Prácticamente inadvertidas han pasado unas declaraciones de Nicolás Maduro que bien podrían entenderse como un mensaje entre líneas al presidente Gustavo Petro, pero, sobre todo, como una amenaza a los intentos de paz que el gobierno colombiano está haciendo.
“La paz de Venezuela es la garantía de que Colombia haga su paz”, dijo el autocrático presidente del vecino país durante una rueda de prensa el pasado miércoles.
Con esa lapidaria sentencia, en la que está implícito que la paz de Venezuela es él, Maduro remató su referencia a la conversación que tuvo con Petro ese día, sobre la que advirtió que no revelaría más y durante la cual, según afirmó, él le explicó muchas cosas al mandatario colombiano.
Ninguna palabra en política es gratuita, y Maduro sostuvo con respecto a Petro: “él sabe que nosotros tenemos la voluntad y la decisión de que en Venezuela triunfe la paz y Venezuela siga siendo albergue para las negociaciones de paz de Colombia”.
Es obvio que no le gustaron los llamados que le hizo la Cancillería colombiana al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para que publicara las actas de las votaciones de la elección presidencial del 28 de julio -algo que todavía no hecho-, tras la cual ese organismo lo proclamó presidente electo para el periodo 2025-2031.
El hecho es que, en lo que respecta a la relación con la solapada dictadura de Maduro, la búsqueda de la paz con el ELN, y también con la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, se convierten ahora en el mayor punto de presión para el Gobierno colombiano.
No solo porque tanto el jefe máximo del ELN, Antonio García, como la cabeza de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, han sido albergados por el régimen chavista, sino también porque en ambos intentos de negociación Venezuela es país garante.
No por coincidencia, el pasado sábado, cuando se vencía el cese bilateral del fuego con el ELN, que había comenzado el 3 de agosto de 2023, Antonio García condicionó su renovación a que, con un decreto, Petro saque explícitamente a esa guerrilla de la lista de organizaciones criminales de Colombia.
Más allá de las implicaciones que esto tendría, lo que queda claro es que la tajante sentencia de Maduro, según la cual la paz de Colombia depende de su gobierno, empoderó aún más al siempre soberbio Antonio García, quien desde el comienzo de los diálogos, en 2022, y a los ojos de todo el país, ha impuesto las condiciones de la negociación. Y no sabemos todavía qué provecho puede sacarle Iván Márquez a la nueva situación con el régimen chavista.
Dentro de las actuales circunstancias políticas de Venezuela, el Gobierno de Petro queda en un dilema. O ignora el inocultable fraude electoral de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio, para mantener los diálogos con los grupos armados que desde el vecino país coordinan la violencia contra los colombianos; o toma distancia del ilegítimo gobierno venezolano sin importar lo que eso implique para los diálogos de paz.
Cualquiera de los dos caminos es malo para Petro. Si toma el primero, aumentará su desaprobación entre los colombianos -que está cercana al 60 por ciento según la última encuesta Invamer- y afectará también sus relaciones exteriores, pues incluso la Unión Europea desconoció los resultados del chavista Consejo Electoral de Venezuela.
Y si Petro toma el segundo camino, lo más probable es que los colombianos suframos una oleada de violencia y terrorismo de los grupos armados cuyos jefes no solo encuentran refugio en el vecino país, sino también soporte en el régimen chavista.
Entre asumirse como el jefe de Estado que es o plegarse a las presiones de un dictador como Maduro y de un grupo armado como el ELN, lo más lógico sería que Petro se resistiera al chantaje político que ahora tiene desde Venezuela.
Pero eso, sin duda, llevaría de mal a peor los intentos de paz con el ELN -cuyos diálogos formales están suspendidos desde hace seis meses-. Pasaríamos a un nuevo ciclo de violencia, dentro del cual lo más difícil sería combatir el terrorismo.
No parece haber camino intermedio y ese es el verdadero problema, no solo para Petro, sino para el país. Lo que no admite discusión es que Colombia no puede aceptar chantajes de un dictador que busca permanecer en el poder a cualquier costo.
Y esto, para Petro, implicará hacer una labor de filigrana diplomática que sea aceptable para los colombianos.