Tiene razón el presidente Gustavo Petro en criticar la conformación politiquera del Consejo Nacional Electoral. Aquel, el de las manos largas de la política en la justicia, es un mal crónico de este organismo electoral desde el 31 de enero de 1888, cuando se creó bajo el pomposo nombre de Gran Consejo Electoral. En aquel entonces, se componía por seis miembros nombrados así: dos por el Senado, dos por la Cámara de Representantes y dos por el Presidente de la República, con sus respectivos suplentes, para períodos de un año. En los años posteriores tuvo múltiples modificaciones, manteniendo siempre un carácter partidista en la selección de sus integrantes. Tristemente para el presidente, y para su campaña, esas son las normas que rigen nuestro sistema democrático.
Dicho esto, una lectura cuidadosa de las 314 páginas de la ponencia radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, y que ahora será examinada por la sala plena, debería preocupar seriamente al presidente Petro. Antes, un breve contexto del problema. Como todas las campañas en la historia reciente, la de Petro camina sobre un filo muy delgado: en los reportes presentados, reportó gastos por 28.384 millones de pesos en primera vuelta; el tope era de 28.536 millones. En segunda fueron 13.169 millones de pesos, y el tope eran 13.347 millones. En ambos escenarios, la campaña está a menos de 180 millones de saltarse los topes permitidos.
El documento tiene pruebas sólidas que demuestran cómo la campaña de Gustavo Petro, a través del gerente Ricardo Roa, ocultó deliberadamente gastos como el pago a miles de testigos electorales (según La Silla Vacía fueron 71 mil en primera vuelta y 83 mil en la segunda) a los que presentó como voluntarios cuando en realidad sí les pagó por su trabajo. Sobre esto, el nuevo abogado del presidente ante el CNE, Héctor Carvajal, sostiene que esos pagos no se deberían considerar como gastos electorales por ser posteriores a la campaña electoral.
Pero lo más delicado, y tal vez lo que está mejor detallado en el auto del CNE, es la información sobre los vuelos de la campaña a través de la Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS. Esta empresa de transporte aéreo, cuyo ex gerente y accionista Carlos Restrepo está desde el año pasado en Estados Unidos respondiendo por delitos de narcotráfico, hizo maromas con unas facturas enviadas a la campaña. Dice el auto que Sadi generó la factura No. SA 4862 el 28 de mayo de 2022, es decir un día antes a las elecciones de primera vuelta, por 4 mil 14 millones de pesos, para posteriormente anularla y generar una nueva, el 29 de mayo de 2022, por 2 mil 200 millones. Esta también la anuló para generar otra factura electrónica, el 30 de mayo, por valor de 2 mil 700 millones. Concluye el auto que con ello “se evidencia una disminución de las horas de vuelo y ‘eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura inicial… conducta que obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la Corporación”.
Estas facturas, todas de valores distintos sin explicación alguna, hacen parte del contrato de “Fletamento de Aeronaves”, suscrito el 30 de marzo de 2022 entre Ricardo Roa Barragán (que fue nombrado gerente de la campaña en enero de ese mismo año) y la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS. El contrato establecía que entre aquella fecha de marzo y el 29 de mayo, debían garantizarse un total de “120” horas mínimas de vuelo garantizadas. Vamos ahora a las horas de vuelo, en las que hay cosas muy interesantes.
Los dos magistrados del CNE encontraron que la empresa Sadi SAS eliminó 60 horas de vuelos en helicópteros, y 17 horas de vuelos en avión (en servicios de ambulancia también se eliminaron 60). “Lo anterior”, dice el documento del CNE, “evidencia una presunta manipulación de servicios y cifras con el fin de disminuir el valor del rubro reportado en el proceso de rendición de cuentas por concepto de transporte aéreo”. Sería el primer caso de una empresa que, por obra y gracia del espíritu santo, decide eliminar servicios que prestó para disminuir el valor de la plata que le deben.
El documento del CNE, en la página 217, dice que el valor real de los servicios aéreos fue el inicialmente facturado, es decir, el de la primera factura por 4 mil 14 millones, que luego anularon. La diferencia no es pequeña. Según el CNE, la presunta omisión del reporte de gastos por parte de la campaña de primera vuelta presidencial (en las horas de vuelo) fue de 1,249 millones de pesos, y en segunda vuelta de 962 millones. Tal vez el pedazo que le falta a este curioso rompecabezas contable está en la declaración, que deberá contrastarse, de Omar Hernández, dueño de Spartan Hill y ex contratista de Daily Cop. Hernández, acusado de lavado de activos, captación ilegal y enriquecimiento ilícito, dijo en Caracol Radio que él presenció una reunión entre Roa, entonces gerente de campaña de Petro, y Sebastián Betancourt, uno de los dueños de la criptomoneda Daily Cop, en la que se pactó una ayuda en especie de alrededor de 2000 millones de pesos para la campaña.
Esa ayuda llegaría en horas de vuelo en el Super King 300, el avión que se compró, en buena parte, con dineros de la estafa de Daily Cop. Solo falta que el doctor Ricardo Roa explique el origen de estas curiosas maromas contables.
