Con el argumento de que ocho legisladores -los que firmaron la ponencia para archivar la reforma laboral- no pueden decidir por los 11 millones de colombianos que votaron por él, el presidente Gustavo Petro promueve una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre ese proyecto que presentó el Gobierno. Y con el mismo razonamiento -el número de votos que obtuvieron-, congresistas opositores rechazan la consulta popular y hablan de irrespeto de Petro a la independencia del Congreso.
Muy explícitamente, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda argumenta que el Congreso es “superior en votos” a Petro. Seguramente se refiere a la suma de sufragios que obtuvieron los 296 congresistas que integran el poder legislativo: 108 senadores y 188 representantes a la Cámara.
Pero tanto Petro como los congresistas, que con gran dosis de soberbia sacan a relucir un número de votos para reivindicar sus posturas, omiten de manera inconsciente, o consciente, que, en un sistema de democracia representativa como el de Colombia, los votos obtenidos equivalen a mandatos para defender los intereses ciudadanos. No sus intereses personales y políticos.
Y, hasta ahora, el debate por la reforma laboral ha lucido más como una puja de poder entre el presidente y sus opositores en el Congreso, que como una controversia genuina y argumentada sobre lo que más les conviene a los trabajadores en el contexto de la realidad económica del país.
¿Cuántos colombianos se sienten hoy representados por Petro, que llama a una consulta popular para resolver el futuro de la reforma laboral, y cuántos se sienten representados por los congresistas opositores, que pretenden archivarla?
Muy difícil saberlo, tanto si ganara el Sí a la reforma laboral en la consulta popular, como si ganara el No, porque cada parte, Gobierno y congresistas, habrán hecho campaña por sus posturas y, sobre todo, por su sobrevivencia política. Arrastrarán votos, o abstinencia, según sus ideologías e intereses. Que, además, son intereses políticos. ¿Y el interés ciudadano dónde queda?
La senadora conservadora Nadia Biel, quien encabeza la comisión del Congreso que propone archivar la reforma laboral, afirma que la decisión se tomó tras varias audiencias públicas en las que escucharon empresarios, trabajadores y hasta desempleados de Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar y Boyacá. Según ha dicho, concluyeron que la reforma laboral de Petro no crea empleo y tampoco combate la informalidad, en la que estarían hoy 12 millones de trabajadores colombianos.
Vamos a suponer, con buena fe, que en esas audiencias participaron empresarios dispuestos a sacrificar algo de sus ganancias por una mejor calidad de vida para sus empleados -por ejemplo, que están abiertos a pagar horas extras después de las 7 de la noche-; que el número de participantes en las audiencias públicas fue representativo y que los congresistas que las organizaron hicieron un análisis técnico y riguroso. Y que efectivamente el resultado indica que la reforma, como la presentó el Gobierno, es inconveniente.
¿Por qué entonces no hicieron una contrapropuesta que conjugara los intereses de los trabajadores y las posibilidades reales de los empresarios, ambos legítimos?
¿O era más rentable políticamente proponer el entierro de la reforma?
Tras haber pasado por una corporación popular como concejala de Bogotá, también me pregunto si el Gobierno no ha satisfecho de la manera esperada el gigante apetito burocrático de los congresistas que apuestan por archivar la reforma laboral -más allá de los ponentes-.
Y este es un punto clave en el nuevo pulso de poderes, porque en la viciada y distorsionada relación que se ha cultivado entre gobiernos y corporaciones de elección popular en Colombia, lo que suele imponerse es la satisfacción con el resultado de la transacción de votos por puestos, contratos y privilegios. La defensa de los intereses ciudadanos vuelve a ser lo de menos. No me cansaré de repetirlo, porque fue lo que viví como concejala de la capital del país entre el año 2020 y el año 2023. La mayoría de los concejales tenían una relación transaccional con el Distrito. Esa práctica nociva, que incluye desde luego al Congreso con el Gobierno nacional, no ha cambiado un ápice y forma parte de la 'normalidad' con la que actúa la clase politiquera de este país.
En el debate sobre la reforma laboral, a mí no me representan ni Petro ni el Congreso. Como ciudadana, al menos yo preferiría ajustes concertados al proyecto original que beneficien a los trabajadores y no quiebren a los empresarios que generan el empleo, en vez de un pulso de poder político entre un gobierno de izquierda que no ha cumplido con la expectativa del cambio y un amplio grupo de congresistas que lo que buscan es un beneficio personal en la relación transaccional con cada gobierno de turno.
