Iván Serrano
Niños fantasma y fondos para la educación desaparecidos: una aterradora historia en Soledad, Atlántico, digna de Halloween
Soledad tiene una de las tasas de pobreza multidimensional más altas del Atlántico. El año pasado fue del 81,7 % en la cabecera municipal y del 18,5 % en el área rural.
La educación, como bien es sabido, es una poderosa herramienta para que las personas puedan acceder a mejores oportunidades de empleo y lograr una mejor calidad de vida.
Pero en Soledad, una parte importante de esos sagrados recursos parece estarse evaporando en medio de un cóctel de anomalías.
Así lo evidencia una reciente auditoría hecha por profesionales de la Contraloría del Atlántico a los dineros destinados para la educación en el municipio durante las vigencias de 2022, 2023 y 2024. El equipo que presentó los resultados a la Alcaldía de Soledad estuvo en el terreno revisando documentos, contratos y registros en la Secretaría de Educación, la Oficina Jurídica del municipio y la Oficina de Registros Públicos.
La situación es la siguiente: como, en principio, el municipio no cuenta con los cupos suficientes para cubrir la demanda de cupos escolares, firma convenios con colegios privados. Y es por ahí por donde los recursos para la educación se estarían perdiendo. Entre 2022 y 2024 se firmaron 278 contratos por más de 223.000 millones de pesos; solo en la vigencia de 2024 fueron firmados 99 contratos por 92.000 millones de pesos.
Los auditores detectaron inconsistencias jurídicas y técnicas, entre ellas la contratación con entidades educativas que enfrentan procesos ejecutivos de embargos y contratos de arrendamiento en los que los representantes legales de los colegios aparecen al mismo tiempo como arrendadores y arrendatarios.
Al consultar los libros auxiliares y extractos bancarios, los auditores detectaron manejos irregulares en el uso de los recursos del Sistema General de Participación (SGP). Los hallazgos incluyen el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo por parte de instituciones educativas, sin la debida documentación que respaldara el uso de estos fondos. Se comprobó, en algunos casos, que no existían facturas que soportaran los pagos realizados, así como la emisión de cheques y transferencias hacia cuentas personales de los representantes legales de las instituciones.
El informe también revela que los recursos públicos se destinaron a pagos fuera de la Canasta Básica Educativa, tales como la compra de prendas de vestir, combustibles, inmuebles y vehículos, y reparaciones de aires acondicionados y computadoras. Además, se identificaron pagos por servicios públicos de inmuebles que no pertenecen a las instituciones educativas, sino que están a nombre de representantes legales y sus familiares.
Las inconsistencias halladas ascienden a $100.716.000 en los años 2022 y 2023. El informe detalla que, para la vigencia de 2022, las irregularidades en gastos generales y administrativos sumaron $33.000.000, mientras que para 2023, estas ascendieron a $67.716.000. También se constató que muchas de las instituciones educativas no llevan la contabilidad mediante un sistema de costos que permita identificar claramente el uso de los recursos del SGP, incumpliendo así la normatividad vigente.
Los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Alcaldía de Soledad y de la Secretaría de Educación, entidades llamadas a responder.
Niños fantasma y el aparente desfalco educativo
Una de las prácticas más alarmantes y cuyas denuncias han sido recurrentes en Soledad es la de los "niños fantasma". Estudiantes que aparecen en los registros oficiales y reciben subsidios, pero que en realidad no existen. A través de estos estudiantes ficticios es que los involucrados estarían desviando recursos sin ninguna supervisión efectiva. Padres de familia del municipio aseguran que esta práctica ha sido sistemática y que los números oficiales no reflejan lo que realmente ocurre en las instituciones, donde frecuentemente faltan los elementos básicos para la formación de los niños.
Una reciente investigación del periodista Ludwin Leandro Venera detalla cómo, durante la alcaldía anterior, se reportaron estudiantes inexistentes como beneficiarios de becas para víctimas del conflicto. A su vez, padres de familia del municipio interpusieron una acción de tutela en la que solicitan al presidente Gustavo Petro, al ministro de Educación y a otras autoridades tomar cartas en el asunto. Dicha tutela acaba de ser admitida por el Consejo de Estado.
P. S.: Recientemente les he contado acerca de preocupantes hallazgos hechos por auditores internos de la EPS Capital Salud en Bogotá. Es urgente que los entes de control actúen de manera rápida, porque varios de los presuntos implicados continúan en sus cargos y, aparentemente, el sistema de conciliación de glosas entre la EPS y las IPS tiene grietas que lo hacen susceptible a manipulaciones. La auditoría de las facturas es realizada mediante herramientas básicas como Excel. La falta de controles robustos en este proceso puede hacer aún más complejo el problema.