Ni con tutelas: el temido colapso del sistema de salud en Colombia

Ayer, Francisco Rossi, el director del Invima, les dijo a periodistas de La W que los problemas en la entrega de medicamentos a pacientes eran un problema viejo en Colombia y que atribuir esta situación de manera exclusiva al gobierno de Petro formaba parte de una "película", sugiriendo que detrás del asunto existe una retórica con tintes políticos. Ese mismo argumento ha sido esgrimido día y noche por los influencers progobierno, quienes nos han recordado crisis anteriores y con suficiencia han exhibido en redes sociales viejos vídeos de interminables colas y problemas de atención. Incluso, quizá por un descuido, han desempolvado vídeos de la caótica situación que vivieron los usuarios de Capital Salud, EPS distrital, durante la alcaldía de Gustavo Petro.

Es cierto, las quejas por atención y entrega de medicamentos son una situación de vieja data, y también es cierto que la orilla política define mucho de lo que al respecto se dice. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, las quejas por atención en servicios de salud han tenido un vertiginoso aumento durante los últimos 15 años.

Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos cuatro no tiene precedentes. Algunas cifras: en 2010, las quejas recibidas por la Defensoría fueron 6.609 y en 2024 llegaron a 33.538. Incluso en 2024 fueron recibidas 14.461 quejas más que en 2022 (pandemia). Las proyecciones son desalentadoras. La Defensoría del Pueblo calcula que las quejas por atención en salud este año superarán las 34.000, cifra récord. Las fallas en la prestación de salud terminan congestionando el sistema judicial. La tutela ha sido por años el mecanismo por el cual los pacientes han logrado acceder a servicios; el aumento también ha sido exponencial. De 371.624 tutelas interpuestas en 2021 se pasó a 505.991 en 2024. Pero ya ni siquiera por medio de este mecanismo los pacientes logran ser atendidos o que sus medicamentos les sean entregados; muchas entran en desacato mientras los usuarios ven su salud y, a veces, hasta su vida extinguirse en una dolorosa espera.

La situación tiene a miles de familias en vilo, casos lamentables de pacientes de enfermedades huérfanas, adultos mayores y pacientes con trasplantes cuya vida depende de sus medicamentos, largas colas en los dispensarios y entretanto, la respuesta más visible ha sido hasta ahora las culpas entre unos y otros, y los trinos cada vez más erráticos del presidente.

La situación es especialmente compleja en departamentos como Bolívar, Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño.

Incluso la defensora del Pueblo, Iris Marín, le solicitó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo una reunión urgente para afrontar la emergencia e incluso propuso la instalación de Puestos de Mando Unificado en las regiones, tal y como pasa con las catástrofes naturales o los atentados; así están las cosas.

El gobierno Petro, que luce más ensimismado día tras día, parece tener todos los huevos en una sola canasta: la aprobación de la reforma a la salud.

Sin embargo, la reforma de por sí no garantiza ser el remedio para la penosa enfermedad. Hay dudas más que razonables.

No hay claridad sobre cómo sería el proceso de transición; hay dudas sobre su sostenibilidad financiera y, por razones obvias, se desconoce qué tan eficientes serán las estructuras que remplacen a las EPS en cuanto a gestión de riesgo y recursos. 

Pero, ¿y si la reforma no se aprueba?

Es crucial que el Gobierno adopte medidas reales ya. Argumentar que los problemas del sistema son antiguos, estigmatizar a los médicos especialistas como "vampiros" y atribuir la culpa de la crisis actual a rivales políticos no solo es contraproducente, sino que desvía la atención de la urgencia y gravedad de la situación. Estamos hablando de la vida y la salud de miles de colombianos, cuyos derechos básicos a la atención médica efectiva están siendo comprometidos. 

En primer lugar está el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Los trinos siempre pueden esperar.