Name y Calle, solo una muestra de la enorme corrupción política

El expediente contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle retrata de manera descarnada, pero contundente, la corrupción política que pocas veces se destapa, se prueba y se castiga en Colombia. 

Por esto mismo, esa pieza, que sustenta la captura de los expresidentes del Senado y de la Cámara, es apenas una muestra muy pequeña de una extendida práctica en el país que involucra a congresistas, concejales, presidentes, alcaldes, funcionarios públicos y otros políticos que han hecho del desfalco de las arcas públicas un modus operandi muy parecido a una empresa criminal. 

Por eso, también, la minuciosa investigación que llevó a la captura de Name y Calle, dos políticos tradicionales, es un referente del trabajo que los colombianos esperamos siempre de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el crédito es del magistrado Francisco Farfán, y vale la pena destacarlo.

El detalle con el que ese expediente describe los mensajes y las reuniones de Name y Calle con los funcionarios que habrían pactado con ellos coimas por 4.000 millones de pesos, a cambio de agilizar proyectos del Gobierno en el congreso; los testimonios de quienes se habrían encargado de entregarles ese dinero a los dos congresistas; y la misma versión de los expresidentes del Senado y la Cámara, desnudan con crudeza el arraigado fenómeno del intercambio de favores entre gobiernos y congresistas, entre alcaldes y concejales y entre funcionarios públicos y caciques políticos.

Precisamente por lo enraizado que está ese estilo transaccional entre unos y otros en la política colombiana, es que se ha normalizado al punto de que ni se denuncia ni se investiga. ¿Cuántos llevamos en Colombia hablando de la famosa ‘mermelada’, como si esta fuera parte de la normalidad política? 

La manera como se ha documentado esto en el caso de Name y Calle le da un valor mayor al trabajo del magistrado Francisco Farfán.

Es impresionante, y la vez desoladora, la precisión con la que el expediente define los comportamientos de esos dos congresistas que no tuvieron pudor para presuntamente aceptar dineros que debían destinarse a solucionar la sequía que padecen cientos de habitantes del norte de Colombia.  

“Los parlamentarios pusieron en riesgo la supervivencia de comunidades vulnerables en La Guajira, al apropiarse de recursos destinados a la compra de carrotanques que debían llevar agua potable a esta árida y saqueada región", sostiene Farfán en el escrito de acusación.

Al describir, sin minimizar, las consecuencias de la presunta corrupción para la que se habrían coludido funcionarios del Gobierno y los expresidentes del Senado y la Cámara, el magistrado nos muestra que aún hay funcionarios judiciales que cumplen valientemente con su deber. Y esto hay que resaltarlo porque es innegable que nuestra justicia es frecuentemente cuestionada por la inacción, la impunidad y, hay que decirlo sin ambigüedades, también por las componendas entre políticos y jueces que dejan morir las investigaciones por corrupción.

El magistrado Farfán pone en su dimensión real el impacto de las transacciones que suelen darse entre gobiernos y los funcionarios electos que deben hacer el control político. Señala, por ejemplo, que los presuntos delitos de Name y Calle revelan “un nivel de insensibilidad frente a poblaciones que requerían con urgencia el líquido vital; lo cual los llevó a actuar de espaldas al bien común y a anteponer sus intereses económicos y político-electorales".

Este comportamiento, que con tanta meticulosidad describe el expediente, se refiere a los capturados presidentes del Senado y la Cámara, pero bien podría aplicar a cientos –¿o miles?– de políticos colombianos activos cuyas acciones corruptas siguen en la impunidad.

La referencia que se hace en el expediente a una afirmación del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ratifica que la transacción para el beneficio personal se ha tomado la política del país. El exministro habría dicho en una de las reuniones que congresistas le pidieron 80.000 millones de pesos en contratos para apoyar la reforma a la salud. Este es solo un dato, pero también un retrato nítido y escabroso de la perversión del oficio político en Colombia.

Y como la impunidad ha sido la norma, en ella se han amparado. Así lo dejan al descubierto también las defensas de Name y Calle ante la Corte Suprema, institución ante la cual se han referido a los testigos en su contra como “delincuentes confesos”, en particular en alusión a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, el exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), respectivamente. Nada menos y nada más que la entidad de la que los funcionarios confirman haber sacado los 4.000 millones de pesos que les habrían entregado como soborno. 

Pero Name y Calle no tienen empacho en desacreditar a sus cómplices, como si ellos mismos no hubieran hecho parte de la "empresa criminal", como bien ha definido la Fiscalía la manera como se hicieron los arreglos en este caso para robarse los recursos públicos.

Name ha llegado a decir en su defensa que es víctima de una “banda criminal”. Y Calle se ha victimizado sugiriendo que las acusaciones en su contra hacen parte de “retaliaciones políticas” contra él y su padre, el hoy alcalde de Montelíbano (Córdoba), Gabriel Alberto Calle. 

De acuerdo con las investigaciones, en el nuevo robo a los colombianos habrían estado involucrados funcionarios de alto nivel del presidente Gustavo Petro, como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien habría dado la orden de sacar la plata para Name y Calle de la UNGRD. Un dato que refleja claramente, como muchos otros, que la corrupción no tiene partido. Está en todos.

El caso contra Name y Calle nos muestra que en los sótanos de la política colombiana existe un mundo de sobornadores y sobornados que, sin recato alguno, incumplen de manera cotidiana su obligación de trabajar por el bienestar del pueblo que los elige y paga sus salarios.