Nicolas Petro Burgos fue capturado el 29 de julio del año pasado. Aquel sábado en la mañana, le notificaron que estaba acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, había recibido durante la campaña presidencial del 2022 dinero de un exnarco, Samuel Santander Lopesierra, y de un contratista, Alfonso del Cristo 'el Turco' Hilsaca, con el objetivo de aportarlo a la campaña presidencial de su papá. Según dijo Petro Burgos al entonces fiscal del caso, el mediático y pantallero Mario Burgos, entre los dos le entregaron unos 600 millones de pesos.
Esos dos supuestos financiadores de la campaña, Santander Lopesierra y el Turco Hilsaca, tienen pasados llenos de sombras. Lopesierra fue extraditado en 2003 a Estados Unidos, acusado de introducir cientos de kilos de cocaína a ese país. Fue condenado y 18 años después, en 2021, recuperó su libertad. Hilsaca ha sido acusado de homicidio y concierto para delinquir, pero siempre ha tenido la extraña suerte de ver archivados sus procesos. Podrán hacerse, y se han hecho, preguntas éticas sobre las relaciones del hijo del presidente Petro con personas de dudosa reputación, pero la justicia no tiene jurisdicción ni castigo por las malas amistades.
Unos días después de su captura, Nicolás Petro quedó en libertad, y a casi un año de la mañana en la que se lo llevaron de su apartamento en Barranquilla, la Fiscalía insistirá en acusarlo de dos delitos que no se cometieron: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vamos por partes. El delito de lavado de activos implica, primero, probar el origen ilícito de los recursos, en este caso, de la plata que recibió Nicolás Petro de manos de Santander Lopesierra y el Turco Hilsaca. Eso, que se sepa, no está probado. Lo que sí está probado es que Petro Burgos recibió una plata que cuenta con presunción de legalidad y que, en lugar de inyectarla a la campaña, usó para sus gustos y lujos personales.
Petro Burgos aprovechó su relación con el candidato favorito a la presidencia para montar un esquema que recaudaba aportes para la campaña, a cambio de algún tipo de prebenda, seguramente contractual, una vez el gobierno comenzara. Quedarse con esos aportes, que terminaron en carros de alta gama y otros bienes, es una estafa. Ese delito, en el ordenamiento legal colombiano, se define como “el acto de inducir a error a una persona mediante artificios, engaños o cualquier otra manipulación, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí mismo o para un tercero, causando un perjuicio patrimonial a la víctima”.
Es apenas normal que la gente, y de paso la Fiscalía, se pregunte por el origen de unos recursos que salen de los bolsillos de Santander Lopesierra y el Turco Hilsaca, pero el hecho cierto de que sean personas con antecedentes penales o con dudas sobre sus conductas, no es suficiente para probar el origen ilícito del dinero. Esto, de quererse demostrar más allá de toda duda razonable, tiene que investigarse y comprobarse. Solo así se configuraría el lavado de activos. Que se sepa, en la Fiscalía no existe esa línea de investigación. Mientras tanto, ese dinero que le entregaron a Nicolás Petro sigue teniendo presunción de legalidad. “Este es un país capitalista, y si usted tiene plata, la ley presume que usted la tiene legalmente”, me explicó un reputado penalista consultado para esta columna. El verdadero problema para la Fiscalía llegará el día en que deban argumentar el caso ante un juez.
“La probabilidad de que el juez diga, señores de la Fiscalía, acá no está probado el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, es muy grande”, me dijo una fuente de la misma Fiscalía. Esta semana que pasó, el fiscal Burgos salió del caso de Nicolás Petro y por reparto se lo dieron a Lucy Marcela Laborde Betancourt, fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos. “Como la acusación está presentada así, hay que seguir con esos delitos”, me dijo la fuente, “pero desde el punto de vista penal ahí hubo fue una estafa”, añadió.
Tal vez una de las cosas que ha cambiado con la nueva fiscal, es que en otras administraciones estaban capturando para luego investigar, y ahora están investigando para capturar. La diferencia no es menor.
