“Siempre estaban a órdenes de nosotros y nosotros de ellos”, la frase en la cuarta y última audiencia de Salvatore Mancuso en la JEP, en su condición de “bisagra” entre los paramilitares y la fuerza pública, al referirse a las relaciones que tenían con el DAS, no puede ser más contundente. Resume cómo se borraron las fronteras entre lo legal y lo ilegal. De las cuatro audiencias de Mancuso, sin duda, esta es la más dolorosa porque confirma la forma abierta y masiva en que el grupo ilegal infiltró un departamento administrativo de la propia Presidencia de la República.
Al escuchar de nuevo la versión completa del jefe paramilitar ante la JEP se reviven los horrores de los crímenes cometidos hace más de dos décadas por esos grupos y nos preguntamos cómo el país aguantó tanto durante esos años de barbarie. Entre finales del siglo pasado y los primeros años de este, Colombia se debatió entre las acciones de la guerrilla de las Farc y las de los grupos paramilitares. Vivimos una década de espanto. Las atrocidades de los paramilitares con sus masacres, asesinatos selectivos y atentados contra la población civil fueron igual de graves a las cometidas por las Farc o el ELN. La diferencia, que a muchos cuesta comprender, es que en el caso de la guerrilla se trataba de grupos que enfrentaban con armas al Estado y en nombre de esa lucha violaban en forma flagrante los derechos humanos y el DIH, mientras que los paramilitares contaban con el apoyo y la complicidad del propio Estado como lo confirma una vez más el jefe “para”.
Escuchar el relato de Mancuso me retrocedió 20 años en mi vida hacia 2003, cuando los paramilitares dominaban la política del Norte de Santander y contaban con aliados en las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado. En lo nacional, las relaciones con exdirectivos del DAS son suficientemente conocidas, pero aún no sus relaciones en el nivel regional. Las afirmaciones de Mancuso acerca de sus vínculos con integrantes del Ejército, DAS, Policía y la propia Fiscalía son ciertas. Todos lo sabíamos en el departamento y algunos que denunciamos no fuimos escuchados. Éramos vistos como unos bichos raros que corrimos graves riesgos.
El caso del exdirector regional del DAS Jorge Díaz fue el más evidente. Aún recuerdo cuando un día en plenaria de Senado, recibí una llamada de Cúcuta en la que me contaron que el gobierno se preparaba para designar a Diaz como director seccional del DAS. Me pareció una versión inverosímil porque para la época ya eran conocidos sus vínculos con los grupos paramilitares. Entre sorprendido e incrédulo abordé al ministro de Interior, con la esperanza que la información resultara falsa. Me aseguró que no sabía nada de nombramientos en el DAS y de inmediato me comunicó con su director, Jorge Noguera, quien al escuchar la inquietud pidió que fuera hasta su oficina a conversar personalmente. En forma desprevenida e ingenua fui hasta allá y le comenté las preocupaciones sobre lo que podía significar ese nombramiento en la situación de seguridad de Norte de Santander. Su respuesta concreta y contundente es que ya se había nombrado a Diaz y que las sindicaciones sobre su nombre no correspondían con la realidad. La advertencia cayó en el vacío y, por el contrario, fueron filtradas mis preocupaciones, con lo que me convertí en blanco de las malquerencias del nuevo director, con lo que ello implicaba en mi seguridad y la de mi familia. La historia en los años siguientes es ya conocida. Las oficinas del DAS se convirtieron en el centro de operaciones del comandante urbano de las autodefensas en Cúcuta, alias el Gato y sus secuaces. Desde allí organizaban sus actividades criminales, asesinatos y atentados con explosivos. Una época tenebrosa de violencia promovida desde el propio Estado. Increíble y vergonzoso.
La ciudad vivió años de terror. Bombas, asesinatos de funcionarios públicos, líderes comunitarios, dirigentes políticos y sociales, que resultaban acusados de amigos y colaboradores de la guerrilla. Las autoridades militares, de policía y de inteligencia, que debían brindar garantías de seguridad a la ciudadanía, se convertirían esos años en aliados y cómplices de los terroristas. El descaro fue tan grande y evidente que finalmente tuvieron que sacar a Díaz de la dirección de la entidad, remover a los oficiales de Ejército y Policía y los funcionarios de la Fiscalía. Años dramáticos y terribles que los colombianos no podemos repetir. Para garantizar la No Repetición es esencial la verdad y, sin duda, la comparecencia de Mancuso contribuye a esa verdad que pretendían enterrar quienes se oponían con ferocidad a la creación de la JEP.
