En el Chocó crecimos oyendo que uno de los caminos más expeditos para acceder a una mejor calidad de vida era convertirse en maestro o en policía. En el primer caso bastaba con ser normalista para aspirar a un nombramiento que garantizara empleo hasta la jubilación, y en el segundo, no han sido necesarios los estudios superiores para hacer parte de una institución que entrega múltiples beneficios a sus empleados.
No es casual que una de las facultades más grandes de la Universidad Tecnológica del Chocó sea la de educación, con múltiples licenciaturas que gradúan semestre tras semestre un número elevado de docentes que supera la demanda del sector educativo en un departamento donde las instituciones son mayoritariamente públicas y los colegios privados no superan la docena.
Muchos profesionales de la educación de nuestro departamento ocupan plazas en distintos lugares del país porque están dispuestos a ir a donde otros no quieren, a pesar de los riesgos que esto puede significar.
Paradójicamente, al principio de esta semana, hubo protestas por falta de docentes en dos corregimientos del departamento, en el Pacífico y en el Darién. Niños y niñas, padres de familia y líderes comunitarios de Titumate, en Unguía, y de Jurubirá, en Nuquí, salieron a las calles de sus pequeñas localidades a expresar su inconformidad por la falta de docentes para completar la planta de sus instituciones educativas.
Al parecer, la ausencia de los docentes en estas y otras localidades está relacionada con las demoras en los procesos de selección y contratación por parte de la Secretaría de Educación Departamental, mientras ya casi se completa un mes del año lectivo escolar, es decir, un mes de desescolarización para muchos estudiantes.
Esta misma semana fue noticia la captura y posterior envío a prisión del comandante de policía del Chocó, coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, quien no aceptó los cargos formulados en su contra. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de cohecho propio y explotación ilícita de yacimiento minero, por haber recibido mes tras mes, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, dineros de organizaciones ilegales por informarles sobre operaciones en contra de sus entables mineros; con lo que se puso en peligro la vida e integridad de los funcionarios que cumplían las operaciones y se auspició la actividad ilícita.
Mientras tanto, las cifras de hurtos y extorsiones siguen creciendo en el departamento. Yo misma fui víctima de un intento de atraco hace unos días, a tan solo dos cuadras del comando de policía, ahí donde residía el coronel Cardona.
Mucho habría que decir sobre la calidad de los docentes que se forman hoy y la efectividad de su trabajo en las aulas, pero independiente de las falencias, es claro para todos y en especial para las comunidades, que la presencia de los maestros y maestras al menos acerca a la garantía del derecho a la educación.
Los cuestionamientos al desempeño de la Policía Nacional especialmente en la crítica situación de orden público que vive nuestro departamento han sido constantes; sin embargo, seguimos recurriendo a esta autoridad agarrados de una confianza que, en parte, proviene de saber que muchos de los policías son gente como nosotros, hijos de esta tierra o de otros pueblos con quienes compartimos la condición de marginalidad.
Lo evidente es que tenemos una institucionalidad que mina nuestra confianza en sectores que han sido esperanza. Displicente con la plena garantía de los derechos a la educación, a la seguridad, a la vida digna.
