los casos al entonces rector, Juan Luis Mejía. Escuchó con atención y, desconcertado, me formuló varias preguntas. Meses después, participé en la presentación oficial de los protocolos con sus responsables. Los derechos humanos de las mujeres no dan espera: ese fue el motor de las alumnas que impulsaron este cambio.
María Isabel Marín Morales, graduada del Pregrado y la Maestría en Ingeniería de Sistemas de Unalmed adelantó una denuncia por VBG contra el profesor Carlos David Hoyos Ortiz. En noviembre de 2020 inició la ruta de denuncia en la Unalmed; en enero de 2023, recibió un auto de archivo, y apeló. Este caso, que merece atención especial por el nivel de introspección de la víctima, está en la sede Bogotá.
Pero el archivo de procesos no es la única táctica de desgaste de las alumnas que denuncian en la Unalmed. Carolina Castro, quien narró en Blu Radio su historia de VBG contra el profesor Oswaldo Ordóñez (https://acortar.link/nqrTAP), hoy siente la presión de la posibilidad de sanciones disciplinares.
Si los “canales institucionales” funcionaran, los escraches no estarían reventando las redes sociales ni los medios de comunicación… con lo que ello implica en términos de verificación de información y manejo del lenguaje: un acosador no es lo mismo que un violador; equivocarse en los términos es perjudicar a las víctimas que buscan justicia (de hecho, los victimarios aprovechan cualquier desliz en el lenguaje). Tampoco son equiparables los viejos verdes que solo provocan repulsión con aquellos que usan su poder en las universidades para afectar las calificaciones de sus pupilas.
¿Cómo “medir” el efecto académico de las VBG? ¿Cuántas estudiantes abandonan materias o la carrera por miedo al agresor? ¿Cuántas reprueban por persecución académica al no ceder ante agresiones? ¿Cuántas profesionales optan por trabajar en lugares menos prestigiosos o con salarios inferiores solo porque son más seguros? ¿Cuál es el precio en salud mental de soportar VBG por uno o dos semestres y después años de procesos de denuncia y revictimización?
El cuerpo institucional contra el cuerpo de las mujeres.
Consulto con un magistrado de la Corte Constitucional sobre este cambio de lugar, si considera que es más efectivo sancionar individuos o instituciones, si la vía es penal o civil. Ante la dimensión de la transición cultural que vivimos, responde: “Hay que combinar todas las formas de lucha”.
La lucha a favor de la IVE y contra todas las formas de VBG tienen la misma meta: la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
